César Guzmán, un salvadoreño de 43 años que superó un tumor cerebral tras una cirugía en 2018, enfrenta una inminente deportación desde Georgia, a pesar de contar con una certificación médica que no permite su traslado debido a su frágil salud. Detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 8 de abril de 2025, Guzmán, quien tiene una petición familiar aprobada mediante el formulario I-130, está recluido en el Centro de Detención de Stewart mientras su esposa, Yazmín Torres, lucha por evitar su expulsión, según un comunicado de ICE del 22 de abril de 2025.
César Guzmán: Una historia de lucha y superación
César Guzmán llegó a Estados Unidos en 2006, huyendo de la violencia en El Salvador. Ese año, recibió una cita migratoria a la que no asistió, lo que generó una orden de deportación en su contra, según explicó su esposa, Yazmín Torres, en una entrevista con la periodista Ana Herrera el 23 de abril de 2025. En 2018, ICE lo detuvo por primera vez debido a esa orden pendiente. Durante su detención, su salud se deterioró gravemente, y los médicos descubrieron un tumor cerebral. En octubre de 2018, Guzmán fue sometido a una delicada cirugía que le salvó la vida, marcando un punto de inflexión en su recuperación.
Tras superar el cáncer, Guzmán y su esposa, ciudadana estadounidense, se enfocaron en regularizar su estatus migratorio. En 2022, Torres presentó el formulario I-130, una petición familiar que fue aprobada, iniciando el proceso para que Guzmán solicitara la residencia permanente. “Estábamos esperando la notificación para el siguiente paso, pero nunca llegó”, lamentó Torres. La falta de comunicación sobre una audiencia migratoria complicó su caso, y la orden de deportación de 2006 resurgió tras su detención el 8 de abril.
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El contexto de las deportaciones masivas
La detención de César Guzmán se produce en medio de una intensificación de las deportaciones bajo la Administración Trump, que ha priorizado la ejecución de órdenes migratorias pendientes. En marzo de 2025, ICE deportó a más de 200 salvadoreños y venezolanos a El Salvador, muchos de ellos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión conocida por condiciones inhumanas, según un informe de Amnistía Internacional del 10 de abril de 2025.
Aunque Guzmán no ha sido acusado de delitos, su caso refleja la política de “tolerancia cero” que ha duplicado las detenciones migratorias, con un récord histórico de personas en centros de detención, según estadísticas de ICE del 29 de enero de 2025.
El caso de Guzmán también resalta los riesgos para migrantes con condiciones médicas graves. Su certificación médica, que desaconseja su traslado debido a la necesidad de revisiones periódicas, no ha detenido el proceso de deportación. Esto recuerda casos recientes, como el de una niña estadounidense de 10 años con cáncer cerebral deportada junto a sus padres indocumentados en febrero de 2025, lo que generó críticas por la falta de consideraciones humanitarias.
La lucha legal y el apoyo comunitario
La familia de Guzmán, apoyada por su abogado, ha solicitado una suspensión de deportación, argumentando su estado de salud y su rol como sostén de sus dos hijos, de 12 y 15 años. Sin embargo, el abogado de inmigración Michael Urbina, consultado sobre el caso, explicó que el formulario I-130, aunque aprobado, no otorga estatus migratorio ni detiene automáticamente una deportación. “Es un factor positivo para solicitar una fianza o reabrir un caso, pero no es suficiente por sí solo”, afirmó Urbina el 23 de abril.
Yazmín Torres ha presentado documentos médicos y pruebas de la integración de Guzmán en la comunidad, pero ICE sostiene que la orden de 2006 justifica su detención. La comunidad de Decatur se ha movilizado, con más de 50 personas protestando frente al Centro de Detención de Stewart el 22 de abril, según la Georgia Latino Alliance for Human Rights. La representante estatal Nikema Williams también envió una carta al director de ICE, Patrick Lechleitner, el 23 de abril, pidiendo una revisión humanitaria del caso.
La próxima audiencia de Guzmán está programada para el 28 de abril. Mientras tanto, Torres y sus hijos enfrentan incertidumbre, dependiendo de donaciones para subsistir. El caso de César Guzmán pone de manifiesto los desafíos de los inmigrantes con condiciones médicas en un sistema migratorio que prioriza la deportación sobre consideraciones humanitarias, en un contexto donde la salud y la estabilidad familiar quedan en segundo plano.