Tensión en centro de ICE: Gobierno acusa a legisladores de obstrucción y violencia
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que algunos legisladores demócratas podrían enfrentar arrestos tras un tenso incidente ocurrido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey. El viernes, tres miembros del Congreso visitaron las instalaciones de Delaney Hall como parte de una supervisión legislativa. El sábado, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que existen videos que muestran a los congresistas “agrediendo” a agentes migratorios.
“Tenemos imágenes de cámaras corporales que muestran a algunos de estos congresistas golpeando a nuestros agentes, incluida una oficial de ICE”, declaró McLaughlin a CNN. “Esta es una investigación en curso, y definitivamente está sobre la mesa que enfrenten cargos”, añadió cuando se le preguntó si los legisladores podrían ser arrestados.
Tres congresistas involucrados niegan acusaciones
Los representantes Bonnie Watson Coleman, Rob Menéndez y LaMonica McIver, todos demócratas de Nueva Jersey, estuvieron presentes durante la visita al centro de detención. Afirmaron que acudieron con fines de supervisión y que enfrentaron obstrucción por parte de los funcionarios de ICE.
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“Tenemos el derecho legal de ingresar a cualquier instalación del DHS sin previo aviso. ICE intentó impedir nuestra labor en todo momento”, denunció Menéndez. La representante McIver agregó que fueron recibidos con “desprecio, falta de respeto y agresión”, y exigió la liberación inmediata del alcalde de Newark, Ras Baraka, arrestado ese mismo día durante una protesta en las afueras del centro.
Arresto del alcalde genera más tensiones
Ras Baraka, alcalde de Newark, fue arrestado por cargos de intrusión mientras acompañaba la protesta pacífica en el exterior de Delaney Hall. Su detención desató una ola de críticas por parte de funcionarios locales y federales, quienes denunciaron un uso excesivo del poder por parte del ICE y la administración federal.
“La idea de que Bonnie Watson Coleman, una mujer de 80 años, haya atacado a un agente armado es absurda”, declaró Baraka. “Estoy esperando que muestren un video. Nada de lo que ocurrió justifica estas acusaciones”, dijo en entrevista con CNN.
Congresistas denuncian intimidación y abuso de poder
Watson Coleman rechazó categóricamente las acusaciones de McLaughlin en una publicación en X: “Decir que atacamos a agentes federales armados es una mentira. ICE está inventando estas acusaciones porque saben que se extralimitaron”.
Añadió que no se dejarán intimidar por amenazas del DHS. “Su conducta es indefendible, y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra labor de supervisión. Pueden intentar silenciarnos, pero sus mentiras seguirán siendo mentiras”, escribió.
McIver también reiteró que el personal del ICE mostró una actitud hostil desde el inicio de la visita. “Esta administración ha cruzado todos los límites. Desde maltratar a miembros del Congreso hasta arrestar al alcalde de la ciudad más grande de Nueva Jersey, todo lo que ocurrió ese día es evidencia de un abuso flagrante de poder”, denunció.
ICE publica video y promete consecuencias
Horas después de sus declaraciones en televisión, McLaughlin publicó un video en X que muestra escenas caóticas en el exterior del centro de detención. “No toleraremos ninguna agresión contra nuestros agentes, ni siquiera por parte de miembros del Congreso”, escribió junto al clip.
El video, sin embargo, no ha sido verificado de forma independiente ni muestra con claridad algún acto de violencia directa por parte de los legisladores. Tampoco ha sido compartido por medios que estuvieron cubriendo el suceso.
DHS remite caso a fiscal federal, pero no hay acusaciones formales
Un portavoz del DHS indicó que cualquier acción legal dependerá de la fiscalía federal del Distrito de Nueva Jersey. Hasta el momento, la fiscal Alina Habba no ha emitido comentarios oficiales, y tampoco se han presentado cargos contra los congresistas implicados.
Mientras tanto, el ambiente político se tensa con la posibilidad de que funcionarios electos enfrenten consecuencias legales por ejercer sus funciones de supervisión. La comunidad local, líderes cívicos y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por lo que consideran un intento del gobierno federal de silenciar la rendición de cuentas en temas migratorios.