Más control y menos inclusión: nuevas órdenes de Trump atacan acreditación universitaria

El presidente Donald Trump firmó el 23 de abril de 2025 una serie de órdenes ejecutivas que buscan reformar el sistema de acreditación universitaria en Estados Unidos, intensificando el control federal y criticando programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Según un comunicado de la Casa Blanca, estas medidas pretenden garantizar que las universidades prioricen resultados académicos y meritocracia, acusando a las agencias acreditadoras de promover “ideologías divisivas”. Las órdenes, parte de siete acciones relacionadas con la educación, han generado críticas por amenazar la autonomía académica, especialmente en instituciones como Harvard.

Acreditación universitaria: Fin al “monopolio”

La orden principal, descrita por la secretaria de Educación, Linda McMahon, como una herramienta para “crear un mercado competitivo”, apunta a las agencias acreditadoras que evalúan universidades para acceder a más de $100 mil millones anuales en fondos federales, como préstamos estudiantiles y becas Pell. McMahon afirmó que el sistema actual “aumenta costos y favorece instituciones de élite”, según un comunicado del Departamento de Educación del 23 de abril de 2025. La orden facilita la entrada de nuevas acreditadoras y permite a las universidades cambiar de agencia más fácilmente, eliminando barreras regulatorias.

Trump también ordenó investigar a acreditadoras específicas, como la Asociación Americana de Abogados (ABA) y el Comité de Enlace para la Educación Médica, acusándolas de imponer estándares DEI que violan la ley federal. La Casa Blanca señaló que estas prácticas son “discriminatorias” y citó un fallo de la Corte Suprema de 2023 contra Harvard como base legal. Las agencias que no cumplan podrían enfrentar la suspensión o terminación de su reconocimiento federal, según el texto de la orden.

Trump critica la inclusión en la acreditación universitaria

El enfoque de Trump se centra en eliminar lo que llama “ideología woke” en las universidades. La orden prohíbe a las acreditadoras exigir programas DEI como condición para la acreditación, argumentando que estas iniciativas promueven discriminación racial y de género. “Las acreditadoras deben enfocarse en tasas de graduación y empleabilidad, no en ideologías”, afirmó McMahon en una declaración el 23 de abril. La Casa Blanca destacó que el 64% de tasa de graduación universitaria en 2020 refleja un sistema fallido que beneficia a las acreditadoras a expensas de los estudiantes.

La orden también instruye al fiscal general y a McMahon investigar discriminación ilegal en universidades, incluyendo facultades de derecho y medicina. Esta medida se alinea con la reciente congelación de $2.2 mil millones en fondos federales a Harvard, anunciada la semana previa, por supuesta tolerancia al antisemitismo y falta de meritocracia, según un comunicado del Departamento de Educación. Harvard ha demandado al gobierno, alegando violaciones a su autonomía.

Impacto de Trump en la acreditación universitaria

Las reformas han generado reacciones mixtas. El Consejo de Acreditación de Educación Superior advirtió que las órdenes podrían “afectar el valor y la independencia” de la acreditación, según un comunicado del 23 de abril de 2025. Por otro lado, defensores de la educación con fines de lucro, como Jason Altmire de Career Education Colleges and Universities, elogiaron la medida por “premiar la calidad institucional”, según un informe del mismo día. Estados como Florida y Carolina del Norte, que ya exigen a universidades públicas cambiar de acreditadora cada década, podrían beneficiarse de estas reglas más flexibles.

Las órdenes también incluyen medidas complementarias, como promover la inteligencia artificial en las aulas y exigir mayor transparencia sobre donaciones extranjeras a universidades. Trump firmó otra acción para apoyar a colegios históricamente negros (HBCU), aunque su relación con estas instituciones fue inconsistente en su primer mandato, según un informe del Departamento de Educación. Las universidades enfrentan ahora un panorama de mayor escrutinio federal, con posibles demandas legales en camino, ya que instituciones como Harvard prometen defender su independencia.

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