Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue arrestada este miércoles en Chilpancingo por su presunta participación en el encubrimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La detención, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, marca un hito en una investigación que ha expuesto la colusión entre autoridades y el crimen organizado en México.
Una detención que reaviva el caso Ayotzinapa
La captura de Galeana Marín, de 79 años, se llevó a cabo en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, tras una orden de aprehensión emitida por un juez federal del Estado de México en 2022. La FGR la acusa de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por ordenar la destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, captadas la noche del 26 de septiembre de 2014. Estas grabaciones, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), podrían haber mostrado el traslado de los normalistas a Huitzuco por policías y miembros del cártel Guerreros Unidos.
El caso Ayotzinapa, ocurrido hace más de una década, sigue siendo un símbolo de impunidad. Los estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, en colusión con Guerreros Unidos, dejando 43 desaparecidos, seis muertos y decenas de heridos. La “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmó que los normalistas fueron incinerados en Cocula, fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló torturas y manipulación de pruebas.
Integrantes de la Agencia de Investigación Criminal custodian la zona donde fue detenida la exministra Lambertina Galeana Marín este miércoles, en el municipio de Chilpancingo (México). EFE/José Luis de la Cruz
Acusaciones contra la exmagistrada
La FGR sostiene que Galeana Marín, quien presidió el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en 2014, ordenó eliminar videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia, argumentando que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”. Estas grabaciones, según los padres de los normalistas y su abogado, Vidulfo Rosales, eran cruciales para esclarecer el paradero de los estudiantes y la participación de las autoridades. La exmagistrada, que se jubiló a inicios de 2025, también habría supervisado a funcionarios como Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez, implicados en la desaparición del material.
La detención de Galeana Marín se suma a la de otros exfuncionarios, como el exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de fabricar la “verdad histórica”. En 2022, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra ella y otros, como el exprocurador Iñaki Blanco, aunque algunas fueron canceladas. Su arresto actual responde a nuevas pruebas recopiladas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.
Fotografía del interior de la escuela normal rural de Ayotzinapa ‘Raul Isidro Burgos’, en el municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero (México). EFE/David GuzmánContexto de la investigación y reacciones
Te Recomendamos
El caso Ayotzinapa ha marcado una década de lucha por la justicia. La administración de Claudia Sheinbaum ha priorizado el esclarecimiento, con 147 detenciones, incluyendo militares y policías, aunque solo tres restos de los normalistas han sido identificados. Las familias, apoyadas por el Centro Prodh, exigen saber el paradero de los 43. “Es un paso, pero no suficiente”, afirmó Hilda Legideño, vocera de los padres, tras el arresto.
Organizaciones como Amnistía Internacional han aplaudido la detención, pero critican la lentitud del proceso. En redes sociales, usuarios como @JusticiaAyotzinapa celebraron el arresto, mientras que sectores conservadores cuestionan si es un movimiento político del gobierno. Protestas en Iguala y Ciudad de México reiteran la demanda de justicia cada año.
Un símbolo de la lucha contra la impunidad
La detención de Lambertina Galeana Marín subraya la complejidad del caso Ayotzinapa, donde la colusión entre autoridades y el crimen organizado ha obstaculizado la verdad. Este avance, aunque significativo, no resuelve el paradero de los estudiantes, una herida abierta para México. La presión de las familias y la sociedad civil, con marchas en México y el extranjero, mantiene viva la exigencia de justicia en un caso que sigue desafiando a las instituciones.
Activistas, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal «Isidro Burgos» de Ayotzinapa en una marcha, en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán