La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Esta medida pone en riesgo la protección de cientos de miles de migrantes venezolanos que residen en el país, lo que ha generado una ola de protestas entre las comunidades afectadas. La decisión afectará a más de 300.000 venezolanos, lo que ha sido interpretado por muchos como una respuesta a la creciente hostilidad política y racial hacia los inmigrantes provenientes de Venezuela.
El TPS es un programa que otorga protección temporal a los migrantes de países que atraviesan crisis humanitarias, conflictos armados o desastres naturales. En el caso de Venezuela, el programa fue implementado en 2021 por la administración de Joe Biden debido a la inestabilidad política y económica del país. Sin embargo, con el cambio de administración, la administración Trump ha decidido terminar con este beneficio para los venezolanos.
Vista de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
La decisión de Kristi Noem y su impacto en los migrantes venezolanos
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de tomar la decisión de poner fin al TPS para los venezolanos, lo que afectará a más de 300.000 personas que viven bajo esta protección. A partir de la próxima semana, estos migrantes perderán la protección contra la deportación, y otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en septiembre.
Esta medida ha provocado un gran revuelo, ya que muchos argumentan que se trata de un acto de hostilidad política y racial. Los demandantes, que incluyen a varios venezolanos beneficiarios del TPS, alegaron que la revocación de la protección violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta ley exige que las agencias federales sigan ciertos procedimientos antes de cambiar políticas tan significativas como la eliminación de un programa que afecta a tantas personas.
La jueza Ketanji Brown Jackson expresa su desacuerdo
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única de los jueces de la Corte Suprema en expresar su desacuerdo con la decisión. En su opinión, el fin del TPS para los venezolanos podría tener consecuencias devastadoras para miles de personas que ya han hecho de Estados Unidos su hogar y que dependen de este estatus para vivir sin el temor constante a ser deportados a un país que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes.
El TPS fue otorgado inicialmente a los venezolanos por la administración de Biden en 2021, en respuesta a la creciente crisis política, económica y social que vive Venezuela. Sin embargo, la administración de Trump, en sus últimos meses de gobierno, decidió no renovar el programa, lo que llevó a un conflicto legal que terminó en la decisión de la Corte Suprema de permitir el fin de esta protección.
Fotografía de archivo del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Allison Dinner
La larga batalla legal por el Estatus de Protección Temporal
La disputa legal sobre el TPS comenzó cuando los migrantes venezolanos y un grupo de defensores de los derechos humanos presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, argumentando que la eliminación del TPS violaba los derechos de los inmigrantes y las normas internacionales de protección a los refugiados. La cuestión central en este proceso legal era si la secretaria de Seguridad Nacional tenía la autoridad para eliminar el TPS antes de su fecha de vencimiento.
El fallo del lunes se refiere a la designación del TPS de 2023 y permite que el gobierno de Trump comience a retirar las protecciones a los migrantes venezolanos en dos etapas. Primero, los más de 300.000 venezolanos que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en la próxima semana. Luego, otros 250.000 migrantes que llegaron entre 2023 y 2025 perderán su estatus en septiembre.