En un movimiento que ha generado una gran controversia, la Administración de Donald Trump ha emitido una nueva directiva que busca sancionar a abogados y firmas legales que presenten demandas en su contra, específicamente aquellas que involucran acciones migratorias. El memorando, divulgado el sábado después de haber sido firmado el viernes, ordena al Departamento de Justicia que imponga medidas disciplinarias a aquellos que el gobierno considere que están interponiendo litigios «frívolos, sin fundamento o perniciosos».
El nuevo ataque a abogados y demandas legales
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump es un paso más hacia la expansión del poder ejecutivo y una nueva amenaza contra el sistema judicial de Estados Unidos. El documento establece que, si los abogados interponen demandas que el gobierno considera infundadas, se les podría sancionar severamente. Entre las posibles sanciones se incluyen la retirada de la licencia profesional de los abogados o la pérdida de contratos federales para los bufetes involucrados. Además, las firmas legales podrían perder el acceso a información confidencial del gobierno, lo que complicaría aún más su trabajo al representar a los ciudadanos.
«Demandas frívolas» y la definición de su alcance
El memorando no especifica qué demandas el gobierno considera «frívolas», lo que ha generado preocupación en la comunidad legal, que teme que se establezca un precedente peligroso para la libertad de los abogados para presentar casos en nombre de sus clientes. Aunque la administración de Trump ha señalado que las demandas relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad electoral son las más susceptibles a ser sancionadas, no ha quedado claro el criterio exacto que utilizarán las autoridades para evaluar las demandas.
Te Recomendamos
La situación recuerda a la creciente presión que ha enfrentado el poder judicial en los últimos años. Trump ha criticado públicamente a jueces que se oponen a sus políticas, cuestionando su capacidad para frenar las acciones de su administración. En este contexto, la nueva directiva podría interpretarse como un intento de limitar la capacidad del poder judicial para revisar decisiones presidenciales, desafiando el sistema de contrapesos que protege la separación de poderes en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Casa Blanca, este 20 de marzo de 2025. EFE/Jim Lo Scalzo/Pool
¿Un ataque al sistema judicial y la libertad de expresión legal?
La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó rápidamente, calificando esta directiva como «un paso más hacia desmantelar el Estado de derecho» en el país. Según la ACLU, esta acción de la Casa Blanca busca silenciar a los abogados que defienden los derechos de las personas y desafían la legalidad de las políticas del Gobierno. «La libertad de los abogados para representar a sus clientes y presentar demandas legítimas en tribunales es esencial para el funcionamiento de la democracia», señaló la organización.
El impacto de esta directiva se extiende más allá de las demandas individuales. Si se aplican sanciones a los abogados, podría haber un efecto en cadena que limite la capacidad de muchos bufetes para continuar con litigios contra el Gobierno, particularmente aquellos que se oponen a medidas migratorias, derechos civiles o la protección de grupos vulnerables.
La ofensiva de Trump contra abogados y firmas legales
Trump ha intensificado su ofensiva contra los abogados y firmas que se oponen a sus políticas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Durante los últimos años, muchos abogados han presentado demandas contra medidas que consideran inconstitucionales, como la suspensión del sistema de reasentamiento de refugiados, intentos de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento o la política de deportación sin audiencias judiciales.
Uno de los principales puntos de fricción ha sido la defensa de los derechos de los inmigrantes. Desde el inicio de su mandato, Trump ha promovido políticas migratorias extremadamente estrictas, incluidas las deportaciones masivas y la construcción de un muro en la frontera con México. Las demandas legales presentadas en contra de estas políticas se han convertido en uno de los principales frentes de batalla entre el gobierno de Trump y el sistema judicial.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington, DC (EE.UU.). EFE/EPA/Yuri Gripas / Pool
¿Qué implicaciones tiene esta medida para los abogados?
Las consecuencias de esta directiva no son solo legales, sino también profesionales. Si los abogados y bufetes enfrentan sanciones por interponer demandas contra el gobierno, muchos de ellos podrían verse obligados a reconsiderar sus estrategias y casos. Esto podría generar un clima de miedo en el ámbito legal, donde los abogados podrían optar por no desafiar al gobierno, incluso cuando crean que la acción de este es inconstitucional o injusta.
El gobierno ha mencionado que las sanciones se aplicarían particularmente a aquellos abogados que interponen demandas sobre temas delicados como la seguridad nacional y la integridad electoral. Sin embargo, los detalles sobre qué específicamente constituye un caso «frívolo» siguen siendo vagos, lo que deja abierta la posibilidad de que esta directiva sea utilizada como un instrumento para frenar la litigación en estos temas.
La batalla en los tribunales continúa
El gobierno de Trump enfrenta actualmente más de 130 acciones legales en tribunales de diversas instancias, incluidas demandas que ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estas acciones legales están relacionadas con una serie de políticas, desde medidas migratorias hasta regulaciones medioambientales y derechos laborales. A medida que los tribunales continúan examinando estos casos, el presidente Trump ha intentado desafiar las decisiones judiciales que considera en su contra, utilizando sus órdenes ejecutivas para expandir el poder del ejecutivo y limitar la influencia del poder judicial.
Una de las demandas más significativas es la que impugna la política de Trump de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE. UU. Esta decisión fue detenida por un juez federal que dictaminó que la política violaba la Constitución. La batalla legal sobre estos temas continuará siendo un tema candente en el futuro próximo.