EE.UU. acusa por terrorismo a miembro del Tren de Aragua en caso sin precedentes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles 23 de abril de 2025 cargos por terrorismo y narcotráfico contra José Enrique Martínez Flores, alias «Chuqui», presunto alto mando del Tren de Aragua, marcando el primer caso de este tipo desde que la organización fue designada como terrorista en febrero pasado .
Martínez Flores, de 24 años y nacionalidad venezolana, fue acusado en una corte federal del Distrito Sur de Texas de cinco cargos, incluyendo conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para traficar cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos .
Detención en Colombia y proceso de extradición
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El acusado fue arrestado el 31 de marzo en Bogotá, Colombia, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por autoridades estadounidenses. Actualmente, permanece detenido en Colombia a la espera de los procedimientos legales para su extradición a Estados Unidos .
Según la acusación, Martínez Flores es considerado un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de sus altos mandos.
Designación del Tren de Aragua como organización terrorista
En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, junto a otros grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y varios cárteles mexicanos, en un esfuerzo por ampliar las herramientas legales para combatir estas organizaciones .infobae
Esta designación permite a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones más severas y utilizar leyes antiterroristas para procesar a miembros y colaboradores de estas organizaciones.
Declaraciones de la fiscal general
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, destacó la importancia de este caso en la estrategia para desmantelar al Tren de Aragua. «Esta acusación representa un punto de inflexión en cómo la justicia estadounidense enfrentará a esta organización criminal», afirmó Bondi en un comunicado .
Bondi subrayó que el Tren de Aragua no es una pandilla callejera común, sino una organización terrorista altamente estructurada con operaciones transnacionales que amenazan la seguridad de las comunidades estadounidenses.
Implicaciones legales y posibles penas
De ser declarado culpable, Martínez Flores enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.
Este caso marca un precedente en la aplicación de leyes antiterroristas a organizaciones criminales transnacionales, ampliando el alcance de las herramientas legales disponibles para las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado.
Contexto regional y cooperación internacional
El Tren de Aragua, originado en Venezuela, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú y Chile. En marzo de 2025, el Congreso de Perú declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista, citando su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano .
La cooperación internacional entre Estados Unidos y países de la región es clave para enfrentar la amenaza que representa esta organización criminal.
Reacciones y críticas a las políticas migratorias
La designación del Tren de Aragua como organización terrorista ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles abusos en las políticas migratorias. En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos a El Salvador bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua, muchos de ellos sin pruebas concluyentes ni el debido proceso legal .
Estas acciones han sido cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en los centros de detención.
Conclusión
El caso de José Enrique Martínez Flores representa un hito en la estrategia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, utilizando leyes antiterroristas para procesar a miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, también plantea desafíos y controversias en torno a las políticas migratorias y los derechos humanos, que deberán ser abordados en el contexto de la cooperación internacional y el respeto al debido proceso legal.