Una jueza federal rechazó este viernes 16 de mayo los argumentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos en el caso de Kilmar Abrego García, calificándolos de inadecuados y señalando una supuesta falta de buena fe en el manejo del asunto. La jueza Paula Xinis, quien supervisa el caso desde Maryland, tomó esta decisión durante una audiencia en Greenbelt, donde evaluó la invocación del privilegio de secreto de Estado por parte del Departamento de Justicia (DOJ) para evitar revelar información clave sobre las acciones tomadas para facilitar el regreso de Abrego García desde El Salvador. El fallo se produce tras semanas de tensiones legales por la deportación errónea del inmigrante salvadoreño en marzo pasado.
Abrego García, de 29 años y residente de Maryland, fue deportado a una prisión en El Salvador el 15 de marzo, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión debido al riesgo que enfrentaba en su país natal. El Gobierno reconoció el error administrativo, pero ha enfrentado críticas por su reluctance a corregirlo. La audiencia de hoy se centró en la solicitud de los abogados de Abrego García para que el DOJ proporcione detalles sobre las gestiones realizadas, un pedido que el Gobierno intentó bloquear con el argumento de secreto de Estado, lo que la jueza desestimó como insuficiente.
Críticas al manejo del Gobierno
La jueza Xinis expresó su frustración con la postura del Gobierno, afirmando que las respuestas del DOJ carecen de sustancia y reflejan un intento de evadir responsabilidades. Durante la audiencia, que comenzó a la 1:00 p.m. hora de Miami, la magistrada señaló que el privilegio de secreto de Estado no puede usarse como escudo para ocultar información relevante en un caso que involucra derechos fundamentales. Los abogados de Abrego García argumentaron que el Gobierno ha retrasado deliberadamente el proceso de descubrimiento, limitando el acceso a documentos que podrían aclarar los pasos tomados tras la orden de facilitar su regreso.
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El caso se ha complicado por la detención de Abrego García en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde permanece desde su deportación. El Departamento de Justicia insistió en que las limitaciones legales y diplomáticas impiden actuar directamente, pero Xinis cuestionó esta narrativa, exigiendo pruebas concretas de los esfuerzos realizados. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos semanas para presentar evidencia adicional, bajo la amenaza de posibles sanciones por desacato si no cumple.
Caso Abrego García: Contexto de la disputa legal
La controversia comenzó cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Abrego García el 12 de marzo en Maryland, deportándolo tres días después a pesar de su estatus protegido. El inmigrante huyó a Estados Unidos en 2011 para escapar de las pandillas salvadoreñas que amenazaban a su familia, y un juez de inmigración le otorgó un permiso de trabajo tras evaluar su caso en 2019. Sin embargo, su detención y expulsión se basaron en una supuesta vinculación con la MS-13, una acusación que sus abogados han desmentido por falta de pruebas.
El caso escaló cuando la Corte Suprema respaldó parcialmente la orden de Xinis en abril, exigiendo que el Gobierno facilite el retorno de Abrego García, aunque dejó pendiente la definición del término «efectuar». Desde entonces, el Departamento de Justicia ha enfrentado múltiples reveses, incluyendo un fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito que rechazó intentos de detener el proceso. La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, ha liderado protestas para exigir su regreso, mientras el Gobierno salvadoreño, bajo Nayib Bukele, se ha negado a liberarlo, complicando aún más las negociaciones.
Próximas cuestiones
La decisión de hoy marca un nuevo capítulo en la batalla legal, con la jueza Xinis imponiendo un plazo del 30 de mayo para que el Gobierno presente una respuesta detallada. La magistrada también ordenó una revisión privada de los documentos clasificados invocados bajo secreto de Estado, un proceso que podría determinar si el DOJ ha actuado de buena fe. El caso ha generado atención internacional, destacando las tensiones entre la administración de Trump y el poder judicial en temas migratorios.
El Departamento de Estado ha indicado que está monitoreando la situación, pero no ha detallado acciones específicas para presionar a El Salvador. Mientras tanto, los abogados de Abrego García planean intensificar sus esfuerzos para asegurar su liberación, apoyados por activistas que ven el caso como un ejemplo de las fallas en las políticas de deportación masiva. La resolución de este conflicto podría tener implicaciones significativas para otros inmigrantes en situaciones similares, subrayando la justicia como un tema central en el debate migratorio actual.