Corte prohíbe a Trump retener fondos a las ciudades santuario, pero, ¿en realidad son perjudiciales estos lugares como piensa el Gobierno? Conoce además qué significa el término ‘santuario’ y qué apoyo se le ofrece a migrantes.
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Un juez federal de California, William Orrick, emitió un fallo que bloquea dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump destinadas a retener fondos federales a las denominadas ciudades santuario, al considerar que estas medidas son probablemente inconstitucionales.
La decisión, que protege a 16 ciudades y condados, incluyendo San Francisco, Chicago y Nueva York, marca un nuevo capítulo en la batalla legal entre la administración Trump y las jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales.
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El fallo de Orrick responde a una demanda presentada en febrero por estas jurisdicciones, lideradas por San Francisco, que argumentaron que la administración intentaba castigarlas por ejercer su derecho a no destinar recursos locales a la aplicación de leyes migratorias federales.
Según el juez, congelar o condicionar fondos federales asignados por el Congreso viola los principios de separación de poderes y la Cláusula de Gasto de la Constitución. “Los demandados están restringidos y prohibidos de tomar cualquier acción directa o indirecta para retener, congelar o condicionar fondos federales”, escribió Orrick, ordenando al gobierno notificar a todas las agencias federales sobre esta decisión antes del lunes.
¿Qué son las ciudades santuario?
El término “ciudad santuario” se refiere a jurisdicciones que adoptan políticas para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estas políticas varían, pero generalmente prohíben a los funcionarios locales compartir información sobre el estatus migratorio de personas, salvo en casos de delitos graves, o detener a individuos únicamente por solicitudes federales de inmigración. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y Atlanta, junto con estados como California e Illinois, son ejemplos destacados.
Lejos de ser un refugio absoluto contra la deportación, como a veces se malinterpreta, las ciudades santuario buscan generar confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades locales. Según líderes de estas jurisdicciones, permitir que los migrantes reporten crímenes o interactúen con la policía sin temor a ser deportados mejora la seguridad pública. Por ejemplo, en San Francisco, una ordenanza de 1989 prohíbe usar fondos municipales para reforzar leyes migratorias federales, una postura reforzada tras el fallo de Orrick.
La visión del gobierno de Trump
La administración Trump ha calificado a las ciudades santuario como un obstáculo para su plan de deportaciones masivas, prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados. Desde su toma de posesión en enero de 2025, Trump ha firmado órdenes ejecutivas que eliminan restricciones previas, permitiendo redadas en lugares antes considerados “sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales. Además, ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México para financiar detenciones y deportaciones, usando incluso fondos militares.
Tom Homan, designado como “zar de la frontera”, ha liderado operativos en ciudades santuario como Chicago, donde se han reportado detenciones selectivas. Homan ha enfatizado que cualquier persona indocumentada “tiene un problema”, y las autoridades locales que no cooperen enfrentarán consecuencias. La administración también ha amenazado con cortar fondos federales destinados a carreteras, infraestructura y otros programas clave en estas jurisdicciones, argumentando que las políticas santuario fomentan la inmigración ilegal y la criminalidad.
La narrativa del gobierno contrasta con estudios y opiniones de expertos. Un informe de la Universidad de California, Riverside, encontró que las políticas santuario no incrementan los índices de criminalidad y, en algunos casos, mejoran la seguridad al fomentar la colaboración de migrantes con la policía. Asimismo, líderes comunitarios argumentan que estas políticas protegen a familias trabajadoras, muchas de las cuales incluyen ciudadanos estadounidenses.
Por otro lado, críticos como el Hoover Institute han vinculado las políticas santuario con problemas como la epidemia de fentanilo, aunque sin evidencia concluyente. Durante su campaña, Trump citó casos aislados, como el asesinato de Laken Riley por un migrante venezolano, para justificar su postura, pero estas afirmaciones han sido cuestionadas por carecer de contexto estadístico.
Apoyo a migrantes en ciudades santuario
En estas jurisdicciones, los migrantes acceden a servicios esenciales sin temor a represalias. Por ejemplo, Chicago y Nueva York ofrecen programas de asistencia legal gratuita para procesos migratorios, acceso a educación pública y atención médica en hospitales municipales. Organizaciones comunitarias, como la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, también distribuyen información sobre derechos legales frente a redadas. Sin embargo, la presión de las operaciones de ICE ha generado temor, con reportes de niños que evitan asistir a la escuela y familias que limitan sus salidas.
La resistencia de ciudades como Chicago, cuyo alcalde Brandon Johnson ha reafirmado su compromiso con las políticas santuario, ha intensificado las tensiones. El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, demandó a Illinois y Chicago en febrero, acusándolos de obstruir las leyes migratorias federales. A pesar de estas presiones, el fallo de Orrick garantiza, por ahora, que los fondos federales no serán retenidos, protegiendo servicios esenciales como el mantenimiento de carreteras e infraestructura.
No es el fin
El fallo de Orrick no es el fin de la batalla. Durante su primer mandato, Trump enfrentó derrotas legales similares, pero la composición actual de la Corte Suprema, con tres jueces nombrados por él, podría inclinar la balanza a su favor en apelaciones futuras. Mientras tanto, las ciudades santuario continúan siendo un símbolo de resistencia, defendiendo su derecho a priorizar la seguridad y el bienestar de sus comunidades migrantes frente a una política migratoria cada vez más dura.