La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en la madrugada del sábado para detener temporalmente la deportación de inmigrantes que podrían ser expulsados bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que la administración Trump ha intentado aplicar a migrantes detenidos en Texas.
Esta medida de emergencia por parte del máximo tribunal marca un nuevo capítulo en una disputa legal de rápido desarrollo, que ha levantado preocupaciones sobre el debido proceso, el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria y la legalidad de las expulsiones sumarias.
Deportación de inmigrantes pausada por orden de la Corte Suprema
En una decisión breve pero contundente, la Corte Suprema ordenó al Gobierno que se abstenga de expulsar a cualquier integrante del grupo de migrantes afectados “hasta nueva orden de este tribunal”. La acción fue tomada después de que los abogados de un grupo de venezolanos presentaran una apelación urgente el viernes, alegando que enfrentaban riesgo inmediato de ser deportados sin haber sido notificados con antelación suficiente para impugnar la medida.
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Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su disidencia, dejando claro que el tema divide a los magistrados. No obstante, la orden fue emitida sin una explicación detallada por parte del tribunal, lo que refleja la naturaleza emergente del conflicto.
Esta decisión no solo detiene por ahora la deportación de inmigrantes en este caso particular, sino que también podría sentar un precedente respecto al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legal rara vez invocada, cuyo uso había sido relegado a contextos de guerra o amenazas a la seguridad nacional.
Vista de personas detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la frontera del país con México cerca de San Diego, California, en una fotografía de archivo. EFE/ Etienne Laurent
Debate legal en torno a la deportación de inmigrantes
La disputa legal gira en torno al uso de una legislación que data de 1798, originalmente concebida para autorizar la detención y expulsión de ciudadanos extranjeros considerados enemigos durante conflictos armados. Según los abogados de la ACLU y Democracy Forward, aplicar esta ley a migrantes actuales es un acto inconstitucional que elude las garantías procesales básicas.
Durante una audiencia de emergencia el viernes por la noche, el juez federal de distrito James Boasberg expresó su preocupación por el accionar del Gobierno, aunque admitió no tener jurisdicción para frenar las deportaciones en curso.
“Comprendo todo lo que se plantea, pero no creo tener la facultad de intervenir”, declaró Boasberg, quien fue designado por el expresidente Barack Obama y ha estado al frente de varios casos migratorios controversiales. Pese a sus reservas, Boasberg reconoció que el caso estaba bajo revisión tanto del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito como de la Corte Suprema.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional notificó que se reservaba el derecho de ejecutar las deportaciones este sábado, aunque no se había programado ningún vuelo oficial al cierre del viernes.
La deportación de inmigrantes como instrumento político
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para expulsar migrantes ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Activistas por los derechos humanos, defensores del debido proceso y legisladores demócratas han advertido que se está utilizando una legislación arcaica para justificar medidas que carecen de transparencia y revisión judicial.
Un abogado de la ACLU presentó en la audiencia del viernes nueva evidencia que indica que los detenidos recibieron avisos de deportación menos de 24 horas antes del operativo, sin una vía clara para impugnar esas órdenes. Incluso se presentó al tribunal una fotografía de una de estas notificaciones como prueba.
“Ciertamente, creo que la notificación es muy preocupante”, dijo el juez Boasberg, aunque reiteró que no tenía la autoridad suficiente para otorgar una suspensión inmediata.
El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, argumentó que la orden previa de la Corte Suprema no exigía que el Gobierno ofreciera un proceso específico para apelar las deportaciones, sino únicamente que notificara a los afectados. Sin embargo, los representantes de los migrantes insistieron en que la falta de un mecanismo claro para defenderse convierte el proceso en una expulsión arbitraria.
Vista de un avión de Estados Unidos que transportó a personas deportadas, en una fotografía de archivo. EFE/Mariano Macz
Procedimientos judiciales y acusaciones de desacato
El juez Boasberg también abrió un procedimiento por desacato contra la administración Trump por supuestamente ignorar una orden previa que buscaba detener los primeros vuelos de deportación el mes pasado. Esa orden fue posteriormente anulada por la Corte Suprema, pero el procedimiento de desacato sigue pendiente.
La situación se complica aún más con la intervención del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que emitió una suspensión administrativa para evaluar si los procedimientos judiciales contra la administración deben seguir adelante. Esto ha detenido, por ahora, cualquier sanción directa al Ejecutivo.
La batalla legal no es menor. Permitir que el Gobierno continúe la deportación de inmigrantes bajo una norma legal centenaria podría abrir la puerta a futuras expulsiones masivas con mínimos controles legales, especialmente si se establece como precedente eludir los canales tradicionales de inmigración.
La deportación de inmigrantes y su impacto en las relaciones internacionales
Más allá del ámbito legal, este conflicto tiene implicaciones diplomáticas. El presidente Trump se reunió esta semana en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Uno de los temas discutidos fue el caso de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que había sido deportado erróneamente desde Estados Unidos y cuya situación ha generado una crisis política binacional.
Bukele ha sido criticado por su manejo de los derechos humanos en El Salvador, particularmente por el uso de cárceles de máxima seguridad como el penal de Cecot, donde actualmente se encuentra Ábrego García. Activistas han denunciado que las condiciones en estas instalaciones violan normas básicas del derecho internacional.
El senador Chris Van Hollen, tras visitar a Ábrego García en prisión, denunció su detención como un secuestro ilegal. Desde entonces, el caso ha sido presentado por los demócratas como un ejemplo de los excesos cometidos en nombre de la seguridad nacional.
La administración Trump, sin embargo, se mantiene firme. Ha publicado documentos con detalles sobre interacciones anteriores de Ábrego García con la justicia, como un arresto en 2019 sin cargos formales y una orden de protección solicitada por su esposa en 2021. Aunque ninguno de estos incidentes llevó a una condena, se han utilizado como base para justificar su expulsión.