Una jueza federal de Colorado ha extendido temporalmente su orden que impide al gobierno de Donald Trump deportar a cualquier persona en ese estado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra que data del siglo XVIII. La jueza de distrito, Charlotte N. Sweeney, citó la orden emitida por la Corte Suprema durante el fin de semana, la cual suspendió las deportaciones desde el norte de Texas bajo dicha ley, como uno de los motivos para prolongar su propia orden.
Sweeney ha mantenido la congelación de las deportaciones en Colorado hasta el 6 de mayo de 2025 e indicó que podría extenderla aún más. Además, exigió que el gobierno notifique con 21 días de anticipación a cualquier persona que busque deportar, para que puedan impugnar su deportación. La jueza expresó su escepticismo sobre la legalidad del uso de la citada ley por parte de Trump, quien la invoca para justificar la deportación de miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, alegando que esta pandilla está «invadiendo» el país.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros: ¿legalidad o exceso?
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido muy controversial y rara vez utilizada. Esta ley solo se ha invocado tres veces en la historia de los Estados Unidos, la última de ellas durante la Segunda Guerra Mundial. La Corte Suprema de los EE. UU. aún no ha decidido si Trump tiene la autoridad legal para usar esta ley contra una pandilla específica como el Tren de Aragua. La jueza Sweeney escribió que, al menos en su opinión, “invasión” significa más que la descripción que la proclamación de Trump hace de la «infiltración», la «guerra irregular» y las «acciones hostiles» del Tren de Aragua contra Estados Unidos.
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La decisión de extender la orden de congelación de las deportaciones en Colorado ha sido una respuesta directa al fallo inicial de la Corte Suprema, que permitió las deportaciones bajo esta ley, pero a la vez exigió al gobierno dar a los afectados una oportunidad “razonable” de impugnarlas en los tribunales. Este fallo de la Corte Suprema ha generado un fuerte debate sobre la legalidad y la constitucionalidad de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar las deportaciones masivas bajo el argumento de una «invasión».
Vista de unas personas con un mensaje en contra de las deportaciones ordenadas por Donald Trump y en favor de los inmigrantes de EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser
Implicaciones de la decisión en Colorado
La extensión de la orden de la jueza Sweeney es crucial porque impide que el gobierno de Trump utilice la ley de manera generalizada para deportar a personas sin darles una oportunidad de impugnarlas en los tribunales. De acuerdo con la decisión de la jueza, los afectados deberán ser notificados con anticipación para que puedan presentar sus casos y defenderse antes de que se lleve a cabo cualquier deportación.
La situación ha provocado una reacción significativa por parte de los activistas de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que había solicitado a la Corte Suprema que suspendiera las deportaciones de un centro de detención en el norte de Texas, donde un juez no había bloqueado las deportaciones. Aseguraron que los migrantes venezolanos afectados recibieron notificaciones en inglés sobre sus deportaciones, pero no se les informó adecuadamente sobre su derecho a impugnarlas judicialmente.
La posición del gobierno de Donald Trump
El gobierno federal ha argumentado que es demasiado pronto para que los tribunales actúen, ya que no se tenía la intención de deportar a los demandantes individuales que presentaron la demanda en ese momento. Sin embargo, los abogados de la ACLU, como Timothy Macdonald, han señalado que esto podría ser una maniobra para permitir que el gobierno deportara rápidamente a alguien tan pronto como un tribunal decidiera que no tenía jurisdicción sobre su caso.
El caso ha generado un profundo debate legal y político. El gobierno de Trump insiste en que la Ley de Enemigos Extranjeros es necesaria para proteger al país de lo que considera una amenaza existencial proveniente de grupos violentos como el Tren de Aragua, una pandilla originaria de Venezuela que ha sido vinculada a actividades delictivas en varios países, incluidos Estados Unidos. Por otro lado, los opositores del uso de esta ley consideran que es un abuso de poder y una violación de los derechos de los migrantes, muchos de los cuales huyen de situaciones de violencia y pobreza extrema.
Un grupo de migrantes guatemaltecos deportados caminan por la pista de la Base Aérea de Guatemala este lunes, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz
La Corte Suprema y las deportaciones: un futuro incierto
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido órdenes contradictorias sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros. A pesar de autorizar las deportaciones bajo esta ley, la Corte ha exigido que se ofrezca una oportunidad razonable para que los afectados impugnen la decisión judicialmente. La pregunta ahora es si esta oportunidad será suficiente para proteger los derechos de los migrantes frente a la poderosa maquinaria del gobierno de Trump.
A principios de este mes, la Corte Suprema también autorizó deportaciones bajo esta ley, pero lo hizo con la condición de que el gobierno diera a los afectados una oportunidad justa para impugnarlas en los tribunales. Sin embargo, los detalles de cómo se llevará a cabo este proceso siguen siendo inciertos, y la situación continúa evolucionando a medida que los tribunales de todo el país emiten órdenes de suspensión.