La Corte Suprema de Estados Unidos decidió bloquear el intento del presidente Donald Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos en el norte de Texas. Esta ley, promulgada en un contexto bélico hace más de dos siglos, otorga al presidente facultades extraordinarias para expulsar del país a personas de naciones consideradas enemigas durante conflictos armados.
El caso fue presentado por un grupo de migrantes que argumentaron haber recibido avisos de deportación con apenas 12 horas de anticipación. La Corte concluyó que esa notificación era insuficiente, ya que no les daba oportunidad de presentar defensa, y devolvió el caso a una corte de apelaciones para revisar si el gobierno actuó dentro del marco legal.
La decisión constituye un revés temporal pero importante para Trump, que había promovido el uso de esta ley como un mecanismo para acelerar deportaciones, evitando los procedimientos regulares y revisiones judiciales establecidos en el sistema migratorio estadounidense.
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Imagen de deportados en El Salvador en San Luis Talpa (El Salvador) EFE/ Presidencia de El Salvador
Polémica por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar expulsiones
La Ley de Enemigos Extranjeros no se había utilizado en más de 80 años en un contexto migratorio. Su última aplicación significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos alemanes, japoneses e italianos fueron detenidos o expulsados por motivos de seguridad nacional. La administración Trump intentó revivirla en medio de crecientes tensiones sobre la frontera sur y la inmigración irregular.
En este caso, el gobierno argumentó que algunos migrantes venezolanos estarían vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, una banda transnacional que ha ganado notoriedad en América Latina. Sin embargo, los abogados defensores señalaron que las autoridades no presentaron pruebas concretas ni respetaron el debido proceso, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) celebraron la decisión como un freno a la utilización de leyes de emergencia para limitar derechos fundamentales. Organizaciones internacionales de derechos humanos también advirtieron sobre los riesgos de usar leyes antiguas como esta sin un debate adecuado en el Congreso.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Sarah Yenesel/Pool
Jueces conservadores disienten en el fallo de la Corte Suprema
El fallo no fue unánime. Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, manifestaron públicamente su disidencia. Thomas argumentó que la mayoría de la Corte actuó sin fundamento suficiente, mientras que Alito opinó que el Ejecutivo tiene autoridad clara para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en contextos que afecten la seguridad nacional.
Por su parte, el juez Brett Kavanaugh votó con la mayoría, pero señaló que habría sido preferible que la Corte resolviera el fondo del caso directamente en lugar de devolverlo a instancias inferiores. Esta postura sugiere una división dentro del bloque conservador sobre hasta qué punto debe limitarse el poder del Ejecutivo en temas de inmigración y seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a su salida de la Casa Blanca. EFE/Yuri Gripas/Pool
El futuro de la Ley de Enemigos Extranjeros en la política migratoria
Aunque la decisión representa un obstáculo legal para Trump, no cierra el caso. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, deberá evaluar si el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fue legal en este contexto, y si los migrantes afectados recibieron el trato debido según la Constitución.
Mientras tanto, la administración actual no ha manifestado intención de continuar con este tipo de acciones bajo esa ley. Sin embargo, el fallo deja la puerta abierta a futuros intentos de invocar leyes históricas en momentos de tensión migratoria o de seguridad.