Cientos de manifestantes se reunieron este jueves frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos para protestar contra el decreto del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. La medida, firmada el 20 de enero de 2025, ha desatado una ola de críticas y demandas legales por violar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense. Líderes políticos como Adriano Espaillat y Nancy Pelosi, junto a activistas y ciudadanos, alzaron su voz contra lo que califican como un ataque a los derechos fundamentales.
Una protesta por los derechos constitucionales
La manifestación frente al Tribunal Supremo, donde se debate la validez de los fallos judiciales que bloquearon el decreto de Trump, reunió a personas de diversos estados, desde Nueva York hasta California. “Trump quiere desatar una especie de guerra civil constitucional”, afirmó Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, a EL PAÍS. Según el congresista, la medida crearía una división entre estados que nieguen la ciudadanía a niños nacidos en EE.UU. y aquellos que la protejan, evocando tensiones similares a las de la Guerra Civil. Los manifestantes corearon consignas como “¡Nadie es ilegal en tierra robada!” y sostuvieron pancartas exigiendo el respeto a la Decimocuarta Enmienda.
Amber, una joven de 18 años nacida en EE.UU. de padres indocumentados, participó en la protesta desde New Haven, Connecticut. “Mis papás y yo peleamos cada día por los derechos de los migrantes. Tenemos miedo, pero lo enfrentamos luchando con nuestra comunidad”, declaró. Su testimonio refleja el impacto personal de la política de Trump, que pondría en riesgo la ciudadanía de aproximadamente 1.2 millones de personas nacidas de padres sin estatus legal en 2022.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Chris Kleponis/ POOL
El decreto de Trump y su desafío legal
El decreto de Trump, titulado Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense, sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU., reinterpretando la Decimocuarta Enmienda. Esta interpretación contradice el precedente de 1898 en el caso Wong Kim Ark, cuando el Tribunal Supremo garantizó la ciudadanía a hijos de inmigrantes independientemente del estatus de sus padres. Tres tribunales federales en Massachusetts, Maryland y Washington bloquearon la medida con medidas cautelares de alcance nacional, lo que llevó al gobierno de Trump a apelar ante el Supremo.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y 22 estados, incluyendo Nueva Jersey y California, han presentado demandas argumentando que el decreto es inconstitucional. “Los presidentes son poderosos, pero no son reyes. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, afirmó Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. La jueza Deborah Boardman, en Maryland, subrayó que “ningún tribunal ha respaldado la interpretación de Trump”, justificando la suspensión nacional de la orden.
Impacto humanitario y social
Las protestas reflejan el temor a las consecuencias humanitarias del decreto. Juan Pachón, de la organización pro-migrante FWD.us, señaló: “¿A dónde se deporta a un niño nacido en este país? No tiene sentido”. La medida podría generar caos en hospitales, donde médicos y enfermeras tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses. Peter Fontneau, un manifestante de 78 años, denunció que la política de Trump otorga al presidente el poder de decidir quién es ciudadano, socavando la democracia.
Las movilizaciones también se han extendido a ciudades como Los Ángeles y McAllen, Texas, donde los manifestantes han exigido un alto a las deportaciones masivas. En redes sociales, se han viralizado lemas como “Los inmigrantes pagan más impuestos que Trump”, destacando el aporte económico de esta comunidad. La indignación no se limita a los migrantes; ciudadanos como Fontneau, con su camiseta de “Side with love”, muestran un apoyo amplio a la causa.
Un debate nacional e internacional
El decreto de Trump ha reavivado el debate sobre la inmigración en EE.UU., especialmente tras su promesa de “la mayor deportación de la historia”. La ACLU y otros grupos advierten que la medida no solo afecta a los indocumentados, sino también a familias mixtas y ciudadanos nacidos en el país. En el contexto internacional, las políticas antiinmigrantes de Trump han generado comparaciones con crisis humanitarias, como la de Gaza, donde activistas como Ben Cohen han protestado contra el apoyo militar estadounidense.
El Tribunal Supremo no decidirá directamente sobre la constitucionalidad del decreto, pero su fallo determinará si los bloqueos judiciales tienen alcance nacional. Una victoria para Trump podría permitir la implementación de la medida en al menos 27 estados, intensificando la polarización. Mientras tanto, las calles de Washington y otras ciudades siguen siendo escenario de resistencia contra lo que muchos consideran un ataque a los valores fundamentales de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Chris Kleponis/ POOL
