Expresidentes del Congreso de Colombia son detenidos: conoce la razón

Las tensiones políticas en Colombia se intensificaron esta semana tras una decisión judicial de alto impacto: la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y del Congreso de Colombia, respectivamente. Ambos son investigados por su presunta participación en un escándalo de corrupción de la UNGRD, una trama de presuntos sobornos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El caso, que ha sacudido el panorama legislativo y comprometido figuras de ambos lados del espectro político, llega en un momento clave: justo cuando el Senado debe votar la viabilidad de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. La votación, por sí sola, ya representaba un desafío. Ahora se da bajo la sombra de la corrupción.

La Corte Suprema actúa en medio del escándalo de corrupción UNGRD

Iván Name, del Partido Verde y opositor al gobierno de Petro, fue capturado luego de que la Corte Suprema encontrara méritos suficientes para investigarlo por recibir presuntamente tres mil millones de pesos. Según testigos involucrados en la trama del escándalo de corrupción UNGRD, el dinero habría sido entregado a cambio de respaldar proyectos del Ejecutivo. Esto contradice directamente la versión del presidente, quien ha afirmado que Name obstaculizó sus reformas y no fue un aliado legislativo.

El senador fue elegido como presidente del Senado con apoyo de la oposición e independientes. Pese a ello, algunos de los más altos funcionarios del gobierno, como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el subdirector Sneyder Pinilla, han testificado en su contra. También lo ha hecho Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Estas declaraciones llevaron a la Corte a ordenar su detención.

Fotografía de archivo de senadores asisten a un debate en el Congreso de Colombia, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En el caso de Andrés Calle, del Partido Liberal, la situación es distinta. Calle ha sido uno de los principales aliados del gobierno y ha votado a favor de sus reformas. En octubre de 2023, cuando según los testimonios habría recibido mil millones de pesos desviados del erario, su padre y su hermano eran candidatos a cargos regionales con el respaldo del oficialismo. Su padre fue finalmente electo como alcalde de Montelíbano.

A diferencia del caso de Name, el presidente Petro ha guardado silencio sobre Calle, lo que ha generado cuestionamientos por un posible doble rasero en su discurso anticorrupción.

Consulta popular en riesgo por el escándalo de corrupción UNGRD

La crisis estalla en un momento especialmente delicado para el gobierno de Petro. Su iniciativa de consulta popular, que busca revivir la reforma laboral y enviar un mensaje de respaldo a los derechos de los trabajadores, debe ser aprobada en el Senado antes del 31 de mayo. Sin embargo, las mayorías no están claras. Hay un bloque independiente de entre 10 y 15 senadores que definirá la decisión. Ahora, con dos expresidentes del Congreso detenidos por un presunto escándalo de corrupción UNGRD, la votación se vuelve aún más incierta.

Fotografía de archivo en la que se ve al presidente del Senado de Colombia, Iván Name (i). EFE/Natalia Pedraza

El presidente ha lanzado fuertes advertencias a los legisladores, incluyendo la posibilidad de una revocatoria en caso de que la consulta no avance. Esta postura ha generado preocupación incluso entre sus simpatizantes, que ven en estas declaraciones un riesgo institucional. A esto se suma una creciente tensión política, con elecciones legislativas en 10 meses y presidenciales en un año, sin candidatos definidos ni en la izquierda ni en la derecha.

Petro, quien fue elegido con la bandera del cambio y la lucha contra la corrupción, enfrenta una paradoja: mientras insiste en que no tiene responsabilidad directa en la trama de la UNGRD, enfrenta cuestionamientos por la participación de altos funcionarios de su gobierno. Además, ha acusado a sus propios ministros de ineficacia y habla de un «bloqueo institucional» o incluso de un “golpe blando” en su contra.

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