Una jueza federal de California ha dictado una sentencia que limita las acciones de la Patrulla Fronteriza en su lucha contra la inmigración. Según el fallo emitido este martes por la jueza Jennifer L. Thurston, los agentes de la Patrulla Fronteriza no podrán arrestar a personas sospechosas, como los indocumentados, a menos que tengan una orden judicial o motivos razonables para creer que la persona intentará huir antes de que se obtenga dicha orden.
El fallo judicial en California
El fallo prohíbe a la Patrulla Fronteriza llevar a cabo arrestos sin tener razones concretas para sospechar que la persona está en el país de manera ilegal, o sin una orden judicial válida. Además, se establece que los agentes de la Patrulla Fronteriza no podrán devolver a las personas a sus países de origen a través de «salidas voluntarias», a menos que se les haya informado adecuadamente de sus derechos y acepten abandonar el país por voluntad propia.
La sentencia, que solo tiene aplicación en el Distrito Este de California, fue dictada tras una serie de detenciones ocurridas en enero durante la operación de control migratorio conocida como Operation Return to Sender (Operación Devolver al Remitente), lanzada por la Patrulla Fronteriza. Durante dicha operación, decenas de personas fueron arrestadas sin contar con órdenes judiciales.
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El papel de la ACLU en el caso
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Patrulla Fronteriza en nombre de las personas afectadas por las redadas, entre ellas el sindicato United Farm Workers. La ACLU afirmó que los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a personas sin respetar sus derechos constitucionales, especialmente a aquellos que parecían ser trabajadores agrícolas, independientemente de su estatus migratorio o circunstancias individuales.
Los arrestados fueron trasladados en autobuses hacia la frontera, retenidos sin la posibilidad de contactar a sus familiares o abogados, y algunos fueron presionados para firmar documentos que renunciaban a su derecho a comparecer ante un juez de inmigración. En muchos casos, los detenidos aceptaron abandonar el país sin la debida representación legal.
Vista la Patrulla Fronteriza antes de capturar a dos personas en la frontera de EE.UU. con México donde buscaban acceder a asilo, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent
Violaciones de derechos constitucionales
En su fallo, la jueza Thurston declaró que las pruebas presentadas ante la corte demuestran que los agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo la autoridad del DHS, incurrieron en conductas que violaron derechos constitucionales establecidos. Además, la jueza ordenó que la Patrulla Fronteriza debe presentar un informe detallado sobre quiénes fueron detenidos o arrestados sin una orden judicial, y las razones detrás de dichos arrestos, cada 60 días hasta la conclusión del juicio.
Esta medida fue adoptada con el fin de garantizar la transparencia en los procedimientos de detención de la Patrulla Fronteriza, buscando proteger los derechos de las personas, especialmente en casos donde no existían pruebas claras de que estuvieran cometiendo una infracción migratoria.
Argumentos del Gobierno y la Patrulla Fronteriza
Los abogados de la Patrulla Fronteriza argumentaron que la jueza Thurston no tenía jurisdicción para revisar el caso, dado que, según la ley federal, los asuntos relacionados con inmigración solo pueden ser apelados después de que un juez de inmigración haya dictado una orden definitiva. Además, el gobierno sostuvo que la demanda carecía de relevancia porque la Patrulla Fronteriza ya había emitido nuevas directrices y reglas de formación para sus agentes, especificando claramente cuándo pueden realizar detenciones sin una orden judicial.
Sin embargo, la jueza Thurston refutó estos argumentos, señalando que la emisión de nuevas políticas por parte de la Patrulla Fronteriza no excusa las detenciones ilegales. Según Thurston, el lenguaje de las nuevas políticas no es lo suficientemente claro ni robusto como para proteger a las personas contra arrestos sin fundamentos legales. Además, la jueza expresó su preocupación de que la política podría ser modificada nuevamente en el futuro, lo que podría poner en peligro la protección de los derechos de los detenidos.
Vista de inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante un operativo en la frontera con México, en una fotografía de archivo. EFE/Allison Dinner