La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito emitió un fallo contundente el 17 de abril, calificando de “alarmante” la resistencia de la administración Trump a cumplir con una orden judicial para facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland deportado erróneamente a El Salvador el 15 de marzo.
Según el juez J. Harvie Wilkinson III, la actitud del gobierno representa un desafío al debido proceso, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso para los derechos de los ciudadanos. La Corte Suprema había ordenado previamente que se trabajara en el retorno de Ábrego García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), una prisión de máxima seguridad, pese a contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación. Este caso ha intensificado el debate sobre las políticas migratorias de la administración. A continuación, se detalla el fallo, las acusaciones y las implicaciones de esta controversia.
Deportación de Ábrego García: Un error administrativo
Kilmar Ábrego García, de 29 años, vivía legalmente en Maryland con su esposa Jennifer Vasquez Sura y sus hijos, protegido por una orden de retención de deportación emitida en 2019 debido al riesgo de persecución en El Salvador. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo deportó en marzo, alegando un “error administrativo”.
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Según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Ábrego García fue identificado erróneamente como miembro de la MS-13, una acusación que su familia y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) rechazan, citando la ausencia de antecedentes penales. La Corte Suprema ordenó al gobierno “facilitar” su retorno, pero la administración ha argumentado que no puede intervenir en la prisión salvadoreña, una postura que el Cuarto Circuito calificó de “inaceptable”.
El senador Chris Van Hollen, quien viajó a El Salvador el 16 de abril, fue impedido de visitar a Ábrego García en el CECOT, según un comunicado de su oficina. Van Hollen se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa, quien afirmó que el gobierno salvadoreño no liberará al deportado, citando un acuerdo de 6 millones de dólares con EE.UU. para aceptar deportaciones, según el Departamento de Estado. La ACLU ha solicitado que funcionarios de la administración, incluyendo al secretario de Seguridad Nacional, sean interrogados por posible desacato judicial.
Resistencia de Trump en el caso de Ábrego García
El fallo del Cuarto Circuito, redactado por el juez Wilkinson, un conservador nombrado por Ronald Reagan, criticó duramente la posición de la administración Trump. “Si hoy el Ejecutivo reclama el derecho a deportar sin debido proceso, ¿qué garantiza que mañana no deportará a ciudadanos estadounidenses?”, escribió.
La corte rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de suspender las órdenes de la jueza Paula Xinis, quien exigió que el gobierno detalle sus esfuerzos para traer de vuelta a Ábrego García. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó preocupación por el caso, señalando el impacto en las comunidades centroamericanas en EE.UU.
La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, defendió la deportación, alegando que Ábrego García representa una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery confirmó que no existen registros criminales contra él. El DHS también difundió documentos de una orden de protección civil de 2021 contra Ábrego García, pero su esposa aclaró que fue un malentendido resuelto y que él es un “padre y esposo amoroso”, según un comunicado de la ACLU.
Implicaciones del caso de Ábrego García
La resistencia de la administración Trump ha generado tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La jueza James Boasberg encontró recientemente causa probable para considerar a funcionarios en desacato por ignorar órdenes de suspender deportaciones de personas clasificadas como “enemigos extranjeros”.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó el caso como “una afrenta a los valores estadounidenses” en un mensaje en X, exigiendo la repatriación inmediata de Ábrego García. La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha instado a una resolución rápida, citando preocupaciones sobre derechos humanos en el CECOT, conocido por condiciones de hacinamiento y denuncias de abusos, según Human Rights Watch.
Mientras el caso avanza, la familia de Ábrego García, apoyada por organizaciones como CASA, continúa presionando por su retorno. La Corte de Apelaciones enfatizó que el gobierno debe corregir su error, advirtiendo que la negativa a hacerlo podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial. Este enfrentamiento subraya los desafíos de las políticas migratorias de la administración y plantea preguntas sobre el equilibrio de poderes en EE.UU.