El gobierno de Javier Milei anunció un recorte significativo en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, degradándola de su estatus actual a subsecretaría. La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada a las 9:00 a.m., implica una reducción del 40% de su estructura administrativa y el despido del 30% del personal, lo que equivale a un ahorro anual de 9,000 millones de pesos. Este ajuste se enmarca en una política de austeridad que busca optimizar recursos y eliminar lo que el Ejecutivo considera gastos innecesarios, aunque ha generado críticas entre sectores que ven un retroceso en las políticas de memoria y justicia.
Adorni, quien también confirmó que dejará su cargo como vocero el 9 de diciembre para asumir como legislador porteño tras su victoria electoral en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la Secretaría de Derechos Humanos pasará a depender directamente del Ministerio de Justicia.
Según el portavoz, esta transformación busca garantizar que el área se enfoque en defender todos los derechos humanos sin sesgos ideológicos, una postura que el gobierno de Milei ha mantenido desde su llegada al poder en diciembre de 2023. El anuncio se produce en medio de otras medidas de ajuste, como la eliminación de subsidios energéticos a 15,500 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados del Conurbano, que generaban un consumo equivalente al de una pyme promedio.
Te Recomendamos
Impacto del recorte
La degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría no es un hecho aislado en la gestión de Milei. Desde que asumió el poder, el gobierno ha eliminado 200 áreas estatales, 10 ministerios y ha dado de baja 45,000 contratos, según datos oficiales. El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, detalló que esta reestructuración incluye una reducción del 50% en los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, aunque aseguró que las funciones esenciales del área no se verán afectadas. Además, desde el inicio de la gestión, 405 empleados considerados «militantes» han sido despedidos, lo que representa el 44% del personal original de la Secretaría.
Este recorte se suma a una serie de medidas que han impactado las políticas de derechos humanos en el país. En abril de 2025, el Ministerio de Justicia suspendió los pagos para el funcionamiento del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos en la ex ESMA, lo que dejó a los trabajadores sin salarios y generó protestas. Asimismo, el gobierno ha cuestionado sistemáticamente las políticas de memoria implementadas desde el retorno de la democracia en 1983, incluyendo la cifra de 30,000 desaparecidos durante la última dictadura militar, mientras ha resaltado los reclamos de las víctimas de grupos guerrilleros de los años 70.
Reacciones y contexto
La decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen que esta reducción afecte programas clave como la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura y el mantenimiento de sitios de memoria. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional publicó un informe señalando un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en Argentina tras el primer año de gestión de Milei, destacando el aumento de la pobreza al 52.9% y la falta de políticas efectivas para sectores vulnerables. La eliminación de oficinas de derechos humanos en los ministerios de Defensa y Seguridad, que apoyaban causas judiciales, también ha sido un punto de crítica.
En paralelo, el gobierno ha avanzado con otros ajustes estructurales, como la centralización de organismos culturales y el cierre de institutos históricos. El Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio Libertad serán unificados, mientras que el Instituto Nacional de Teatro perderá su autonomía.
Estas medidas, según el Ejecutivo, buscan ahorrar recursos y priorizar la eficiencia, pero han sido interpretadas como un ataque a las políticas culturales y de memoria. La polémica entorno a estas decisiones sigue creciendo, mientras el gobierno de Milei continúa su plan de ajuste fiscal en un contexto económico que cerró 2024 con una caída del 1.7% y un desempleo del 6.4%.