¿Es el migrante Kilmar García un delincuente, como dicen Bukele y Trump, o víctima del Gobierno que expone fallas administrativas?. Además, Trump plantea deportar a estadounidenses condenados por delitos violentos.
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El caso de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño de 29 años deportado de Estados Unidos a El Salvador, ha encendido un debate internacional sobre las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y las acusaciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad, Kilmar enfrenta un futuro incierto mientras las autoridades de ambos países lo señalan como un delincuente. Sin embargo, la falta de pruebas públicas y un reconocido error administrativo del gobierno estadounidense plantean una pregunta crucial: ¿es Kilmar García un criminal, como sugieren Bukele y Trump, o una víctima de un sistema migratorio que expone profundas fallas?
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Kilmar llegó a Estados Unidos a los 16 años, escapando de la violencia pandillera en El Salvador. Su familia, dedicada a un negocio de pupusas, sufría extorsiones y amenazas de muerte por parte de la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales de 2019.
En Maryland, Kilmar se estableció con su hermano César, ahora ciudadano estadounidense, y forjó una vida estable. Se casó con Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, y tuvo tres hijos, uno de ellos con autismo. Como aprendiz de chapista y miembro del sindicato SMART, Kilmar mantenía un historial limpio, salvo por infracciones menores de tránsito que él mismo disputó.
En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación, reconociendo el peligro que enfrentaría en El Salvador. Con un permiso de trabajo vigente, su vida parecía encaminada.
Pero el 12 de marzo de 2025, todo cambió. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en el estacionamiento de una tienda IKEA, frente a su hijo menor. Tres días después, fue deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma reactivada para expulsiones masivas. Las autoridades estadounidenses, basándose en un informante confidencial, lo acusaron de vínculos con la MS-13, sin presentar pruebas públicas.
En El Salvador, Kilmar fue enviado directamente al CECOT, una prisión diseñada para pandilleros y terroristas, que alberga a más de 40,000 detenidos bajo el régimen de excepción de Bukele. Este régimen, vigente desde 2022, ha llevado a la captura de más de 83,600 personas, muchas sin evidencia clara de actividad criminal. Bukele ha defendido públicamente la detención de Kilmar, afirmando que es un “peligroso pandillero”. Sin embargo, las acusaciones contra él carecen de sustento público, y su familia insiste en que es un error.
Jennifer Vásquez Sura identificó a Kilmar en imágenes del gobierno salvadoreño, mostrando a detenidos ingresando al CECOT. Desde entonces, no ha tenido contacto con él. “Me dijo que fuera fuerte por nuestros hijos”, relató Jennifer, recordando sus últimas palabras antes de ser deportado.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado las condiciones inhumanas en el CECOT, donde los presos enfrentan hacinamiento, falta de atención médica y riesgos de tortura.
A inicios de este mes, la jueza Paula Xinis, de la Corte de Distrito de Maryland, declaró la deportación de Kilmar como ilegal, ordenando su repatriación antes del 7 de abril. El gobierno estadounidense admitió un “error administrativo”, pero la Casa Blanca, liderada por asesores como Stephen Miller, se ha opuesto. Miller argumentó que las protecciones migratorias no aplican a “miembros de grupos criminales”, aunque no se han divulgado pruebas contra Kilmar. La Corte Suprema suspendió la orden de repatriación, dejando su caso en el limbo.
En una audiencia reciente, el abogado del gobierno no pudo aclarar las circunstancias de la detención ni confirmar el paradero de Kilmar.
La narrativa oficial, respaldada por Trump y Bukele, insiste en criminalizarlo, a pesar de que los documentos de 2019 desmienten cualquier afiliación con pandillas. Este caso no solo expone fallas en el debido proceso, sino también el uso de acusaciones vagas para justificar deportaciones rápidas.
Paralelamente, Trump ha intensificado su retórica migratoria, proponiendo deportar a países centroamericanos, como El Salvador, a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos. Esta medida ha generado críticas por su inviabilidad legal y su potencial para exacerbar tensiones diplomáticas.
“Si El Salvador puede encerrar a sus criminales, nosotros también podemos enviarles los nuestros”, afirmó Trump, señalando al CECOT como modelo. Analistas advierten que esta política podría complicar aún más casos como el de Kilmar, atrapado entre dos gobiernos con agendas convergentes.
Kilmar García: un símbolo de injusticia
El caso de Kilmar ha movilizado a la comunidad salvadoreña en Maryland. Jennifer, apoyada por organizaciones como CASA, exige su regreso. “Mi hijo pregunta por su papá todos los días”, dijo en una vigilia reciente. Políticos locales han cuestionado la Ley de Enemigos Extranjeros, señalando su aplicación arbitraria. Mientras Kilmar permanece en el CECOT, su historia refleja los peligros de un sistema migratorio que prioriza la expulsión sobre la justicia.
¿Es Kilmar García un delincuente, como lo pintan Bukele y Trump, o una víctima de un error que desnuda las fallas de ambos gobiernos? Sin pruebas concretas, su encarcelamiento plantea serias dudas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, dejando a una familia rota y a una comunidad en busca de respuestas.