Baja California: Gobernadora afirma que se les revocó las visas de turista a ella y a su esposo

La reciente revocación de las visas de turista de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, ha generado una ola de reacciones tanto en México como en Estados Unidos. El anuncio, realizado por la propia mandataria a través de sus redes sociales, ha dejado más preguntas que respuestas sobre las razones detrás de esta medida tomada por el gobierno estadounidense.

La gobernadora Ávila informó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que había sido notificada por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante. «Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos», expresó. Su esposo, Carlos Torres, también compartió un mensaje en Facebook el sábado anterior, indicando que su visa había sido revocada y que su «conciencia está tranquila», subrayando que no existe ninguna acusación o investigación en su contra en México o Estados Unidos.

La noticia ha provocado diversas reacciones en el ámbito político mexicano. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado exigió explicaciones sobre cómo esta situación podría afectar el desempeño de Ávila como gobernadora, dado el estrecho vínculo entre Baja California y Estados Unidos. Por su parte, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados subrayó que la cancelación no implica acusaciones y demandó evitar la desinformación y el manejo irresponsable del tema.

Baja California comparte una extensa frontera con California, y las relaciones comerciales, culturales y sociales entre ambas regiones son profundas. La revocación de las visas de la gobernadora y su esposo podría tener implicaciones en la dinámica binacional, especialmente en temas de cooperación y coordinación entre ambos lados de la frontera.

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Crédito: IG

Antecedentes de Carlos Torres

Carlos Torres Torres ha tenido una carrera política activa. Fue diputado local del Distrito XIII de la XXII Legislatura de Baja California y votó a favor de la controvertida «Ley Bonilla», que buscaba extender el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años, lo que le valió la expulsión del PAN. Actualmente, ocupa el cargo de coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno de Baja California.

La revocación de visas por parte de Estados Unidos no es un hecho aislado. En los últimos años, se han registrado múltiples casos de ciudadanos mexicanos a quienes se les ha cancelado la visa de turista por diversas razones, como exceder el tiempo permitido de estancia o utilizar la visa para fines distintos a los autorizados. Las autoridades migratorias estadounidenses tienen la facultad de revocar visas si consideran que el titular no cumple con los requisitos establecidos.

Confidencialidad Consular

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene la confidencialidad sobre los registros de visas y no suele proporcionar detalles sobre casos individuales. En este contexto, las razones específicas detrás de la revocación de las visas de Ávila y Torres permanecen desconocidas.

La situación ocurre en un momento político delicado, con las elecciones federales mexicanas en el horizonte. La gobernadora Ávila ha sido una figura prominente dentro de Morena y ha expresado su respaldo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La revocación de su visa podría ser utilizada por la oposición como un argumento en contra de la administración actual.

Mientras las autoridades estadounidenses mantienen el silencio sobre las razones detrás de esta decisión, en México se espera una pronta aclaración que permita disipar dudas y mantener la estabilidad en las relaciones binacionales.

Revocación de visas a funcionarios mexicanos: ¿Un patrón recurrente?

La reciente cancelación de las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, no es un hecho aislado. A lo largo de los años, varios funcionarios y exfuncionarios mexicanos han enfrentado la revocación de sus visas por parte de Estados Unidos, en decisiones que, aunque muchas veces no se explican públicamente, suelen estar relacionadas con investigaciones o sospechas de vínculos con actividades ilícitas.

Uno de los casos más notorios es el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En octubre de 2020, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Aunque posteriormente fue liberado y exonerado en México, su detención evidenció la disposición de las autoridades estadounidenses para actuar contra altos mandos militares mexicanos cuando existen sospechas fundadas.

Otro ejemplo es el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2010 para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Su caso destacó por las acusaciones de que utilizó su posición para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Además, en 2017, el reconocido futbolista Rafael Márquez fue vinculado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. con una red de lavado de dinero asociada al narcotraficante Raúl Flores Hernández. Como consecuencia, sus cuentas bancarias en Estados Unidos fueron congeladas y su visa estadounidense fue cancelada.

Estos casos reflejan una tendencia en la política migratoria de Estados Unidos, donde la revocación de visas se utiliza como una herramienta para sancionar o presionar a individuos sospechosos de actividades ilícitas, incluso sin una condena judicial previa. La falta de transparencia en estos procesos ha generado críticas, especialmente cuando las decisiones afectan a figuras públicas sin que se presenten pruebas concretas o se sigan los debidos procesos legales.

En el caso de la gobernadora Ávila y su esposo, hasta el momento no se han dado a conocer las razones específicas de la revocación de sus visas. Sin embargo, el contexto de casos anteriores sugiere que podría estar relacionado con investigaciones en curso o información confidencial que las autoridades estadounidenses consideran relevante.

La situación plantea interrogantes sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación en seguridad y migración. También resalta la necesidad de establecer mecanismos más transparentes y justos en la aplicación de medidas migratorias que afectan a funcionarios y ciudadanos mexicanos.

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