La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el 17 de abril que evaluará la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda desde 1868. Según un comunicado del tribunal, los argumentos orales están programados para el 15 de mayo, con una decisión esperada antes del receso de verano a finales de junio.
La medida, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o con visas temporales, afectando potencialmente a 150,000 bebés al año, según el Instituto de Política Migratoria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y 22 estados han presentado demandas, argumentando que la orden es inconstitucional. Este caso, que desafía más de un siglo de precedente legal, ha generado un intenso debate sobre la inmigración y los derechos fundamentales. A continuación, se detallan los antecedentes, el contexto legal y las posibles implicaciones.
Ciudadanía por nacimiento: Un derecho bajo escrutinio
La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”. Este principio, ratificado tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a personas afroamericanas liberadas, fue reforzado en 1898 por el fallo Estados Unidos vs. Wong Kim Ark.
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La Corte Suprema determinó entonces que un hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco era ciudadano, independientemente del estatus de sus padres. El Departamento de Justicia, en un informe de 1995, calificó cualquier intento de restringir este derecho como “indudablemente inconstitucional”. Sin embargo, la orden de Trump, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, argumenta que la enmienda no cubre a hijos de indocumentados o residentes temporales, una interpretación que la ACLU describe como “rotundamente errónea”.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, calificó la orden de “extrema” en una demanda presentada el 21 de enero, afirmando que solo una enmienda constitucional podría alterar este derecho. La Oficina del Censoestima que en 2023 había 22.9 millones de inmigrantes no naturalizados en EE.UU., de los cuales más de la mitad son de América Latina, lo que subraya el impacto potencial de la medida. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó preocupación por las implicaciones para las comunidades mexicanas, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, prometió en X proteger los derechos de los nacidos en su estado.
Contexto legal y oposición
La orden de Trump, que entraría en vigor para nacimientos posteriores al 19 de febrero de 2025, ha sido bloqueada temporalmente por jueces federales en Maryland, Massachusetts, y Washington. El juez John Coughenour de Seattle emitió una restricción nacional el 23 de enero, argumentando que la medida viola la 14ª Enmienda y el precedente de Wong Kim Ark. El Departamento de Justicia, en una apelación de emergencia el 13 de marzo, pidió a la Corte Suprema limitar estas órdenes judiciales, alegando que los jueces no tienen autoridad para imponer bloqueos nacionales. La fiscal general interina Sarah Harris escribió que “el Poder Ejecutivo no puede funcionar si un solo juez puede prohibir una medida presidencial en todo el país”.
La oposición incluye a 22 estados, el Distrito de Columbia, y ciudades como San Francisco, que han presentado demandas coordinadas. La ACLU, junto con organizaciones como Make the Road New York, argumenta que la medida crearía una “segunda clase de residentes” sin derechos como votar o acceder a educación pública.
El Instituto Cato advirtió que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría aumentar la pobreza infantil y limitar el acceso a servicios de salud, afectando a 5.5 millones de menores con al menos un padre indocumentado, según datos de 2019. La Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6-3 (tres jueces nombrados por Trump), enfrenta presión para mantener el precedente o arriesgarse a una decisión que, según la profesora Amanda Frost de la Universidad de Virginia, generaría “caos” al incentivar migraciones internas hacia estados que reconozcan la ciudadanía.
Implicaciones y reacciones
El caso ha avivado el debate sobre la inmigración y la identidad nacional. El Public Rights Project, representando a 71 jurisdicciones en 24 estados, presentó un escrito legal el 4 de febrero, argumentando que la orden de Trump niega derechos como el voto y la atención médica, sobrecargando a gobiernos locales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en X que la medida “desafía los valores de igualdad” de EE.UU.
Por su parte, el asesor de Trump, Stephen Miller, defendió la orden en un mensaje en X, afirmando que corrige una “interpretación errónea” que fomenta el “turismo de natalidad”. La Heritage Foundation, un grupo conservador, respaldó esta postura, pero la mayoría de los expertos legales, incluido el National Immigration Forum, sostienen que la 14ª Enmienda es clara y solo puede modificarse con una enmienda constitucional, requiriendo el apoyo de dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de los estados.
Mientras la Corte Suprema se prepara para este caso histórico, las comunidades inmigrantes enfrentan incertidumbre. La Secretaría de Salud y Servicios Humanos advirtió que la medida podría reducir el acceso a programas de bienestar infantil, afectando el desarrollo de niños en comunidades vulnerables. Con el fallo pendiente, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continúa polarizando a EE.UU., desafiando un pilar constitucional de más de 150 años.
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el 17 de abril de 2025 que evaluará la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda desde 1868. Según un comunicado del tribunal, los argumentos orales están programados para el 15 de mayo, con una decisión esperada antes del receso de verano a finales de junio.
La medida, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o con visas temporales, afectando potencialmente a 150,000 bebés al año, según el Instituto de Política Migratoria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y 22 estados han presentado demandas, argumentando que la orden es inconstitucional. Este caso, que desafía más de un siglo de precedente legal, ha generado un intenso debate sobre la inmigración y los derechos fundamentales. A continuación, se detallan los antecedentes, el contexto legal y las posibles implicaciones.