Revés legal a refugiados: anulan orden que exigía admitir a 12.000 migrantes bajo el Gobierno de Trump
Un juez federal en Seattle, Jamal Whitehead, emitió recientemente una orden que rescindía una disposición que habría obligado al gobierno estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, a admitir a aproximadamente 12,000 refugiados con planes confirmados de viajar a Estados Unidos antes del 20 de enero de 2017, fecha en que Trump asumió la presidencia y suspendió el programa de admisión de refugiados. Sin embargo, esta orden fue matizada días después por la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, que estableció que la admisión de refugiados debe evaluarse caso por caso y no de manera automática.
Contexto legal y la suspensión del programa de refugiados
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El programa de refugiados en Estados Unidos, instaurado por el Congreso en 1980, es un sistema legal que permite la entrada de personas desplazadas por guerras, persecución o desastres naturales, tras un proceso riguroso de evaluación que puede tardar años. Este programa es diferente del asilo, el cual se solicita generalmente al llegar al país y también protege a quienes temen regresar a su país de origen.
Al iniciar su presidencia el 20 de enero de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo el programa de admisión de refugiados, lo que paralizó la entrada de miles de personas. Esto llevó a demandas judiciales de refugiados afectados y organizaciones de ayuda, que denunciaron que la suspensión provocó despidos de personal y congelamiento de fondos para asistencia a refugiados ya en territorio estadounidense.
Detalles de la orden judicial y criterios para la admisión
El juez Whitehead, nombrado por el presidente Joe Biden en 2023, ordenó que el gobierno admitiera a 160 refugiados que tenían planes confirmados para ingresar a Estados Unidos dentro de las dos semanas posteriores al 20 de enero de 2017. Estos casos deben ser atendidos “de inmediato”, con el procesamiento y apoyo adecuado para su reasentamiento.
Para otros miles de refugiados cuyos planes de viaje eran posteriores a esas fechas, el juez indicó que la admisión debe evaluarse individualmente, y propuso nombrar un perito especial para llevar a cabo dichas evaluaciones, con participación tanto de grupos de ayuda como del Departamento de Justicia en la selección del experto.
Un ejemplo citado por la Corte de Apelaciones fue un refugiado de la República Democrática del Congo que vendió sus pertenencias y renunció a su contrato de alquiler confiando en que él y su familia podrían viajar a Estados Unidos el 22 de enero, antes de que se cancelara su traslado. El tribunal puntualizó que solo quienes demuestren esta confianza basada en promesas previas a la suspensión podrían ser admitidos.
Implicaciones para los refugiados y las organizaciones de ayuda
La decisión judicial impacta no solo a miles de refugiados con casos pendientes, sino también a las organizaciones que operan programas de apoyo y reasentamiento. Estas instituciones han denunciado la incertidumbre y la pérdida de recursos causadas por la interrupción del programa.
Las demandas subrayan que la suspensión abrupta del programa bajo Trump no solo afectó la vida de refugiados que ya tenían viajes planeados, sino también el trabajo de entidades que brindan servicios esenciales como vivienda temporal y asistencia económica.
El balance entre el poder presidencial y la voluntad del Congreso
Whitehead consideró que la orden ejecutiva de Trump equivalía a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso”, dado que fue el Congreso quien estableció el programa de refugiados y sus criterios. Sin embargo, la Corte del 9º Circuito, al evaluar la apelación del gobierno, sugirió que el presidente posee amplias facultades para controlar quién puede ingresar al país, lo que llevó a la suspensión temporal de la orden en marzo.
Este conflicto refleja la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo en temas migratorios y de protección internacional, especialmente en un contexto político polarizado.
Situación actual y próximas decisiones
Mientras el caso sigue su curso, los refugiados que confiaban en viajar antes de la suspensión enfrentan esperanzas renovadas pero con limitaciones, ya que la admisión masiva quedó descartada y cada solicitud será analizada individualmente. La designación de un perito especial para evaluar estos casos sugiere un proceso largo y complejo.
Organizaciones defensoras de los derechos de refugiados y grupos humanitarios continúan vigilando el desarrollo de este proceso y presionando por una solución que respete los compromisos internacionales y los derechos humanos.