Trump enfrenta demanda de 12 estados por imponer aranceles sin aprobación del Congreso
Una coalición de doce estados, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para bloquear los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La acción legal argumenta que el mandatario ha utilizado de manera indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin la debida autorización del Congreso, lo que consideran una violación a la separación de poderes establecida en la Constitución.
La demanda sostiene que los aranceles, introducidos como parte de la iniciativa «Día de la Liberación» de Trump, incluyen un arancel universal del 10% y tasas más altas para ciertos países, como China, cuyos productos enfrentan gravámenes superiores al 145%. Los fiscales generales argumentan que estas medidas han generado caos económico, aumento de precios e incertidumbre comercial, afectando negativamente a consumidores y empresas en todo el país.
Impacto económico y críticas a la política arancelaria
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que los aranceles «provocarán más inflación, desempleo y daños económicos», y que los consumidores estadounidenses se verán obligados a pagar lo que equivalen a elevados impuestos a la importación. Por su parte, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó el plan arancelario de Trump como «una imprudencia económica» y «ilegal».
La demanda también critica la falta de coherencia y transparencia en la implementación de los aranceles, señalando que el presidente ha utilizado redes sociales y declaraciones contradictorias para anunciar cambios arancelarios sin una estrategia clara. Los estados solicitan una orden judicial que detenga estos aranceles y limite los poderes presidenciales bajo la IEEPA.
Respuesta de la administración Trump
En respuesta a la demanda, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió las acciones del presidente, afirmando que «la Administración Trump sigue comprometida a utilizar toda su autoridad legal para hacer frente a las distintas emergencias nacionales a las que se enfrenta actualmente nuestro país, tanto el flagelo de la migración ilegal y el flujo de fentanilo a través de nuestra frontera como el déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos, que se ha disparado».
La administración argumenta que los aranceles están justificados bajo la IEEPA debido a las emergencias nacionales declaradas, como el tráfico de drogas y los desequilibrios comerciales. Sin embargo, expertos legales sugieren que la justificación de Trump podría ser vulnerable legalmente, ya que la IEEPA no fue diseñada para imponer aranceles de manera generalizada sin la intervención del Congreso.
Acciones legales adicionales y perspectivas futuras
Además de la demanda presentada por los doce estados, California y varias empresas han emprendido acciones legales por separado para impugnar los aranceles. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que los aranceles «ilegales del presidente Trump están sembrando el caos en las familias, las empresas y la economía de California, disparando precios y amenazando el empleo».
La demanda se produce en medio de una iniciativa bipartidista en el Congreso para devolver la amplia autoridad comercial al poder legislativo. Los senadores Maria Cantwell, demócrata por Washington, y Chuck Grassley, republicano por Iowa, miembros del Comité de Finanzas del Senado, han copatrocinado un proyecto de ley que obligaría al presidente a notificar al Congreso 48 horas antes de imponer nuevos aranceles.
El proceso legal podría extenderse más allá de la pausa de 90 días que Trump ha impuesto a muchos aranceles, con fallos finales que podrían tardar años en resolverse. Mientras tanto, las tensiones comerciales continúan afectando a la economía estadounidense y a las relaciones con socios comerciales clave.