El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la petición del presidente Donald Trump de someter a juicio político al juez federal James E. Boasberg, quien recientemente bloqueó los vuelos de deportación de inmigrantes.
Roberts fue claro en su respuesta: “Durante más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
Este rechazo representa un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y la administración de Trump, quien ha criticado de manera constante a los jueces que limitan sus esfuerzos para ampliar el poder presidencial.
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El conflicto entre Trump y el poder judicial
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha atacado a jueces que han emitido fallos en su contra. Sin embargo, su solicitud de juicio político contra Boasberg marca un punto crítico en esta lucha de poderes.
Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama, ordenó recientemente la suspensión de vuelos de deportación bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta norma, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de EE.UU., fue invocada por Trump argumentando una supuesta “invasión” de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El mandatario calificó a Boasberg como un “alborotador y agitador” y aseguró que el juez debería ser destituido. Su mensaje, publicado en Truth Social, sugiere que la Casa Blanca no tiene intención de aceptar la decisión del magistrado sin una batalla legal.
Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/Francis Chung/Pool
¿Cuán viable es la destitución de un juez en EE.UU.?
A pesar de la exigencia de Trump, la destitución de un juez federal es un proceso complicado. La Constitución de Estados Unidos establece que la Cámara de Representantes tiene la facultad de iniciar un juicio político contra jueces con una mayoría simple de votos. Sin embargo, la destitución solo puede concretarse con el apoyo de dos tercios del Senado.
Históricamente, solo 15 jueces han sido sometidos a juicio político en EE.UU., y de ellos, solo ocho fueron destituidos. El caso más reciente ocurrió en 2010, cuando el juez G. Thomas Porteous Jr. fue removido por aceptar sobornos y mentir al respecto.
Aunque algunos republicanos en la Cámara Baja han mostrado su respaldo a la iniciativa de Trump, las posibilidades de que Boasberg sea removido son reducidas, especialmente debido a la estrecha mayoría republicana en la Cámara y el control demócrata del Senado.
El impacto de la decisión en la comunidad inmigrante
La comunidad inmigrante en Estados Unidos sigue de cerca este caso, ya que el fallo de Boasberg protege a muchos de ser deportados bajo la ley del siglo XVIII. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que el uso de esta norma sienta un precedente preocupante para los derechos de los inmigrantes.
El equipo legal de la administración Trump argumenta que la orden de Boasberg no fue explícita y que los vuelos de deportación continuaron por un malentendido. Sin embargo, el juez ha citado al gobierno a una audiencia para aclarar lo sucedido.
Analistas legales señalan que este conflicto podría derivar en una crisis constitucional si la Casa Blanca ignora las órdenes judiciales y continúa con las deportaciones.
Fotografía de archivo de la Corte Suprema de los EE. UU. en Washington, DC, EE.UU. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Reacciones y lo que sigue en el caso
El rechazo de Roberts ha sido respaldado por varios expertos en derecho, como Marin Levy, profesor de la Universidad de Duke, quien afirmó que el intento de Trump de destituir a jueces que fallan en su contra “es una amenaza directa a la independencia judicial”.
Mientras tanto, la Casa Blanca parece estar dividida en su postura. La secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que el presidente no ha hablado públicamente sobre la destitución de jueces, aunque sus publicaciones en redes sociales dicen lo contrario.
A medida que el proceso legal avanza, la comunidad migrante y los activistas de derechos humanos permanecen en alerta. Lo que suceda con este caso podría tener implicaciones de largo alcance para la separación de poderes y la política migratoria en Estados Unidos.