Corte Suprema pone fin al Estatus de Protección Temporal. ¿Pueden los estados frenar una crisis humanitaria? ¿Qué pasará con los venezolanos sin protección migratoria?
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos, una decisión que marca un punto de inflexión en la política migratoria del país y desata temores de una crisis humanitaria. La orden, emitida sin explicación detallada y con el único voto en contra de la jueza Ketanji Brown Jackson, levanta un bloqueo previo del juez federal Edward Chen en San Francisco, que había mantenido las protecciones hasta octubre de 2026. Ahora, con las deportaciones programadas para comenzar en abril y septiembre de 2026, las comunidades venezolanas en EE.UU. enfrentan un futuro incierto, mientras estados, organizaciones y defensores buscan frenar el impacto de esta medida.
El fin del TPS: Un golpe a la comunidad venezolana
El TPS, creado en 1990, permite a migrantes de países en crisis —como guerras, desastres naturales o inestabilidad extrema— residir y trabajar legalmente en EE.UU. sin temor a la deportación. Para los venezolanos, el programa fue otorgado en 2021 y ampliado en 2023 por la administración Biden, citando la “crisis humanitaria compleja” en Venezuela, marcada por inseguridad alimentaria (80% de la población, según la ONU), hiperinflación proyectada en 500% para 2025 y represión política que ha generado 7.7 millones de desplazados. En su momento, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, justificó la medida por la “inestabilidad y falta de seguridad” en el país sudamericano.
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La decisión de la Corte Suprema responde a una solicitud del Departamento de Justicia para anular la orden del juez Chen, quien argumentó que la revocación del TPS por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y estaba basada en “estereotipos negativos” que asociaban a los venezolanos con criminalidad. Chen destacó que los beneficiarios del TPS tienen un 74% de empleo, muchos en sectores esenciales como salud y construcción, y un 57% poseen títulos universitarios, siendo menos propensos a delinquir que los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, Noem afirmó que la permanencia de los venezolanos era “contraria al interés nacional” y que las condiciones en Venezuela habían “mejorado”, una postura que organizaciones como la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) han calificado de “desconectada de la realidad”.
Fotografía de archivo del edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos. EFE/Jim Lo Scalzo
Impacto inmediato: Deportaciones y desarraigo
La revocación del TPS afectará a unos 350,000 venezolanos, muchos de los cuales han establecido raíces en estados como Florida, Texas y Nueva York. La medida, que comenzará a aplicarse pronto para algunos beneficiarios y en septiembre para otros, amenaza con interrumpir vidas, separar familias y costar miles de millones en actividad económica, según Chen. Cecilia González Herrera, una de las siete demandantes individuales, expresó en una videoconferencia: “Esta decisión es devastadora. Conozco a muchos venezolanos en riesgo de deportación, pero seguiremos luchando”. La pérdida de permisos de trabajo también pone en jaque la estabilidad económica de comunidades que dependen de estos migrantes, quienes contribuyen significativamente al PIB local.
Organizaciones como el Venezuelan-American Caucus y la ACLU han advertido que deportar a estos beneficiarios violaría el principio de no devolución (non-refoulement), exponiéndolos a persecución política, violencia y condiciones inhumanas en Venezuela. La ONU reporta que el 80% de los venezolanos enfrentan inseguridad alimentaria, y el régimen de Nicolás Maduro mantiene miles de presos políticos. “Deportarlos es enviarlos a peligros mortales”, afirmó VEPPEX en un comunicado, instando a la Corte Suprema a reconsiderar.
Venezolanos en Estados Unidos muestran mensajes a favor del Estatus de Protección Temporal (TPS), en una fotografía de archivo. EFE/Cristóbal Herrera
¿Pueden los estados frenar la crisis?
Con la vía federal cerrada, la atención se centra en los estados y organizaciones locales. Florida, hogar de una gran diáspora venezolana, podría enfrentar una presión significativa. En Miami, donde el 24% de los residentes son venezolanos, líderes comunitarios ya organizan campañas de apoyo legal y financiero. Adelys Ferro, del Venezuelan-American Caucus, destacó la necesidad de “acciones locales sólidas” para proteger a los afectados, como programas de asistencia legal para solicitar asilo u otras formas de alivio migratorio. Sin embargo, el proceso de asilo es lento y solo el 30% de las solicitudes venezolanas son aprobadas, según datos de USCIS.
Estados como California y Nueva York, con políticas más progresistas, podrían implementar medidas de “santuario” para limitar la cooperación con ICE. Sin embargo, la administración Trump ha amenazado con sanciones económicas a estados que resistan sus políticas migratorias, como ocurrió cuando 20 estados demandaron a Trump por el uso indebido de fondos federales. En Texas, donde se han reportado detenciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la situación es más tensa, con comunidades temiendo redadas masivas.
¿Qué pasará con los venezolanos?
Sin el TPS, los venezolanos enfrentan tres opciones: solicitar asilo (un proceso largo y con bajas tasas de aprobación), buscar otras formas de regularización (como visas de trabajo, poco accesibles) o vivir en la clandestinidad, enfrentando el riesgo de deportación. La administración Trump ha prometido deportar a un “número récord” de migrantes, y la eliminación del TPS amplía el grupo objetivo. En abril, la Corte Suprema permitió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos pandilleros venezolanos, una medida que generó críticas por su falta de debido proceso. Abogados han denunciado que muchos fueron señalados injustamente por tatuajes o estereotipos.
Organizaciones como VEPPEX y la Alianza Nacional del TPS planean unificar esfuerzos con otras diásporas afectadas, como haitianos y salvadoreños, para presentar demandas conjuntas. Sin embargo, con una Corte Suprema de mayoría conservadora y un gobierno enfocado en deportaciones, las opciones legales son limitadas.