El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta una moción de censura en la Cámara de Diputados tras otorgar asilo diplomático a la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, según un comunicado de la Cámara de Diputados de Brasil del 21 de abril de 2025.
La decisión, impulsada por el senador Magno Pereira Malta del Bloque Parlamentario de Vanguardia, critica la acción como un atentado a la justicia peruana y al compromiso de Brasil con la lucha contra la corrupción en el contexto de Brasil 2025. Heredia, quien llegó a Brasilia el 16 de abril en un avión militar brasileño, generó tensiones diplomáticas entre ambos países, con el gobierno peruano otorgando salvoconductos para su salida.
La moción, registrada con el número 291 de 2025, argumenta que Lula permitió la protección de Heredia antes de que se leyera su sentencia el 15 de abril, lo que Malta calificó como un “intento de fuga”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, liderado por Mauro Vieira, justificó el asilo por “razones humanitarias”, citando la necesidad de proteger a Heredia y a su hijo menor, según un comunicado del 18 de abril.
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Vieira afirmó: “Informé al presidente Lula, y la decisión cumple con la Convención de Caracas de 1954”. Sin embargo, la oposición brasileña, junto con el fiscal peruano Germán Juárez Atoche, acusó a Lula de respaldar la corrupción, señalando su propia condena en el caso Lava Jato, anulada en 2021 por el Supremo Tribunal Federal.
Polémica por el asilo a Heredia
El asilo a Nadine Heredia ha desatado un intenso debate político. La ex primera dama, condenada por recibir aportes ilícitos de Odebrecht y el gobierno venezolano para las campañas de su esposo, Ollanta Humala, en 2006 y 2011, ingresó a la Embajada de Brasil en Lima horas antes de su sentencia. El Poder Judicial de Perú, presidido por Janet Tello, confirmó que Heredia no asistió a la lectura de su condena, alegando problemas de salud. La Cancillería peruana, en un comunicado del 15 de abril, señaló que otorgó salvoconductos conforme a la Convención de Asilo Diplomático de 1954, permitiendo su traslado a Brasil junto a su hijo de 15 años.
Los deputados Adriana Ventura y Marcel van Hattem, del partido Novo, presentaron un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores exigiendo detalles sobre las bases jurídicas del asilo y posibles consultas con Perú. Ventura expresó, según un documento oficial: “Brasil no puede convertirse en refugio para condenados por corrupción”. La oposición también cuestionó el uso de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para el traslado, un punto que el Congreso busca investigar a través de seis iniciativas de fiscalización. La controversia se intensifica por la relación ideológica entre Lula, líder del Partido de los Trabajadores, y Humala, según el fiscal Juárez Atoche, quien afirmó: “El asilo revela una conexión política clara”.
Reacciones y tensiones diplomáticas
La moción de censura en Brasil refleja las divisiones políticas en el país. El expresidente Jair Bolsonaro, desde una unidad de cuidados intensivos tras una cirugía, criticó a Lula en un mensaje oficial en redes sociales el 20 de abril: “Proteger a una condenada avergüenza a Brasil y desvirtúa el asilo político”. La organización Transparencia Internacional Brasil también expresó su preocupación, afirmando que la decisión “envía una señal peligrosa” sobre el compromiso contra la corrupción en la región. La entidad destacó que Perú validó las pruebas de Odebrecht con apoyo de Suiza, a diferencia de Brasil, donde Lula fue absuelto por irregularidades procesales.
En Perú, el Congreso, liderado por Eduardo Salhuana, solicitó que el canciller explique las razones del salvoconducto, según un comunicado del 16 de abril. El gobierno de Dina Boluarte, que facilitó la salida de Heredia, enfrenta críticas internas por no haber bloqueado el asilo. La Cancillería peruana subrayó que actuó conforme a tratados internacionales, pero el fiscal Juárez Atoche insistió en que el caso evidencia “impunidad” respaldada por Lula. Mientras, Heredia, en Brasilia, busca impugnar su sentencia, según su abogado Marco Aurelio de Carvalho, quien defendió la decisión de Boluarte: “Merece respeto por su coraje”.
Futuro del asilo y repercusiones
El caso Heredia en Brasil 2025 plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales. El Ministerio de Justicia de Brasil otorgó a Heredia y su hijo registros provisionales mientras evalúa su estatus de refugiados, según un comunicado del 18 de abril.
La oposición brasileña exige saber si Lula contempla una estancia permanente o una posible extradición si Perú la solicita formalmente. El Congreso también pidió acceso a la sentencia peruana completa para evaluar si la condena de Heredia tiene motivaciones políticas, como argumenta su defensa. Carvalho, su abogado, afirmó: “Nadine confía en la justicia y prioriza el cuidado de su hijo”.
La moción de censura, aunque simbólica, podría debilitar a Lula en un año clave para su administración, con elecciones municipales previstas para octubre de 2025. La decisión de proteger a Heredia reaviva las críticas sobre su historial en el caso Lava Jato, donde estuvo preso 580 días antes de ser absuelto. Mientras el Congreso brasileño debate, Perú evalúa una solicitud de extradición, aunque expertos de la Cancillería peruana advierten que el entorno político de Lula podría complicarla. El caso, que une corrupción, diplomacia y política, sigue generando eco en ambos países.