El Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la Universidad de Harvard con un nuevo recorte de fondos federales por 450 millones de dólares. Esta medida se suma a los 2.200 millones que ya habían sido congelados anteriormente, elevando la cifra total a más de 2.600 millones en subvenciones retiradas a la institución educativa más rica y antigua del país.
Según un comunicado oficial del Grupo de Trabajo Conjunto de la Casa Blanca para Combatir el Antisemitismo, «Harvard se ha convertido en un caldo de cultivo para la falsa moral y la discriminación». El documento, firmado por abogados del Departamento de Educación y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirma que la universidad ha perdido el derecho a recibir dinero público debido a su falta de acciones correctivas.
Harvard no respondió de inmediato a la declaración oficial, mientras que el grupo de trabajo de la Casa Blanca evitó detallar qué agencias están involucradas en la cancelación de los fondos.
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Fotografía de archivo de señalización de los edificios de la Facultad de Derecho, en el campus de la Universidad de Harvard. EFE/EPA/Cj Gunther
El recorte de fondos federales a Harvard, parte de una ofensiva contra las universidades de élite
Harvard no es la única institución afectada por esta ofensiva. Universidades como Columbia y Ohio State también han visto reducidos sus ingresos provenientes del presupuesto federal. No obstante, el recorte de fondos federales a Harvard es el más significativo hasta la fecha.
Entre los motivos citados por el Gobierno se encuentran la resistencia a reformar su gobernanza interna, su postura ante las protestas a favor de Palestina y sus políticas de diversidad. En una carta enviada el 11 de abril, la administración exigió cambios estructurales, una auditoría sobre la “diversidad de puntos de vista” y reformas en el liderazgo universitario. La negativa de Harvard a aceptar esas condiciones fue seguida, casi de inmediato, por la congelación de fondos.
Días después, Harvard presentó una demanda contra el Gobierno de Trump, alegando que la Casa Blanca intenta controlar las decisiones académicas de una universidad privada mediante la manipulación del financiamiento público.
“El Gobierno federal no puede tomar por la fuerza el control de nuestras decisiones institucionales”, afirmó el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado. “Defenderemos nuestra independencia y nuestros derechos constitucionales”.
Está previsto que ambas partes presenten argumentos orales ante un juez federal en julio. Hasta entonces, es probable que los fondos permanezcan congelados.
Fotografía de archivo de una bandera de la Universidad de Harvard ondeando fuera del Lehman Hall en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE.UU. EFE/EPA/CJ Gunther
Las consecuencias del recorte de fondos federales a Harvard ya se sienten en el campus
Más allá del ámbito legal, el recorte de fondos federales a Harvard ha comenzado a tener consecuencias prácticas. La universidad enfrenta múltiples investigaciones por parte del Gobierno, incluyendo posibles violaciones de derechos civiles vinculadas a becas, contrataciones y el manejo de protestas estudiantiles.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) ha iniciado una pesquisa sobre las políticas de contratación de la universidad, en particular sobre iniciativas para promover la diversidad entre su cuerpo docente. El Gobierno sospecha que estas políticas podrían haber discriminado a personas blancas, asiáticas, hombres y personas heterosexuales.
La investigación fue impulsada por Andrea Lucas, comisionada republicana y actual presidenta del organismo, quien ha cuestionado públicamente las políticas de inclusión de Harvard. La portavoz del organismo no confirmó ni negó la existencia formal de la investigación, citando restricciones legales.
Un portavoz de la universidad se refirió a una carta de Alan Garber enviada a la secretaria de Educación, Linda McMahon, donde se defiende la integridad de los procesos académicos. “No usamos filtros ideológicos. Buscamos a los mejores educadores y académicos, sin aplicar cuotas de ningún tipo”, escribió.
La secretaria McMahon, por su parte, declaró el mes pasado que la carta inicial del Gobierno tenía el objetivo de iniciar una negociación, no una imposición unilateral. No obstante, las tensiones entre ambas partes han escalado rápidamente.