La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado que el gobierno federal adoptará una postura más agresiva respecto a la aplicación de la pena de muerte en casos criminales federales. La decisión de revocar la moratoria sobre ejecuciones, que estuvo vigente durante la administración de Joe Biden, se produce en cumplimiento de una directiva emitida por el expresidente Donald Trump. Bondi afirmó que, bajo esta nueva política, los fiscales federales recibirán instrucciones claras para solicitar la pena de muerte «siempre que sea posible», marcando el regreso de una práctica que se había suspendido desde el último mandato de Trump.
La directiva presidencial y el regreso de la pena de muerte
En una entrevista en Fox News Sunday, Pam Bondi explicó que la administración Trump ha dejado en claro que el gobierno federal está comprometido a buscar la pena capital en casos graves. «La directiva del presidente fue muy clara. Estamos obligados a solicitar la pena de muerte cuando sea posible», señaló la fiscal general. Esta decisión marca un cambio significativo en la política que había estado vigente durante el mandato de Joe Biden, quien había detenido las ejecuciones federales en 2021. Bondi destacó que la medida es parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad pública y garantizar que se haga justicia en casos extremadamente violentos.
La orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025, titulada “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, le encomienda a Bondi y al Departamento de Justicia federal la tarea de reactivar las solicitudes de pena capital en delitos que lo justifiquen. La fiscal general insistió en que la suspensión de las ejecuciones durante los últimos años fue un «error» y que ahora es el momento de corregirlo, siguiendo el mandato del expresidente.
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Cámara de la muerte en la Unidad Paredes en Huntsville (Texas), EE.UU., en una imagen de archivo. EFE/Paul Buck
El primer caso: Luigi Mangione y la pena de muerte
El primer caso que ilustra la implementación de esta nueva política es el de Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, un ejecutivo de UnitedHealthcare, en un tiroteo ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan, Nueva York. Mangione, de 26 años, fue arrestado en Altoona, Pensilvania, después de una intensa búsqueda de cinco días. A nivel federal, se enfrenta a cargos por asesinato con uso de arma de fuego, acoso y otros delitos relacionados con armas. Bondi confirmó que su oficina ha revisado el caso y, en línea con la nueva política, ha decidido buscar la pena de muerte.
«Después de una revisión cuidadosa del caso, he ordenado que se solicite la pena de muerte para Mangione. No vamos a titubear frente a delitos de esta magnitud», expresó Bondi. La fiscal general subrayó la gravedad del crimen y enfatizó que este es el tipo de caso que justifica la aplicación de la pena capital. «Este hombre cazó y ejecutó a sangre fría a un padre de familia y líder empresarial. Si este no es un caso para la pena de muerte, entonces no sé cuál lo sería», añadió.
La elección de Mangione como el primer caso bajo esta nueva política ha generado controversia, especialmente en un momento en que el país se encuentra profundamente dividido sobre la cuestión de la pena de muerte. En el ámbito político y social, esta medida ha sido vista por algunos como un paso hacia la justicia y la seguridad, mientras que otros lo consideran una postura excesiva en un contexto de creciente polarización.
Fotografía de archivo de Luigi Mangione, el presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. EFE/Steven Hirsch/Pool
Polarización y reacciones ante la medida de Bondi
El regreso de la pena de muerte bajo la administración Trump ha suscitado un debate ferviente. Mientras Bondi defiende la medida como necesaria para garantizar la seguridad pública, otros han criticado duramente la decisión. La defensora de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, calificó la política como «irresponsable» y «desproporcionada». «Mientras dicen proteger contra el asesinato, el gobierno federal se mueve para cometer un asesinato premeditado y patrocinado por el Estado», declaró Agnifilo, argumentando que el caso de Mangione es solo uno más de una serie de disputas entre fiscales federales y estatales.
Las protestas contra la aplicación de la pena de muerte se han intensificado en las últimas semanas, con un creciente número de jóvenes que se oponen a la decisión. Algunos manifestantes, como aquellos que han sido vistos con carteles que dicen «Free Luigi», consideran que la vida de Mangione no debe ser la moneda de cambio de una agenda política. En este sentido, Bondi se mostró firme y afirmó que no se dejaría influir por las presiones políticas ni sociales. «Siento que estos jóvenes han perdido el rumbo. Este hombre está acusado de un crimen violento, y nuestro deber es responder con toda la fuerza de la ley», dijo la fiscal general.