Manifestantes promigrantes protestan contra la decisión de Trump de eliminarlo, ¿de qué forma perjudicaría a indocumentados? Además, ¿por qué este decreto viola la 14ª Enmienda? La Administración de Trump presenta sus alegatos ante la Corte Suprema.
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La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en el epicentro de una controversia que podría redefinir un pilar fundamental de la identidad estadounidense: la ciudadanía por nacimiento. Miles de manifestantes se congregaron frente al tribunal en Washington D.C., alzando pancartas y voces contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con visas temporales.
Esta medida, titulada “Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, ha desatado una tormenta legal y social, con demandas de 22 estados, organizaciones de derechos civiles y madres embarazadas que la califican de “flagrantemente inconstitucional”.
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¿Por qué este decreto viola la 14ª Enmienda?
La ciudadanía por nacimiento, o jus soli (derecho de suelo), está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Su texto es claro: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residan”. Esta enmienda fue diseñada para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y sus descendientes, anulando decisiones racistas como Dred Scott v. Sandford (1857), que negaba la ciudadanía a los afroamericanos.
En 1898, el caso United States v. Wong Kim Ark consolidó este derecho al confirmar que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por nacimiento, incluso bajo la discriminatoria Ley de Exclusión China. La Corte dictaminó que la 14ª Enmienda aplicaba a casi todos los nacidos en suelo estadounidense, salvo excepciones estrechas como hijos de diplomáticos o enemigos en ocupación hostil.
El decreto de Trump, firmado en su primer día de mandato, desafía este precedente al ordenar que las agencias federales no reconozcan la ciudadanía automática para niños nacidos de padres indocumentados o con visas temporales, siempre que ninguno sea ciudadano o residente permanente. La administración argumenta que la frase “sujetas a su jurisdicción” excluye a los indocumentados, quienes, según Trump, deben lealtad a sus países de origen.
Sin embargo, expertos constitucionales, como Saikrishna Prakash de la Universidad de Virginia, sostienen que esta interpretación es insostenible. “Los inmigrantes, incluso indocumentados, están sujetos a las leyes de EE.UU., como lo demuestra su sujeción a cortes de inmigración y leyes penales”, explica Prakash. La ACLU y 22 fiscales generales demócratas han presentado demandas, argumentando que el decreto viola directamente la 14ª Enmienda y el precedente de Wong Kim Ark. Cody Wofsy, de la ACLU, lo resume: “El presidente no puede borrar un derecho constitucional con un plumazo”.
Tres jueces federales en Washington, Maryland y Massachusetts han bloqueado la orden, calificándola de “descaradamente inconstitucional”. El juez John Coughenour, en Seattle, cuestionó duramente al Departamento de Justicia durante una audiencia en enero, preguntando cómo podían considerar la orden legal cuando contradice 150 años de jurisprudencia. Estas suspensiones nacionales son precisamente lo que la Corte Suprema evalúa, no la constitucionalidad directa del decreto, aunque cualquier fallo tendrá implicaciones profundas.
Foto: EFE
¿A cuántos hijos de migrantes indocumentados perjudica?
El impacto potencial del decreto es monumental. Según un análisis de Pew Research de 2022, aproximadamente 4.4 millones de menores de 18 años nacidos en EE.UU. tienen al menos un progenitor indocumentado, representando el 84% de los hijos de inmigrantes no autorizados. Cada año, unos 255,000 niños nacen de madres indocumentadas, y en 2023, 22.9 millones de inmigrantes no ciudadanos (incluidos indocumentados y con visas temporales) vivían en EE.UU., según la Oficina del Censo. Si el decreto entra en vigor, estos niños quedarían excluidos de la ciudadanía, enfrentando un futuro sin acceso a pasaportes, beneficios sociales, educación pública garantizada o empleo legal, y con el riesgo de deportación.
El Migration Policy Institute proyecta que eliminar la ciudadanía por nacimiento aumentaría la población indocumentada en 2.7 millones para 2045 y 5.4 millones para 2075, creando una “clase secundaria” de residentes nacidos en EE.UU. sin derechos plenos. “Esto sembraría disrupción en la movilidad económica y la cohesión social”, advierten los autores. Además, la orden afecta a hijos de madres con visas temporales (turistas, estudiantes, trabajadores), lo que podría desalentar el turismo y el intercambio académico, según la demanda presentada por 18 estados en Massachusetts.
Las protestas frente a la Corte Suprema, organizadas por grupos como CASA y RAICES, reflejan la magnitud del rechazo. “Nuestros hijos no son peones políticos”, declaró RAICES en un comunicado. La presencia de mujeres embarazadas entre los demandantes subraya la urgencia: temen que sus bebés nazcan sin los derechos que la Constitución ha garantizado por generaciones.
Donald Trump firma sus primeras órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
La Administración de Trump presenta sus alegatos ante la Corte Suprema
Los abogados de Trump, liderados por el Solicitor General D. John Sauer, argumentan que estas suspensiones son un abuso de poder judicial que obstaculiza al Ejecutivo. Sauer insiste en que la 14ª Enmienda no cubre a hijos de indocumentados, citando teorías marginales de juristas como John Eastman, quien sostiene que “sujeto a la jurisdicción” requiere lealtad política completa, no solo territorial. Eastman, acusado por interferencia electoral en 2020, ha influido en la narrativa de Trump, aunque su interpretación es rechazada por la mayoría de los juristas.
La administración también alega que la ciudadanía por nacimiento fomenta el “turismo de nacimiento” y la inmigración ilegal, un argumento que resuena con parte del público. Una encuesta de Emerson College de enero de 2025 mostró que más estadounidenses apoyan a Trump en este tema que se oponen, aunque encuestas de AP/NORC indican que solo un tercio respalda la medida. En Truth Social, Trump defendió su postura horas antes de la audiencia: “La ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que los turistas se conviertan en ciudadanos permanentes”.
Sin embargo, los demandantes, representados por fiscales generales como William Tong de Connecticut, contraatacan: “La 14ª Enmienda es clara: si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano. Punto”. Tong, hijo de inmigrantes chinos, llamó a la orden “personalmente ofensiva”. Los estados argumentan que limitar las injunctions nacionales crearía un “caos” legal, con reglas de ciudadanía variables por región, afectando a sistemas de salud, educación y financiación federal.