Este 10 de abril, un giro inesperado en la política migratoria del gobierno de Donald Trump ha puesto a los migrantes deportados en el centro de la atención nacional. La administración ha sugerido que aquellos que trabajen en sectores como la agricultura y la hospitalidad podrían tener la oportunidad de regresar a Estados Unidos con visas legales, una medida que busca equilibrar la dura postura antiinmigración con las necesidades económicas del país. El anuncio, hecho durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, ha generado reacciones mixtas entre empresarios, trabajadores y defensores de los derechos migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que cerca del 40% de los trabajadores agrícolas y el 7.6% de los empleados en hoteles son indocumentados, una fuerza laboral que ha sido blanco de las recientes operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero, se han deportado a más de 37,000 personas, según datos oficiales del DHS. Sin embargo, la propuesta de permitir que estos migrantes regresen con visas temporales responde a la presión de industrias que enfrentan escasez de mano de obra tras las expulsiones masivas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que el plan incluiría ajustes a programas existentes como el H-2A para trabajadores agrícolas y el H-2B para empleos no agrícolas, como los de hoteles. «No se trata de amnistía, sino de pragmatismo. Queremos que quienes contribuyen regresen legalmente», afirmó Noem en un comunicado. Aunque los detalles aún están en desarrollo, la idea es que los deportados puedan salir voluntariamente y solicitar reingreso bajo un estatus legal, evitando así sanciones permanentes.
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Migrantes: el impacto en la agricultura
La agricultura, un pilar económico en estados como California, Texas y Florida, ha sido una de las más afectadas por las deportaciones. La Oficina del Censo reporta que el 70% de los trabajadores agrícolas en California son extranjeros, muchos sin documentos. Desde febrero, ICE ha intensificado las redadas en comunidades rurales, arrestando a cientos de migrantes en un solo mes. Esto ha llevado a pérdidas estimadas en millones de dólares, con cultivos como fresas y cítricos en riesgo de no ser recolectados a tiempo.
El programa H-2A, que permite la entrada de trabajadores temporales, ha crecido un 64% en solicitudes desde 2017, según el Departamento de Agricultura, pero sigue sin cubrir la demanda. La propuesta de Trump podría agilizar este proceso, permitiendo que los migrantes deportados regresen con permisos renovados. En Fresno, por ejemplo, los productores ya planean cómo aprovechar esta oportunidad para recuperar a trabajadores experimentados que conocían sus operaciones antes de ser expulsados.
Migrantes: hoteles en la mira
El sector hotelero no se queda atrás. La Asociación Nacional de Restaurantes calcula que más de 1.1 millones de indocumentados trabajan en hoteles, restaurantes y turismo, especialmente en ciudades como Las Vegas y Miami. Desde el inicio del año, la detención de estos migrantes ha generado temores de un aumento del 20% en los costos operativos, según un informe del DHS. La propuesta de visas podría estabilizar esta industria, que depende de empleados para tareas como limpieza, cocina y atención al cliente.
En Nevada, las autoridades locales han reportado una caída en la disponibilidad de personal desde las redadas de marzo, cuando ICE detuvo a 600 migrantes en una sola semana. La gobernadora de Nevada, Kelly Loeffler, señaló: «Necesitamos soluciones que funcionen para nuestra economía, no solo para las urnas». El plan de Trump, que permitiría a estos trabajadores solicitar el H-2B, está siendo visto como una tabla de salvación por los empresarios hoteleros.
Migrantes: Un futuro incierto
A pesar del optimismo de algunos sectores, la implementación enfrenta desafíos. El DHS ha indicado que los migrantes deberán registrarse a través de la aplicación CBP Home, una herramienta que ya generó críticas por fallos técnicos en su lanzamiento en febrero. Además, la capacidad de ICE para coordinar salidas voluntarias y procesar visas sigue limitada, con solo 41,500 camas de detención disponibles a nivel nacional, según un reporte de la agencia.
En la frontera sur, el despliegue de 1,500 tropas adicionales por el Departamento de Defensa ha reducido los cruces ilegales, pero no ha detenido la necesidad de mano de obra en el interior del país. La administración planea detallar esta política antes del 1 de mayo, justo cuando la temporada agrícola y turística alcanza su pico. Por ahora, los migrantes deportados y sus familias esperan claridad, mientras las industrias se preparan para un posible regreso que podría cambiar el rumbo de la economía estadounidense.