Un juez federal de Massachusetts, Brian E. Murphy, emitió este miércoles 7 de mayo de 2025 una orden que bloquea temporalmente la deportación de migrantes asiáticos a Libia, marcando un nuevo revés para las políticas migratorias de la administración Trump. La decisión responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes argumentaron que enviar a estas personas a un tercer país sin permitirles impugnar su expulsión viola sus derechos al debido proceso.
El fallo, que se produce horas después de reportes sobre un posible vuelo de deportación programado para esta semana, exige que el gobierno de EE.UU. notifique por escrito a los migrantes y les otorgue una oportunidad significativa para presentar su caso ante tribunales de inmigración, especialmente si enfrentan riesgos de persecución o tortura en el destino propuesto.
La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a inmigrantes a terceros países como parte de su estrategia migratoria, que busca reducir los costos asociados a detenciones y deportaciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enviar migrantes a países como Libia o El Salvador podría ahorrar hasta un 70% de los $17,121 que cuesta deportar a una persona.
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Sin embargo, el juez Murphy señaló que estas acciones contravienen órdenes judiciales previas, incluyendo fallos que prohíben deportaciones a países no designados en los procedimientos originales de inmigración. En este caso, los migrantes asiáticos, muchos de origen chino y vietnamita, enfrentaban ser enviados a Libia, un país con un historial de inestabilidad y abusos a derechos humanos, según datos de la ONU.
Deportación a Libia: Violación del debido proceso
El núcleo del fallo del juez Murphy se centra en la falta de notificación adecuada y la ausencia de un proceso justo para los migrantes asiáticos. La orden especifica que el gobierno debe permitir a los afectados presentar una solicitud basada en la Convención contra la Tortura antes de cualquier traslado. Este requisito surge tras casos similares, como el de migrantes venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, donde el juez federal James Boasberg también bloqueó deportaciones por violar el debido proceso.
En abril, la jueza Charlotte Sweeney en Colorado ordenó que las notificaciones se entreguen con 21 días de aviso y en el idioma nativo de los migrantes, un precedente que Murphy refuerza. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes en este caso, ha celebrado la decisión como un paso hacia la protección de los derechos fundamentales.
Contexto de la política de Trump
La administración Trump ha utilizado medidas controvertidas, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar deportaciones masivas, alegando amenazas de seguridad nacional. Sin embargo, varios jueces federales han cuestionado esta práctica, incluyendo al juez Fernando Rodríguez en Texas, quien en mayo de 2025 dictaminó que el uso de dicha ley para deportar venezolanos era ilegal.
En el caso de los migrantes asiáticos, el DHS había negociado con Libia para aceptar a los deportados, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado sobre los riesgos en el país africano, donde la inestabilidad política y la violencia persisten desde 2011. El ICE reportó más de 860 vuelos de repatriación desde junio de 2024, pero las órdenes judiciales recientes han frenado estas operaciones, generando tensiones entre el gobierno y los tribunales.
Implicaciones para los migrantes
La decisión de Murphy no solo protege a los migrantes asiáticos, sino que también establece un precedente para futuros casos de deportación a terceros países. Organizaciones como la ACLU han documentado que muchos de los afectados no tienen vínculos con Libia y temen por su seguridad en un país donde no hablan el idioma y enfrentan condiciones inhumanas en centros de detención.
Mientras tanto, el DHS enfrenta una apelación del fallo, con una audiencia programada para el 10 de junio para determinar si la restricción se mantendrá a largo plazo. La batalla legal subraya las crecientes tensiones entre las políticas migratorias de Trump y los tribunales federales, que insisten en garantizar el debido proceso para todos los inmigrantes en territorio estadounidense.