Ante la posible acusación de desacato al Gobierno por los vuelos de deportación, ¿qué ocurre si estos no cumplen con las órdenes judiciales?. Decisión de magistrado James E. Boasberg enfrenta las ramas judicial y ejecutiva de EE.UU. sobre los poderes de Trump. Gobierno tiene hasta el 23 de abril para dar explicaciones.
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Un juez federal, James E. Boasberg, ha puesto al Gobierno de Donald Trump contra las cuerdas al encontrar “causa probable” para acusarlo de desacato penal por violar órdenes judiciales que prohibían vuelos de deportación a El Salvador.
Este fallo marca un punto crítico en la tensión entre las ramas judicial y ejecutiva de Estados Unidos, evidenciando un choque de poderes que pone a prueba los límites de la autoridad presidencial y el estado de derecho. Con un plazo hasta el 23 de abril para que el Gobierno explique sus acciones, surge una pregunta clave: ¿qué ocurre si la Administración no cumple con las órdenes judiciales? Esta nota examina las implicaciones legales, políticas y prácticas de este conflicto, para evitar una crisis constitucional.
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El Gobierno de Trump ordenó la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa diseñada para tiempos de guerra.
Según la Administración, los deportados eran miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización terrorista. Sin embargo, el juez Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, emitió una orden que prohibía estas expulsiones y exigía el regreso inmediato de los aviones, argumentando que los migrantes no tuvieron oportunidad de impugnar su deportación, violando sus derechos legales.
Los aviones no regresaron. En un fallo de 46 páginas, Boasberg acusó al Ejecutivo de actuar con “desprecio deliberado” y “fanfarronadas” que sugerían un desafío intencional a la autoridad judicial.
El magistrado señaló específicamente un retuit del secretario de Estado, Marco Rubio, compartiendo una burla del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre la orden judicial. Este incidente no solo desató una batalla legal sin precedentes, sino que también provocó críticas internacionales, con organizaciones como Human Rights Watch acusando a EE.UU. y El Salvador de someter a los migrantes a una “desaparición forzada”.
El desacato penal, como el que Boasberg considera, ocurre cuando una parte ignora intencionalmente una orden judicial. En este caso, el juez argumenta que la Constitución “no tolera la desobediencia voluntaria de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado defenderla”. Si el Gobierno no rectifica su incumplimiento, Boasberg podría iniciar audiencias formales o remitir el caso para enjuiciamiento. Si el Departamento de Justicia, liderado por aliados de Trump, se niega a procesar, el juez ha advertido que nombrará a un abogado independiente para hacerlo.
El desacato penal es raro contra funcionarios del Ejecutivo federal, según Steve Vladeck, analista legal de CNN.
“Condenar a funcionarios por desacato penal es prácticamente inaudito”, afirmó, destacando que Boasberg actúa con cautela para evitar una escalada con el Circuito de Apelaciones o la Corte Suprema. Sin embargo, el precedente es claro: desobedecer una orden judicial, incluso si es anulada posteriormente, puede acarrear sanciones, incluyendo multas o, en casos extremos, prisión para los responsables.
Si el Gobierno de Trump persiste en su negativa a cumplir, las consecuencias serían profundas:
- Crisis constitucional: Ignorar órdenes judiciales socava el sistema de separación de poderes, un pilar de la democracia estadounidense. Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, advirtió que “los riesgos son muy altos” cuando un gobierno desafía al poder judicial, amenazando la integridad del estado de derecho.
- Sanciones legales: Boasberg ha propuesto que el Gobierno “purge” su desacato devolviendo a los deportados a custodia estadounidense para que puedan impugnar su expulsión. Si no lo hace, podría enfrentar multas, restricciones operativas o enjuiciamiento de funcionarios específicos, aunque no se ha identificado a los responsables directos.
- Tensión política: Trump y sus aliados han intensificado el conflicto, calificando a Boasberg de “lunático de la izquierda radical” y pidiendo su destitución. Estas declaraciones provocaron una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien defendió la independencia judicial y aclaró que la destitución no es una respuesta válida a desacuerdos judiciales.
- Impacto internacional: Las deportaciones a la cárcel de Bukele, conocida por denuncias de maltrato, han generado críticas globales. Continuar con estas acciones podría dañar la reputación de EE.UU. en materia de derechos humanos.
Para resolver este conflicto y prevenir futuros desacatos, se proponen las siguientes medidas:
- Transparencia operativa: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que registre los detalles de los vuelos de deportación (rutas, horarios, pasajeros) y sea accesible a los tribunales. Esto garantizaría el cumplimiento de órdenes judiciales.
- Capacitación legal: Los funcionarios del DHS y del Departamento de Justicia deben recibir formación obligatoria sobre el alcance de las órdenes judiciales y las consecuencias del desacato, reduciendo errores por desconocimiento.
- Diálogo interinstitucional: Crear mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo, el Judicial y organizaciones de derechos humanos para alinear las políticas migratorias con el marco legal, evitando enfrentamientos como el actual.
- Supervisión independiente: Establecer un organismo bipartidista que audite las operaciones migratorias y reporte directamente a los tribunales, asegurando accountability.
DESACATO: FECHA LÍMITE
El Gobierno tiene hasta el 23 de abril para justificar sus acciones o rectificar el desacato. La respuesta de la Administración determinará si este conflicto se resuelve mediante la cooperación o escala hacia una confrontación sin precedentes entre poderes. Mientras tanto, el fallo de Boasberg sirve como un recordatorio: en una democracia, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Ejecutivo.