El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, emitió el 20 de abril de 2025 una crítica contundente contra la decisión de sus colegas de emitir una orden temporal que bloqueó las deportaciones de un grupo de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En un disenso al que se unió el juez Clarence Thomas, Alito calificó la acción de la Corte como “sin precedentes y legalmente cuestionable”, argumentando que se tomó en medio de la noche sin dar oportunidad a las cortes inferiores de pronunciarse, sin escuchar a la parte contraria y sin una explicación adecuada. La orden, emitida en la madrugada del sábado, detuvo las acciones del gobierno de Donald Trump para expulsar a migrantes detenidos en Texas, generando un nuevo capítulo en la controversia sobre el uso de esta ley de tiempos de guerra.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada hace más de dos siglos, otorga al presidente amplios poderes para deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles en tiempos de guerra o amenaza de invasión. La administración Trump la invocó en marzo de 2025 para acelerar la expulsión de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, enviando a cientos de migrantes a prisiones en El Salvador. Sin embargo, la orden de la Corte Suprema, solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), busca garantizar que los detenidos tengan tiempo para presentar recursos legales, como peticiones de hábeas corpus, antes de ser deportados.
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Ley de Enemigos Extranjeros: Un fallo controversial
La crítica de Alito se centra en el procedimiento de la Corte Suprema. En su disenso, señaló que la orden se emitió “literalmente en medio de la noche” y carecía de “apoyo fáctico sólido”. Según Alito, la ACLU no proporcionó evidencia concreta de que los migrantes enfrentaran una deportación inminente, y la Corte actuó sin esperar una respuesta del Departamento de Justicia. “No teníamos ninguna buena razón para pensar que emitir una orden a medianoche era necesario o apropiado”, escribió. El juez también destacó que el gobierno había acordado no deportar a aquellos detenidos que presentaran reclamos legales, lo que, a su juicio, hacía innecesaria la intervención urgente de la Corte.
El Procurador General de EE. UU., D. John Sauer, presentó argumentos el sábado 19 de abril, instando a la Corte a denegar la solicitud de la ACLU. Sauer afirmó que el gobierno notificó a los detenidos con suficiente antelación y que aquellos con reclamos de hábeas corpus no serían expulsados. Sin embargo, la ACLU argumentó que las notificaciones fueron insuficientes, con algunos migrantes recibiendo avisos de deportación con menos de 24 horas para responder. Este desacuerdo subraya las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Impacto de la Ley de Enemigos Extranjeros en migrantes
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes. Desde que se invocó la ley en marzo, cientos de venezolanos han sido trasladados a El Salvador, donde muchos enfrentan condiciones de detención severas en prisiones como el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT). Organizaciones como la ACLU han cuestionado las afirmaciones del gobierno de que todos los deportados son miembros de pandillas, señalando que en algunos casos no se han presentado pruebas claras de afiliación criminal.
El caso ha puesto en el centro del debate el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las acciones del gobierno, afirmando que “el presidente está comprometido con proteger a los estadounidenses al deportar a criminales peligrosos”. Por otro lado, el senador demócrata Chris Van Hollen, quien recientemente visitó a un migrante deportado en El Salvador, calificó las acciones de la administración como una violación del debido proceso, argumentando que el caso refleja un patrón de deportaciones arbitrarias.
Futuro de la Ley de Enemigos Extranjeros en la Corte
La controversia está lejos de resolverse. La Corte Suprema planea emitir una orden más formal en los próximos días para determinar si el gobierno puede continuar con las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La decisión podría sentar un precedente sobre el alcance de esta ley en el contexto moderno, especialmente en ausencia de un conflicto armado declarado. Mientras tanto, cortes federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas han emitido órdenes que prohíben las deportaciones hasta que se garantice un proceso justo, pero el área que cubre el Centro de Detención Bluebonnet en Texas, donde están los migrantes en cuestión, aún no cuenta con tal protección.
El caso también ha avivado el debate político. Trump, en un mensaje en Truth Social el 20 de abril, atacó a los jueces y funcionarios que “permiten un ataque violento” contra el país, sin mencionar directamente la orden de la Corte Suprema. Por su parte, el Departamento de Justicia ha insistido en que las deportaciones son esenciales para combatir la delincuencia transnacional, aunque no ha proporcionado información detallada sobre los casos individuales. Mientras la Corte Suprema delibera, las comunidades migrantes en Texas y otros estados permanecen en vilo, esperando claridad sobre su futuro y los límites de esta histórica ley.