El programa estatal que ofrece cobertura médica sin importar el estatus migratorio podría verse reducido por falta de fondos.
SPRINGFIELD, Illinois — El compromiso de Illinois como estado santuario, donde los inmigrantes son bienvenidos sin importar su estatus legal, está en tensión. El gobernador demócrata JB Pritzker, una de las voces más críticas de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, enfrenta ahora una dura decisión: reducir el presupuesto para el programa de salud para inmigrantes.
El plan estatal de 55.200 millones de dólares presentado para el próximo año fiscal contempla recortes a una política que ha sido símbolo de inclusión en Illinois. Se trata de un programa de salud pública para adultos inmigrantes de bajos ingresos, incluso aquellos sin residencia legal, que ha funcionado desde 2020. Sin embargo, el déficit presupuestario obliga a replantear su viabilidad.
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Salud para inmigrantes: un programa pionero en Illinois
Illinois fue el primer estado del país en ofrecer atención médica basada en la necesidad, sin tomar en cuenta el estatus migratorio. En 2020 se creó el programa Beneficios de Salud para Personas Mayores Inmigrantes, dirigido a mayores de 65 años. Un año después, se amplió con los Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes, cubriendo a personas de 42 a 64 años.
Actualmente, más de 43.300 inmigrantes están inscritos entre ambos programas, pero los recortes previstos amenazan con dejar a decenas de miles sin acceso a salud para inmigrantes, especialmente aquellos menores de 65 años. De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois, el costo estimado para este grupo es de 404 millones de dólares anuales.
La inscripción para nuevos beneficiarios ya ha sido detenida. Quienes ya están inscritos en el programa para personas mayores seguirán recibiendo atención después del 30 de junio, pero el resto perdería la cobertura si no se asignan nuevos fondos.
Salud para inmigrantes en otros estados: situación similar
Illinois no está solo. Estados como California, Minnesota, Oregón y Washington, D.C., también ofrecen seguros de salud públicos a inmigrantes sin estatus legal. Colorado y Washington los cubren a través de planes del mercado privado con apoyo estatal. Nueva York tiene una política similar para adultos mayores.
En California, el gobernador Gavin Newsom —quien, al igual que Pritzker, tiene aspiraciones presidenciales— anunció recientemente una congelación de inscripciones en su programa de salud para inmigrantes. El estado enfrenta un sobrecosto de 2.700 millones de dólares para cubrir a 1,6 millones de personas.
La situación ilustra un dilema nacional: mientras algunos estados intentan ampliar el acceso a la salud, otros recortan ante la presión fiscal y política. La falta de una política federal clara deja la responsabilidad en manos de los gobiernos estatales, que ahora enfrentan límites presupuestarios crecientes.
¿Por qué brindar salud para inmigrantes?
Los defensores del programa argumentan que es una inversión en salud pública. Proporcionar salud para inmigrantes reduce el uso de emergencias como centros de atención primaria, ayuda a detectar enfermedades antes de que se agraven y permite controlar afecciones crónicas como la diabetes o la hipertensión.
Además, desde una perspectiva económica, estos programas alivian la carga financiera de los hospitales. Un estudio reciente del Laboratorio de Encarnación del Racismo de la Universidad de Chicago halló que la deuda incobrable de los hospitales de Illinois disminuyó un 15% desde la implementación del programa, el equivalente a 1,5 millones de dólares anuales por hospital.
“No es que sea atención médica gratuita”, sostuvo Tovia Siegel, directora del Proyecto Resurrección en Chicago. “Los hogares liderados por inmigrantes en Illinois pagan alrededor de 8.600 millones de dólares en impuestos estatales y locales al año, según un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago. Pagan impuestos, pero no reciben todos los beneficios”.
Los retos políticos de mantener la salud para inmigrantes
La representante estatal demócrata Barbara Hernández, del área de Chicago, defendió el programa en la Legislatura. “Hay una gran necesidad en la comunidad indocumentada que no puede obtener atención médica de otra manera”, expresó.
Sin embargo, los republicanos lo ven como un gasto excesivo. El representante Ryan Spain, líder republicano en la Cámara estatal, declaró que el costo del programa incentiva la migración ilegal. “Los recursos limitados del estado no deben destinarse a personas que no están aquí legalmente”, señaló.
A nivel federal, la presión también aumenta. El Congreso, con mayoría republicana, ha advertido que recortará fondos para Medicaid, lo cual afectaría aún más la capacidad de los estados para mantener programas como el de salud para inmigrantes.
¿Qué sigue para Illinois?
Las discusiones presupuestarias apenas comienzan en la Legislatura estatal, pero deben concluir antes del 31 de mayo. El senador Elgie Sims, encargado del comité de asignaciones del Senado, reconoció que el programa es valioso, pero enfrenta competencia con otros rubros esenciales.
Matthew Lopas, director del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, lanzó un llamado a Pritzker y al Congreso estatal: “Necesitamos líderes que mantengan el compromiso con los inmigrantes incluso cuando sea políticamente difícil. No podemos retroceder en momentos de crisis”.
Aun así, si no se encuentra una solución en las próximas semanas, más de 30.000 personas podrían quedar sin acceso a atención médica. Para miles de familias inmigrantes, el debate presupuestario en Springfield no es una cuestión técnica, sino de salud y dignidad.