El gobierno del presidente Donald Trump informó este lunes a un tribunal estadounidense que Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño de 29 años, fue trasladado desde la controvertida megacárcel CECOT a un centro penitenciario de menor seguridad. La noticia se dio a conocer en un documento entregado a un tribunal federal de Maryland, el cual lleva el caso de Ábrego García, que se encuentra en “excelente estado de salud”, según lo confirmado por la administración del presidente Nayib Bukele.
El caso de Kilmar Ábrego García
Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland, fue detenido junto a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, el 15 de marzo de este año. Después de su arresto, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión en El Salvador conocida por las denuncias de abusos a los derechos humanos. En esta prisión, los detenidos permanecen incomunicados y las condiciones de hacinamiento y violencia son comunes.
El traslado a esta prisión ha generado una batalla legal que ha llegado hasta los tribunales de Estados Unidos. La Casa Blanca admitió que Ábrego García fue deportado debido a “un error administrativo” y, aunque los tribunales han solicitado su retorno, el gobierno estadounidense se niega a hacerlo. Esta situación ha provocado una ola de protestas, tanto a nivel político como social.
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El tribunal federal y el estado de Ábrego García
El caso de Ábrego García fue sometido a la jueza federal Paula Xinis, quien ordenó al gobierno estadounidense que proporcione actualizaciones diarias sobre el estado y ubicación del inmigrante. Según el reporte entregado este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ábrego García fue trasladado a una cárcel de menor seguridad en El Salvador, específicamente al Centro Industrial de Santa Ana, donde, según el gobierno salvadoreño, se encuentra en “buenas condiciones de salud”.
Sin embargo, la situación de Ábrego García sigue siendo preocupante. El inmigrante sigue incomunicado y, aunque está en un centro de menor seguridad, las condiciones de su detención continúan siendo precarias. Según informes de sus abogados, el salvadoreño ha manifestado estar “traumatizado” por su experiencia en el CECOT, donde estuvo aislado de cualquier contacto con el exterior durante semanas.

Jennifer Vásquez, la esposa de Kilmer Ábrego García, el migrante salvadoreño enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. EFE/ Lenin Nolly
La reacción de la comunidad internacional
El traslado de Ábrego García ha atraído la atención de congresistas y organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos. La semana pasada, el senador Chris Van Hollen, quien representa el estado de Maryland, viajó a El Salvador para exigir la liberación de Ábrego García. Aunque no logró su liberación, Van Hollen se reunió con el inmigrante, quien le informó que había sido trasladado a una cárcel en Santa Ana, pero que aún no podía comunicarse con su familia ni con sus abogados.
El senador expresó su preocupación por el bienestar del salvadoreño, destacando la gravedad de la situación en la que se encontraba. En su visita, también instó al gobierno de El Salvador a garantizar que Ábrego García estuviera seguro y que tuviera acceso a la justicia. “Kilmar ha estado viviendo en una pesadilla desde que fue deportado, y necesita urgentemente regresar a Estados Unidos”, afirmó Van Hollen.
Visita de congresistas demócratas y abogado en defensa de Ábrego García
El lunes de esta semana, una delegación compuesta por cuatro congresistas demócratas y el abogado Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), llegó a El Salvador para seguir presionando por la liberación y el regreso de Ábrego García a los Estados Unidos. Durante su visita, los congresistas expresaron su desacuerdo con la postura del gobierno de Trump, acusando al Ejecutivo de no tomar las medidas necesarias para corregir el “error administrativo” que llevó a la deportación del inmigrante.
Chris Newman, el abogado defensor, mencionó que la situación de Ábrego García es una violación flagrante de sus derechos humanos. «Kilmar ha sido tratado como un prisionero de guerra, y es esencial que se haga justicia en este caso», comentó Newman. La delegación también se reunió con funcionarios del gobierno salvadoreño para exigir que se respeten los derechos de Ábrego García y se le permita regresar a los Estados Unidos.
El congresista por California, el demócrata Juan Vargas (d), y una simpatizante (i), sostienen carteles junto a Jennifer Vásquez (c), la esposa de Kilmer Ábrego García. EFE/ Lenin Nolly
La batalla judicial y la decisión del Tribunal Supremo
En el ámbito judicial, el Supremo de Estados Unidos se ha alineado con la causa de Ábrego García. El máximo tribunal de Estados Unidos respaldó una orden de la jueza Paula Xinis, quien instruyó al gobierno de Trump a facilitar el regreso de Ábrego García a los Estados Unidos. A pesar de este fallo, tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han indicado que no tienen la autoridad para hacer cumplir la decisión.
Este enredo judicial ha generado preocupación sobre la eficacia del sistema judicial en casos de deportación y las responsabilidades de los gobiernos involucrados. Los abogados de Ábrego García argumentan que, al ser un residente legal de Maryland durante más de una década, tiene el derecho de regresar al país y enfrentar un proceso legal adecuado para resolver su situación migratoria.