El presidente Donald Trump firmó un decreto este martes que establece medidas para reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía en el proceso de registro de votantes. Esta acción, que ha generado gran controversia, pretende que los ciudadanos deban presentar documentos específicos, como pasaportes o certificados de nacimiento, para validar su ciudadanía al momento de registrarse para votar. Los opositores al decreto argumentan que esta medida podría excluir del derecho al voto a personas de bajos recursos y a la población de la tercera edad, que a menudo no cuentan con acceso fácil a dichos documentos.
El contexto detrás del decreto de Trump
Los legisladores republicanos han buscado durante años exigir pruebas de ciudadanía más estrictas para el registro de votantes, pero la Corte Suprema ha bloqueado estos intentos en el pasado. En particular, un fallo de la Corte obligaba a los estados a aceptar, al menos para las elecciones federales, un formulario de registro de votantes estándar proporcionado por la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés). Este formulario actualmente no requiere documentos que demuestren la ciudadanía.
La reciente orden ejecutiva de Trump instruye a la EAC para que modifique este formulario y agregue el requisito de prueba de ciudadanía. De no implementarse este cambio, el decreto también estipula que los estados podrían perder fondos federales relacionados con las elecciones. La medida ha levantado dudas sobre su viabilidad y la posibilidad de que sea impugnada en los tribunales, pero los efectos de esta orden se irán desvelando conforme avance su implementación.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Will Oliver
Reacciones al decreto: ¿un paso hacia la supresión del voto?
El decreto de Trump también pide a la EAC que retenga fondos electorales de aquellos estados que no implementen este requisito adicional. Esta acción ha sido calificada por algunos expertos como un intento de «suprimir el voto» de ciudadanos que podrían enfrentar dificultades para acceder a los documentos requeridos. La medida también ha suscitado críticas por la falta de mecanismos de seguridad adecuados para evitar la eliminación de votantes legítimos, como ciudadanos naturalizados.
El presidente de la EAC, Donald Palmer, comentó en un comunicado que la comisión revisaría el decreto y trabajaría en los próximos pasos para mejorar la integridad del registro de votantes y las elecciones, tanto a nivel estatal como federal. Sin embargo, la EAC ha dejado claro que cualquier cambio implicará consultas con funcionarios electorales locales y estatales, lo que podría retrasar la implementación efectiva de la nueva normativa.
El impacto en los votantes y la controversia política
Los defensores del derecho al voto han reaccionado fuertemente en contra de la orden. Richard Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), calificó el decreto como una «apropiación de poder ejecutivo» y advirtió que podría privar del derecho al voto a millones de personas, en su mayoría a aquellos que no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía. Hasen señaló que este tipo de políticas apuntan directamente a la supresión de votantes, un tema muy debatido en los Estados Unidos.
Por otro lado, funcionarios estatales demócratas, como la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, también criticaron la medida, acusando a la administración de Trump de usar al gobierno federal como un «arma» para dificultar el acceso de los votantes a las urnas. Griswold afirmó que el decreto es ilegal y socava los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar en las elecciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, este martes en Washington DC (EE.UU.). EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Reacciones positivas desde el ámbito conservador
El decreto ha sido recibido positivamente por grupos conservadores, que consideran que es un paso necesario para asegurar la integridad del sistema electoral. Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, alabó la acción de Trump, argumentando que finalmente se están utilizando los recursos de agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia, para apoyar a los estados en sus esfuerzos de reforma electoral.
La medida también facilita que los estados accedan a bases de datos federales para mantener actualizadas las listas de votantes, lo que podría ayudar a eliminar a personas que no sean elegibles para votar. Esta parte del decreto ha sido vista como una victoria para los republicanos, que argumentan que la eliminación de votantes no autorizados es crucial para evitar el fraude electoral.
El futuro del voto por correo y la lucha contra el fraude electoral
Además de los requisitos de ciudadanía, Trump también ordenó que su administración tome «acciones de cumplimiento» contra los estados que aceptan boletas por correo que lleguen después del día de las elecciones. Aunque algunos estados permiten este tipo de boletas, la administración de Trump ha sido clara en su intención de restringir esta práctica, especialmente en los estados clave para las elecciones de 2024. Los republicanos han cuestionado esta práctica en el pasado, argumentando que podría ser susceptible a fraudes.