Washington se ha posicionado a la vanguardia de las protecciones para inmigrantes con la aprobación de tres nuevas leyes que buscan fortalecer los derechos de esta comunidad en un contexto de intensificación de políticas migratorias federales bajo la administración actual. Firmadas este lunes 12 de mayo de 2025 por el gobernador Gobernador Bob Ferguson, estas medidas abordan la inspección de centros de detención privados, la prevención de coerción laboral y la regulación de agentes de fianzas en asuntos migratorios, entrando en vigor en fechas específicas a lo largo del verano. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo estatal por contrarrestar las recientes acciones federales que buscan deportar a inmigrantes sin autorización legal.
Las nuevas leyes llegan en un momento de creciente tensión migratoria, especialmente tras el anuncio del presidente de aumentar las deportaciones y reforzar los controles en la frontera. En Washington, donde la población inmigrante ha sido un pilar de la economía y la cultura, estas medidas buscan ofrecer mayor seguridad y transparencia. Entre los puntos clave están los cambios en la supervisión de instalaciones de detención y la protección de trabajadores vulnerables, temas que han sido debatidos intensamente en la legislatura estatal durante los últimos meses.
Mejoras en centros de detención
Una de las leyes más destacadas, House Bill 1232, permite al Departamento de Salud del estado inspeccionar el Northwest ICE Processing Center en Tacoma, un centro de detención operado por la empresa privada The GEO Group. Esta medida establece estándares adicionales en áreas como saneamiento, ventilación y atención médica, además de incluir salvaguardas contra abusos. La ley, efectiva de inmediato, amplía la definición de instalaciones privadas de detención para incluir a organizaciones sin fines de lucro, como el Martin Hall Juvenile Detention Facility cerca de Spokane, tras críticas de que las regulaciones anteriores parecían dirigidas solo a The GEO Group.
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El objetivo es aumentar la transparencia en estas instalaciones, un tema que ha llevado a disputas legales entre el estado y las empresas operadoras. Las autoridades estatales han destacado que esta legislación no apunta a un solo centro, sino que busca un enfoque más amplio para garantizar condiciones humanas. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos, ya que las empresas privadas han cuestionado la jurisdicción del estado sobre sus operaciones, lo que podría derivar en nuevos enfrentamientos legales en los próximos meses.
Contra la coerción laboral
Senate Bill 5104 aborda la coerción laboral, un problema común entre los trabajadores inmigrantes que enfrentan explotación sin recursos efectivos. Esta ley, patrocinada por un legislador estatal y efectiva a partir del 1 de julio de 2025, obliga al Departamento de Labor e Industrias a investigar denuncias de coerción y aplicar sanciones civiles cuando se detecten violaciones. A diferencia de la represalia, que ocurre tras una queja, la coerción se produce antes, y esta medida protege la confidencialidad de los denunciantes durante el proceso.
La ley responde a reportes de trabajadores inmigrantes que han sido amenazados o manipulados por empleadores para evitar denuncias. Las autoridades han enfatizado que esta iniciativa busca empoderar a los empleados, asegurando que puedan reportar injusticias sin temor a represalias. En un estado donde la agricultura y la construcción dependen en gran medida de mano de obra inmigrante, esta protección podría tener un impacto significativo en las condiciones laborales a lo largo de 2025.
Regulación de agentes de fianzas
Senate Bill 5714, que entrará en vigor el 27 de julio de 2025, regula a los agentes de fianzas para evitar que participen en la aplicación de leyes migratorias. Tras un incidente en enero en Sunnyside, donde un individuo afirmó que agentes de fianzas serían utilizados por ICE para arrestos migratorios, esta ley amplía la lista de conductas no profesionales, incluyendo la ejecución de órdenes civiles de inmigración. El Departamento de Licencias podrá sancionar a los infractores y prohíbe a estos agentes compartir el estatus migratorio de los acusados fuera de su negocio.
Esta medida busca aclarar los límites de autoridad de los agentes de fianzas, quienes ya tenían poca jurisdicción en asuntos migratorios. Las autoridades han señalado que la ley responde a preocupaciones sobre abusos potenciales, especialmente en comunidades con alta presencia inmigrante. Además, otras iniciativas legislativas recientes, como el uso de días de enfermedad pagados para trámites migratorios y un proceso de indulto acelerado para casos de deportación, refuerzan el compromiso de Washington con la protección de esta población en un contexto de políticas federales restrictivas.