Jueces federales en Nueva York y Texas emitieron órdenes este 9 de abril para suspender temporalmente las deportaciones de varios ciudadanos venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 invocada por la administración del presidente Donald Trump para expulsar a presuntos miembros de pandillas sin un proceso judicial completo. Las decisiones, dictadas por el juez Alvin Hellerstein en Nueva York y el juez David Alan Ezra en Texas, representan un nuevo desafío legal a las políticas migratorias de la Casa Blanca, que buscan acelerar la remoción de inmigrantes señalados como amenazas a la seguridad pública.
En Nueva York, el juez Hellerstein ordenó que los demandantes, identificados únicamente por sus iniciales, no sean deportados hasta que reciban notificación adecuada y una audiencia para determinar si realmente están vinculados a actividades criminales, como la pandilla Tren de Aragua, citada por el gobierno. La resolución responde a una demanda presentada por dos inmigrantes detenidos en el distrito sur de Nueva York, quienes fueron retirados de vuelos a El Salvador y trasladados de regreso desde Texas tras ser señalados como sospechosos. Hellerstein enfatizó la necesidad de garantizar un proceso justo, declarando que «las personas deben estar protegidas» antes de enfrentar una expulsión.
En Texas, el juez Ezra extendió una orden similar que prohíbe la deportación de tres venezolanos mientras se evalúa su caso, con una audiencia programada para el 11 de abril. Esta medida sigue a una decisión del Tribunal Supremo del 7 de abril, que permitió al gobierno usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones rápidas, pero aclaró que los afectados tienen derecho a un proceso judicial en los distritos donde están detenidos. Las órdenes de Nueva York y Texas reflejan un esfuerzo por cumplir con esta directriz, asegurando que los inmigrantes tengan la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra.
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Ley de Enemigos Extranjeros: Un debate sobre el debido proceso
La controversia en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros comenzó el 14 de marzo, cuando Trump emitió una proclamación que autorizaba la deportación inmediata de presuntos miembros de Tren de Aragua, argumentando que su presencia constituye una amenaza a la seguridad nacional. Desde entonces, cientos de venezolanos han sido detenidos, muchos de ellos enviados a centros de detención en Texas o, en algunos casos, a la base naval de Guantánamo en Cuba, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado que varias de estas detenciones se basan en acusaciones imprecisas, señalando casos de personas sin antecedentes criminales que fueron señaladas erróneamente.
El Departamento de Justicia defendió la aplicación de la ley, argumentando que los poderes de emergencia otorgados al presidente son necesarios para abordar crisis de seguridad. Un portavoz de ICE afirmó que «las operaciones continuarán en todo el país para proteger a las comunidades», pero evitó comentar sobre los casos específicos bloqueados por los jueces. La administración también enfrenta presión logística, ya que ha solicitado apoyo de agencias como el FBI y el Servicio de Alguaciles para aumentar la capacidad de detención, con un objetivo de arrestar entre 1,200 y 1,500 personas al día, según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional.
Ley de Enemigos Extranjeros: Qué sigue en la batalla legal
Las órdenes judiciales de Nueva York y Texas no detienen todas las deportaciones bajo la ley, sino que se limitan a los demandantes en esos distritos. Sin embargo, podrían sentar un precedente para otras demandas en estados como Florida o Luisiana, donde también se han reportado detenciones masivas. Los jueces han fijado plazos cortos para revisar las acusaciones, lo que podría retrasar los planes del gobierno de acelerar las expulsiones antes del verano.
Mientras tanto, las comunidades venezolanas en Estados Unidos permanecen en alerta. En ciudades como Nueva York y Houston, organizaciones comunitarias han organizado talleres para informar a los inmigrantes sobre sus derechos frente a posibles detenciones. La situación sigue evolucionando, con el gobierno preparando nuevos argumentos legales para defender su estrategia. Por ahora, las decisiones de los jueces representan un freno temporal a una de las políticas migratorias más agresivas de la administración Trump, mientras los tribunales continúan examinando los límites de esta ley centenaria.