El Gobierno de República Dominicana inició este lunes la implementación de un nuevo protocolo migratorio en hospitales públicos, aplicable en 33 centros de salud de la red pública nacional. Esta medida forma parte de un paquete de acciones anunciadas a principios de abril por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de reforzar el control fronterizo y regular el uso de los servicios públicos por parte de extranjeros en situación migratoria irregular.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS), estos hospitales concentran cerca del 80 % de los nacimientos de madres extranjeras en el país. Según datos oficiales, el 36,3 % de todos los partos registrados en la red pública corresponden a mujeres haitianas, mientras que apenas el 0,02 % son de otras nacionalidades.
¿En qué consiste el protocolo migratorio en hospitales públicos?
El nuevo protocolo migratorio en hospitales públicos no afecta la atención médica inmediata. El personal sanitario continuará brindando servicios sin distinción de nacionalidad o estatus legal. Sin embargo, se establece la presencia de agentes de la Dirección General de Migración en los centros de salud involucrados, quienes operarán en coordinación con la administración hospitalaria.
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La función de estos agentes no es intervenir en las labores clínicas ni obstaculizar la atención. Su tarea será verificar el estatus migratorio de los pacientes una vez concluido el proceso médico, siempre fuera de las áreas de atención y respetando los derechos fundamentales.
Los extranjeros que no puedan justificar su estatus legal serán puestos a disposición de Migración una vez finalizado el ciclo de atención médica, lo que podría derivar en su repatriación. Esta decisión ha generado polémica entre organizaciones humanitarias, que alertan sobre posibles vulneraciones a derechos básicos.
Atención sin discriminación, pero con regulación migratoria
El director del SNS, Mario Lama, aseguró que no se cobrarán honorarios médicos a los pacientes extranjeros, sino únicamente el costo de insumos utilizados. Además, los casos de personas en situación de vulnerabilidad económica serán evaluados por los departamentos de trabajo social de cada hospital.
Lama enfatizó que el protocolo migratorio en hospitales públicos no implica negación del servicio médico. “El objetivo es proteger los recursos del sistema de salud, sin dejar de brindar atención digna”, sostuvo el funcionario. También aclaró que ningún médico ni personal de salud está autorizado a exigir documentos migratorios.
Por su parte, Rafael Lee Ballester, director general de Migración, destacó que esta medida se ejecutará con total respeto a los derechos humanos. Indicó que las repatriaciones se harán solo cuando el paciente haya sido dado de alta y no tenga justificación legal para permanecer en territorio dominicano.
Haitianos compran productos, principalmente alimentos, este lunes, en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Contexto y medidas migratorias complementarias
En los últimos seis meses, más de 180.000 haitianos han sido repatriados desde República Dominicana, según cifras oficiales. Esta ola de deportaciones responde a un aumento considerable de la migración haitiana, impulsada por la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el país vecino.
El presidente Abinader ha insistido en que República Dominicana no puede absorber toda la presión migratoria de Haití. En este marco, anunció otras 15 medidas migratorias, que incluyen:
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Refuerzo de la seguridad en la frontera con más de 1.500 nuevos efectivos militares.
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Aceleración de la construcción del muro fronterizo.
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Implementación de operativos en zonas urbanas con alta presencia de extranjeros sin documentación.
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Creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios.
Un camión de la Dirección General de Migración dominicana llega hasta la frontera con decenas de ciudadanos haitianos deportados de regreso a Haití, Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Reacciones al nuevo protocolo migratorio en hospitales públicos
La implementación del protocolo migratorio en hospitales públicos ha despertado diversas opiniones. Sectores afines al Gobierno lo consideran un paso necesario para salvaguardar los recursos nacionales, especialmente ante la creciente presión sobre el sistema de salud.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación. Advierten que la presencia de agentes migratorios en hospitales podría disuadir a personas en situación irregular de buscar atención médica, lo que pondría en riesgo su salud y la salud pública general.
También destacan que las mujeres embarazadas, menores de edad y personas en condiciones críticas deben recibir protección especial, independientemente de su estatus migratorio.