El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, acusó el 20 de abril de 2025 al presidente Donald Trump de llevar a Estados Unidos a una crisis constitucional al ignorar órdenes judiciales relacionadas con la deportación de Kilmar Abrego Garcia, un residente de Maryland enviado erróneamente a una prisión en El Salvador.
En una serie de entrevistas en programas dominicales, Van Hollen denunció que la administración Trump está desafiando una decisión unánime del Tribunal Supremo, que ordenó facilitar el retorno de Abrego Garcia a EE. UU. tras su deportación sin debido proceso. El caso ha intensificado las tensiones entre la Casa Blanca y el poder judicial, generando un debate sobre los límites del poder ejecutivo.
Van Hollen, quien viajó a El Salvador la semana pasada para reunirse con Abrego Garcia, destacó que el gobierno de Trump no ha presentado pruebas que vinculen al deportado con la pandilla MS-13, como afirma la Casa Blanca. Según el senador, el manejo del caso en redes sociales, en lugar de los tribunales, evidencia un desprecio por el estado de derecho. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, insiste en que Abrego Garcia está bajo custodia salvadoreña y que no hay obligación legal de repatriarlo, a pesar de los fallos judiciales.
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Crisis constitucional: Desafío al Tribunal Supremo
La crisis constitucional señalada por Van Hollen se centra en la negativa de la administración Trump a cumplir con la orden del Tribunal Supremo emitida en abril de 2025. El fallo, respaldado por los nueve jueces, exigió que el gobierno facilitara el regreso de Abrego Garcia, quien fue deportado sin una audiencia adecuada. La jueza federal Paula Xinis, en una decisión previa, criticó al Departamento de Justicia por no presentar evidencia de la supuesta afiliación de Abrego Garcia a pandillas, calificando la deportación como una violación de los derechos constitucionales.
En una declaración a la Oficina de Prensa del Senado, Van Hollen afirmó: “Si permitimos que se nieguen los derechos constitucionales de una persona, ponemos en riesgo los derechos de todos los estadounidenses”. El senador también criticó los comentarios de Trump en Truth Social, donde llamó a los jueces “débiles e ineficaces” y acusó a los demócratas de defender a “criminales y pandilleros”. Estas declaraciones, según Van Hollen, buscan desviar la atención del incumplimiento de órdenes judiciales y politizar un caso que debería resolverse en los tribunales.
Impacto de la crisis constitucional en Maryland
El caso de Abrego Garcia ha resonado especialmente en Maryland, donde reside su familia. Van Hollen, tras reunirse con el deportado en una prisión salvadoreña, relató que Abrego Garcia fue trasladado del centro de máxima seguridad CECOT a otra instalación tras nueve días de detención. Según el senador, Abrego Garcia expresó estar “traumatizado” y deseoso de reunirse con su esposa, Jennifer Vasquez Sura, y sus tres hijos. La Oficina del Senador Van Hollen ha puesto a disposición recursos para los residentes de Maryland afectados por las políticas migratorias de Trump, incluyendo asesoría legal.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la postura del gobierno, afirmando que “el presidente está comprometido con proteger a los estadounidenses deportando a criminales peligrosos”. Sin embargo, las acusaciones de Van Hollen han encontrado eco entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que el caso de Abrego Garcia refleja un patrón de deportaciones arbitrarias. En Maryland, organizaciones comunitarias han organizado vigilias para exigir el retorno de Abrego Garcia, mientras el gobierno salvadoreño, liderado por Nayib Bukele, ha indicado que no lo liberará sin un acuerdo bilateral claro.
Perspectivas de la crisis constitucional en 2025
La crisis constitucional desatada por el caso Abrego Garcia se enmarca en un contexto de tensiones más amplias entre la administración Trump y las instituciones democráticas. Desde su toma de posesión en enero de 2025, Trump ha impulsado políticas migratorias agresivas, incluyendo operativos masivos de ICE que han resultado en más de 8,000 detenciones en los primeros tres meses del año, según el Departamento de Seguridad Nacional. Estas acciones han enfrentado múltiples demandas legales, con fallos judiciales que cuestionan la legalidad de las deportaciones sin debido proceso.
El “zar de la frontera”, Tom Homan, calificó la visita de Van Hollen a El Salvador como “repugnante” y acusó al senador de priorizar a un supuesto pandillero sobre las víctimas de crímenes cometidos por migrantes. Sin embargo, Van Hollen insistió en que su lucha no es por un individuo, sino por el respeto al estado de derecho. “Si el presidente puede ignorar al Tribunal Supremo en este caso, ¿qué impide que lo haga en otros?”, cuestionó en una entrevista con la Oficina de Prensa del Senado.
El caso también ha generado divisiones entre los demócratas. Mientras algunos, como el representante Jamie Raskin, han elogiado la postura de Van Hollen, otros, como el gobernador de California, Gavin Newsom, han calificado el enfoque en este caso como una “distracción” frente a problemas económicos más urgentes. Van Hollen respondió que defender los derechos constitucionales nunca es un error, y que quienes no lo hagan no merecen liderar.
A medida que el caso de Abrego Garcia avanza en los tribunales, la presión sobre la administración Trump crece. La próxima audiencia, programada para mayo de 2025, podría obligar a funcionarios federales a testificar sobre la deportación, según un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Mientras tanto, las comunidades inmigrantes en Maryland y más allá permanecen atentas, temiendo que el precedente establecido en este caso pueda afectar a otros en situación similar.