La Casa Blanca intensificó su enfrentamiento con la Universidad de Harvard al declarar el 22 de abril de 2025 que la institución no cumple con los requisitos básicos para recibir fondos públicos, congelando 2,200 millones de dólares en subvenciones federales, según un comunicado del subsecretario de prensa, Harrison Fields.
La decisión, que forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para alinear a las universidades de élite con sus políticas, ha llevado a Harvard a presentar una demanda contra el gobierno, argumentando que las exigencias violan su autonomía académica. La disputa pone en riesgo investigaciones médicas y programas de apoyo estudiantil, según el presidente de la universidad, Alan M. Garber, quien calificó las medidas como un intento de control ideológico.
El conflicto comenzó cuando la Casa Blanca, a través de una carta enviada el 11 de abril por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, exigió a Harvard cumplir con 10 condiciones para mantener su financiación. Estas incluyen la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la denuncia de estudiantes “hostiles” a los valores estadounidenses y la contratación de una entidad externa para auditar departamentos que, según el gobierno, fomentan el antisemitismo.
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Fields afirmó: “Los fondos públicos son un privilegio, y Harvard no cumple con las condiciones básicas para acceder a ellos”. Harvard, en respuesta, rechazó las demandas el 14 de abril, argumentando que regulan directamente las “condiciones intelectuales” de la institución, según una carta de Garber a la comunidad universitaria.
Harvard: Impacto en la investigación y los estudiantes
La congelación de fondos amenaza con paralizar investigaciones cruciales, especialmente en la Facultad de Medicina, que depende de subvenciones federales para estudios sobre enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, según un informe del Departamento de Asuntos y Desarrollo de Exalumnos de Harvard.
Garber destacó que los recortes afectan a pacientes, estudiantes y profesores, comprometiendo la competitividad científica de Estados Unidos. Además, el 55% de los estudiantes de licenciatura de Harvard recibe becas, y las familias con ingresos menores a 100,000 dólares no pagan colegiatura, políticas que podrían verse en riesgo sin los fondos federales, según datos de la universidad.
El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, también canceló dos subvenciones específicas por 2.7 millones de dólares, incluyendo un fondo de 800,303 dólares para un proyecto de prevención de la violencia, que Noem criticó por “tachar a los conservadores de disidentes de extrema derecha”. Noem afirmó: “Estos proyectos socavan los valores de Estados Unidos”.
Harvard, con una dotación de 53,200 millones de dólares en 2024, podría recurrir a estos recursos, pero Garber advirtió que gran parte está restringida legalmente o invertida en activos ilíquidos, como bienes raíces, limitando su uso inmediato. La universidad también enfrenta la amenaza de perder su capacidad para matricular estudiantes internacionales si no entrega un registro de sus actividades, según una orden del DHS del 16 de abril.
Contexto político y antecedentes
La disputa se enmarca en una campaña más amplia de la administración Trump contra universidades de la Ivy League, acusadas de permitir el antisemitismo tras las protestas pro-palestinas de 2024. La Universidad de Columbia, por ejemplo, aceptó restricciones a manifestaciones y revisó su plan de estudios de Medio Oriente tras la pérdida de 400 millones de dólares en fondos, según un comunicado del Departamento de Educación del 10 de abril.
Harvard, sin embargo, es la primera en desafiar públicamente las exigencias, respaldada por su robusta situación financiera. El expresidente Barack Obama, exalumno de Harvard, calificó la congelación de fondos como “ilegal” en una declaración el 20 de abril, apoyando la demanda de la universidad.
La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, justificó las medidas el 15 de abril, afirmando que las universidades están “adoctrinando” a los estudiantes y permitiendo “comportamiento ilegal atroz”. El Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por Trump en febrero de 2025, ha intensificado la presión, exigiendo informes detallados sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes desde octubre de 2023. Harvard argumenta que ya ha implementado medidas, como nuevas políticas de seguridad y capacitaciones, pero considera las demandas federales una violación de la Primera Enmienda, según una demanda presentada el 21 de abril ante un tribunal federal.
Reacciones y perspectivas legales
El enfrentamiento en Harvard ha generado reacciones divididas. La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) presentó una demanda preventiva el 10 de abril, alegando que la administración viola el Título VI de la Ley de Derechos Civiles al congelar fondos sin seguir el protocolo legal. Michael Luttig, exjuez federal, calificó la postura de Harvard como un “punto de inflexión” contra la ofensiva de Trump, según una declaración del 16 de abril. Por su parte, el Departamento de Justicia podría iniciar acciones legales para imponer supervisión judicial sobre Harvard, según expertos legales del DHS, lo que prolongaría el conflicto durante años.
La universidad ha visto un aumento en donaciones privadas, con 1.14 millones de dólares recaudados en 48 horas tras la congelación, según el Departamento de Asuntos y Desarrollo de Exalumnos. Sin embargo, esta cantidad es insuficiente para compensar los fondos federales perdidos. Mientras el caso avanza en los tribunales, Harvard evalúa opciones como recortar servicios estudiantiles o aumentar el uso de su dotación, aunque esto podría afectar su sostenibilidad a largo plazo. La disputa, que combina política, autonomía académica y finanzas, seguirá marcando el debate sobre el futuro de la educación superior en Estados Unidos.