La odisea de Neiyerver Adrián León Rengel, un migrante venezolano de 27 años, ha conmocionado a su familia, quienes descubrieron su paradero en una prisión de máxima seguridad en El Salvador tras semanas de incertidumbre. Detenido en Dallas, Texas, el 14 de marzo de 2025, mientras se dirigía a su trabajo como barbero, Adrián desapareció del sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Oficina de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el 22 de abril que fue deportado a El Salvador, donde permanece en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Su hermano Alejandro, desde Texas, expresó su dolor: “Me destrozó saberlo por un reportaje, no por las autoridades”.
La Secretaría de Seguridad de El Salvador no ha aclarado si Adrián está en el CECOT, pero el DHS sostiene que fue enviado allí tras ser acusado de vínculos con el Tren de Aragua, algo que su familia niega rotundamente. Adrián ingresó legalmente a Estados Unidos en junio de 2023 a través de la aplicación CBP One y solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS), según la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
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Su detención ocurrió durante un chequeo rutinario con ICE, según la Secretaría de Operaciones de Detención del DHS. Durante 40 días, su familia contactó sin éxito a ICE, recibiendo respuestas contradictorias: algunos oficiales afirmaron que seguía detenido, otros que había sido deportado a Venezuela, su país natal. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció que las deportaciones al CECOT, iniciadas en marzo de 2025, violan el debido proceso, ya que muchos migrantes, como Adrián, no tienen antecedentes penales.
Una detención inesperada
La historia de Adrián refleja un patrón de deportaciones rápidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración estadounidense, según la Secretaría de Justicia de Estados Unidos. El 15 de marzo, ICE trasladó a 238 venezolanos, incluido Adrián, desde Texas a El Salvador, donde fueron recibidos por autoridades salvadoreñas armadas, según la Secretaría de Seguridad Pública de El Salvador.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las condiciones del CECOT, descritas como “inhumanas” debido a hacinamiento y falta de acceso a asistencia legal. La familia de Adrián, apoyada por la organización Cristosal en El Salvador, exige claridad sobre su situación legal, ya que no ha tenido contacto con él desde su detención. La Secretaría de Gobernación de Venezuela reportó que al menos 200 de los deportados al CECOT carecen de registros criminales, respaldando la afirmación de Alejandro de que su hermano no está vinculado al Tren de Aragua.
La Oficina de Asuntos Consulares de Venezuela, sin relaciones diplomáticas con El Salvador desde 2019, ha solicitado intervención de la ONU para garantizar el retorno de los migrantes. La Secretaría de Justicia de El Salvador no ha proporcionado detalles sobre el estatus legal de los detenidos, lo que agrava la angustia de las familias.
El impacto en la familia de Adrián
La familia de Adrián enfrenta un calvario emocional y económico. Alejandro, quien trabaja en un restaurante en Texas, señaló que la falta de comunicación oficial los obligó a depender de rumores y reportajes. La Secretaría de Salud Mental de Texas reportó un aumento del 15% en consultas por ansiedad entre comunidades migrantes desde marzo, atribuido a deportaciones inesperadas.
La madre de Adrián viajó a un centro de detención en Caracas, esperando encontrarlo, pero no había registro de su ingreso, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Venezuela. La Oficina de Apoyo a Migrantes de LULAC en Dallas está asistiendo a la familia, pero carece de acceso directo al CECOT.
El gobierno venezolano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizó vigilias en Caracas para exigir la liberación de los deportados. La Secretaría de Cultura de Venezuela destacó que artistas urbanos pintaron murales en apoyo a los migrantes, incluyendo a Adrián. La Oficina de Coordinación de la ONU en Ginebra instó a ambos gobiernos a publicar la lista de detenidos y garantizar sus derechos básicos, pero no ha habido avances.
Un futuro incierto
El caso de Adrián subraya las tensiones migratorias entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió las deportaciones, alegando “inteligencia confiable” sobre los vínculos de los migrantes con el Tren de Aragua, pero no ha presentado pruebas públicas.
La Secretaría de Derechos Humanos de El Salvador permanece en silencio sobre los plazos de detención, mientras la familia de Adrián espera respuestas. La Oficina de Asuntos Migratorios de la ONU señaló que el CECOT no cumple con estándares internacionales, lo que aumenta el temor por la seguridad de los detenidos. Mientras tanto, Alejandro y su familia continúan su lucha por traer a Adrián de vuelta, enfrentando un sistema opaco y sin garantías.