Una inmigrante hondureña de 41 años, residente en Florida y madre de tres hijos estadounidenses, enfrenta una multa de $1.821.350 por no acatar una orden de deportación emitida hace 20 años, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La sanción, una de las más altas impuestas a un individuo en este contexto, se enmarca en la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para disuadir a los indocumentados a autodeportarse, intensificando las medidas migratorias en su segundo mandato.
La mujer, quien ha vivido ilegalmente en Estados Unidos durante tres décadas, recibió una orden de deportación en ausencia en abril de 2005, pero no abandonó el país. La millonaria multa se calcula con base en sanciones diarias acumuladas por incumplimiento, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite a ICE imponer multas civiles. Este caso ha vuelto a poner el foco en las políticas migratorias de la administración Trump, especialmente tras la reapertura del caso de la inmigrante el año pasado, cuando intentó acogerse a la Ley de los 10 Años para evitar su deportación.
Multa a inmigrante hondureña: Detalles del caso
La inmigrante hondureña llamó la atención de las autoridades migratorias tras presentar en 2024 una moción para reabrir su caso, amparándose en la Ley de los 10 Años, también conocida como Cancelación de Deportación. Esta ley permite a inmigrantes evitar ser deportados si han vivido más de 10 años en el país, demuestran buen carácter moral y su deportación causaría dificultades excepcionales a un familiar ciudadano estadounidense. Michelle Sánchez, su abogada, afirmó que la mujer cumple con estos requisitos, ya que su salida impactaría gravemente a sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
Te Recomendamos
El ICE, sin embargo, no solo desestimó la moción, sino que procedió a imponer la multa de $1.821.350, una cantidad que refleja el largo periodo de incumplimiento desde la orden de 2005. Este tipo de sanciones no es nuevo en la historia reciente de las políticas migratorias de Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, ICE emitió multas similares a indocumentados que se refugiaron en santuarios para evitar su deportación, como el caso de la mexicana Edith Espinal, quien enfrentó una sanción de $497,777 en 2019, aunque finalmente fue cancelada tras una batalla legal.
Reacciones y contexto
La multa a esta inmigrante ha generado un intenso debate sobre la justicia y proporcionalidad de estas sanciones. Mientras que el gobierno argumenta que las multas buscan disuadir el incumplimiento de las órdenes de deportación, defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la cantidad es desproporcionada y prácticamente imposible de pagar para una persona en su situación. La mujer, que ha construido una vida en Florida durante 30 años, ahora enfrenta un futuro incierto, con la posibilidad de que ICE intensifique las acciones legales en su contra.
El caso también resalta las tensiones migratorias bajo la administración Trump, que ha endurecido las políticas hacia los indocumentados desde su regreso al poder. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de órdenes de deportación pendientes supera las 700,000 a principios de 2025, lo que ha llevado a un aumento en las medidas coercitivas como estas multas. Mientras tanto, comunidades inmigrantes en Florida y otros estados han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en familias mixtas, donde ciudadanos estadounidenses, como los hijos de la inmigrante, podrían verse gravemente afectados.
La situación de la inmigrante hondureña sigue en desarrollo, con su abogada explorando opciones legales para apelar la sanción y buscar un alivio migratorio. Mientras tanto, el caso sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan millones de indocumentados en Estados Unidos, en un contexto donde las políticas migratorias continúan siendo un tema controvertido.