Ante la autorización judicial del registro de indocumentados de Trump, conoce qué es, quiénes tendrán que anotarse y cómo saber si estás en él. La medida estará habilitada desde este 11 de abril y vale también para canadienses.
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A partir del 11 de abril de 2025, Estados Unidos implementará un polémico registro obligatorio para inmigrantes indocumentados, autorizado por un fallo judicial del juez federal Trevor Neil McFadden. La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre su potencial para perseguir a comunidades vulnerables.
A continuación, exploramos en qué consiste este registro, quiénes deben inscribirse, cómo funciona y las implicaciones que podría tener para millones de personas, incluidos ciudadanos canadienses que excedan un mes de estadía en el país.
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El registro es una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que busca recopilar información detallada de personas que residen en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.
Según las autoridades, el objetivo es «saber quién está en nuestro país» para garantizar la seguridad nacional. La medida exige que los inmigrantes indocumentados proporcionen datos personales, como nombres, direcciones, huellas dactilares, fotografías y firmas, a través de un formulario en línea, el G-325R, gestionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Quienes se inscriban recibirán un comprobante de registro que los mayores de 18 años deberán portar en todo momento. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones severas: multas de hasta 5,000 dólares o penas de prisión de hasta seis meses. La administración Trump ha presentado el registro como una herramienta para incentivar la «autodeportación» de indocumentados, aunque también podría facilitar operativos de detención y expulsión.
El registro aplica a un amplio grupo de personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. Según el DHS, incluye:
- Inmigrantes indocumentados mayores de 14 años que no hayan sido registrados previamente al solicitar una visa o cualquier otro trámite migratorio.
- Menores de 14 años, cuyo registro debe ser gestionado por padres o tutores legales dentro de los primeros 30 días de estadía irregular.
- Ciudadanos canadienses que permanezcan en EE.UU. más de 30 días sin autorización formal, como una visa o permiso de entrada. Aunque los canadienses suelen ingresar sin necesidad de visa bajo el Programa de Exención de Visa, esta medida los obliga a registrarse si exceden el plazo estipulado.
Se estima que cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos, según datos del censo de 2022. De estos, el 77% lleva más de cinco años en el país, y casi la mitad proviene de México, seguido por países como Guatemala, El Salvador y Honduras. La inclusión de canadienses ha sorprendido a muchos, dado que no suelen ser el foco de las políticas migratorias estadounidenses.
El proceso comienza con la creación de una cuenta en el portal en línea de USCIS, donde las personas deben completar el formulario G-325R. Este solicita información detallada, como datos de identidad, historial de residencias y contactos. Una vez enviado, el USCIS agenda una cita en uno de sus centros de servicio para tomar huellas dactilares, fotos y firmas. Al finalizar, se emite el comprobante de registro.
No hay un sistema público para verificar si alguien está inscrito, ya que el acceso a la base de datos está restringido a las autoridades federales. Sin embargo, quienes completen el proceso recibirán una notificación oficial con su comprobante.
Las organizaciones de derechos humanos han señalado que esta opacidad genera incertidumbre, ya que muchas personas podrían no saber si están obligadas a registrarse o si han sido incluidas por error.
El juez Trevor Neil McFadden, nominado por Trump en 2017, dio luz verde al registro tras desestimar una demanda presentada por nueve organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Centro Legal de Inmigración y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). Los demandantes argumentaban que la medida viola los derechos civiles y carece de claridad sobre su implementación, pero el fallo permitió que entre en vigor este 11 de abril.
El DHS ha habilitado el formulario en línea desde el 25 de febrero de 2025, pero la obligatoriedad comienza ahora. Las autoridades han enfatizado que el registro es un paso inicial para «regularizar» la presencia de indocumentados, aunque no ofrece un camino hacia la legalización. En cambio, podría ser utilizado para rastrear y priorizar deportaciones, especialmente de aquellos considerados «amenazas» por el gobierno.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Consejo Americano de Inmigración han calificado el registro como una «invitación al abuso». Argumentan que recopilar datos sensibles de comunidades vulnerables podría facilitar redadas masivas y detenciones arbitrarias.
«Apuntarse a estos registros puede ser muy peligroso, pues puede llevar a la deportación o arresto», señaló el Centro Legal de Inmigración. Además, la medida criminaliza la inmigración irregular, que hasta ahora era una infracción administrativa, no penal.
Amnistía Internacional ha advertido que el registro vulnera el principio de no devolución, que prohíbe exponer a personas a riesgos en sus países de origen. La falta de transparencia sobre cómo se usará la información recolectada genera temores de que se emplee para perfilar racialmente o perseguir a activistas y minorías. En el caso de los canadienses, la medida ha tensado las relaciones con Canadá, donde ciudadanos han cancelado viajes a EE.UU. por temor a ser señalados.
El registro se suma a otras políticas migratorias de Trump, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados y la reinstauración de los Protocolos de Protección al Migrante («Quédate en México»). Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los primeros 50 días de 2025 se detuvieron a 33,000 inmigrantes, un ritmo que supera al último año del gobierno de Biden.
En respuesta, organizaciones civiles en estados como California han iniciado campañas para educar a los inmigrantes sobre sus derechos. «No den información de su estatus migratorio ni digan de dónde son», aconseja CHIRLA, que promueve el silencio ante agentes de ICE.
Asimismo, se están preparando demandas adicionales para impugnar la legalidad del registro, aunque el precedente de la Corte Suprema de 2022 limita la capacidad de los tribunales para frenar estas políticas.
REGISTRO DE INDOCUMENTADOS: ENCRUCIJADA Y RESISTENCIA
Para millones de indocumentados, el registro representa una encrucijada: inscribirse y arriesgarse a ser blanco de deportación, o no hacerlo y enfrentar sanciones legales. La medida también afecta a comunidades establecidas, donde el 80% de los indocumentados lleva más de una década en EE.UU., contribuyendo con 8.5 mil millones de dólares en impuestos en 2022, según el Centro de Presupuesto y Política de California.
Mientras el gobierno de Trump avanza con su agenda migratoria, la resistencia de activistas y comunidades afectadas promete intensificarse. El registro, lejos de ser una mera formalidad, podría redefinir la vida de millones, marcando un capítulo controvertido en la historia migratoria de Estados Unidos.