El Salvador aprueba Ley de Agentes Extranjeros: ¿Un castigo a las ONG?
La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, aprobó el 20 de mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros. Esta normativa establece un impuesto del 30 % a las donaciones provenientes del extranjero que reciban las organizaciones no gubernamentales (ONG), una medida que ha generado preocupación nacional e internacional por sus posibles efectos en la sociedad civil y la democracia.
Con 57 votos a favor y solo 3 en contra, la ley fue aprobada sin el respaldo de la oposición y en medio de fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales. Los detractores advierten que la norma es una herramienta para «estigmatizar, controlar y silenciar» a las ONG, restringiendo su capacidad para operar libremente.
Restricciones y sanciones para las ONG
La Ley de Agentes Extranjeros consta de 25 artículos que limitan severamente las operaciones de las organizaciones civiles. Entre las principales prohibiciones destacan la imposibilidad de recibir o utilizar donaciones sin declararlas previamente, cambiar el destino de los fondos sin aviso y aceptar donaciones o bienes de fuentes anónimas. Estas restricciones apuntan a un control exhaustivo sobre el financiamiento externo.
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Además, la normativa establece multas que van desde los 10,000 hasta los 200,000 dólares para quienes incumplan sus disposiciones. Junto a esto, impone un gravamen del 30 % sobre las transacciones financieras, desembolsos, transferencias e importación de bienes provenientes del extranjero.
Un punto polémico es el artículo 20, que faculta al presidente Bukele a aprobar reglamentos para la aplicación y desarrollo de la ley, lo que otorga amplias atribuciones al Ejecutivo para interpretar y ajustar la norma, aumentando la percepción de discrecionalidad y control estatal.
Críticas de la oposición y organismos internacionales
La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, calificó la ley como «una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico». Ortiz señaló que la legislación deja en manos del Gobierno la decisión de quiénes deben pagar el impuesto, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que pueden afectar a organizaciones que no coincidan con la línea oficial.
«Esta ley atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra la libertad de asociación y expresión», afirmó la parlamentaria, alertando sobre un retroceso en los derechos civiles.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció que leyes similares en países como Rusia y Nicaragua han servido para etiquetar a las ONG como “agentes extranjeros” y justificar la censura, la interferencia estatal y hasta el cierre de organizaciones que reciben fondos del exterior. HRW advirtió que estas normas dificultan la labor de la sociedad civil al imponer requisitos burocráticos excesivos y promover un clima de intimidación.
Contexto y antecedentes de la ley
El Salvador ya había intentado aprobar una legislación similar en 2021, cuando el Gobierno propuso un impuesto del 40 % a las donaciones extranjeras para ONG. Esa iniciativa generó una fuerte oposición y fue retirada. La actual ley, con un gravamen del 30 %, mantiene un enfoque restrictivo y ha sido promovida directamente por el presidente Bukele, quien ha manifestado su intención de controlar el financiamiento externo en el país.
Este tipo de leyes se enmarca en una tendencia regional donde varios gobiernos han adoptado regulaciones que buscan limitar la influencia de organizaciones financiadas desde el extranjero, argumentando temas de soberanía y seguridad nacional. Sin embargo, críticos consideran que estas medidas afectan negativamente la transparencia, la democracia y los derechos humanos.
Reacciones en El Salvador y el exterior
Las organizaciones civiles salvadoreñas han expresado preocupación por el impacto que esta ley tendrá en su trabajo social y de fiscalización. Denuncian que el impuesto y las restricciones administrativas dificultarán la operatividad de las ONG, muchas de las cuales dependen de fondos internacionales para proyectos en áreas como derechos humanos, salud y desarrollo comunitario.
En el ámbito internacional, la aprobación de esta ley ha generado advertencias de organismos de derechos humanos y diplomáticos que monitorean la situación democrática en Centroamérica. La medida podría complicar la cooperación internacional y la recepción de ayuda humanitaria en un país que enfrenta retos económicos y sociales importantes.
El Salvador en el panorama regional
La ley de agentes extranjeros en El Salvador no es un caso aislado. En países como Nicaragua y Rusia, regulaciones similares han sido utilizadas para restringir la labor de la sociedad civil y controlar el financiamiento externo. En Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, aunque con un enfoque diferente, se han adoptado políticas migratorias y de seguridad que también impactan las relaciones internacionales y la cooperación transnacional.
El contexto político actual de El Salvador, con un Gobierno que concentra poder y controla la Asamblea Legislativa, facilita la aprobación de leyes que limitan la participación y vigilancia ciudadana, poniendo en riesgo los balances democráticos tradicionales.