La administración Trump puso fin a la supervisión federal de varias policías locales acusadas de uso excesivo de fuerza, una decisión que marca un giro significativo en las políticas de justicia en Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció que abandonará acuerdos de supervisión en ciudades como Minneapolis, Louisville, Phoenix, Oklahoma City, Trenton, Mount Vernon y contra la Policía Estatal de Luisiana, dejando a estas agencias sin el control federal que buscaba abordar violaciones de derechos civiles. La medida, tomada a solo días del quinto aniversario de la muerte de George Floyd, refleja un cambio en la prioridad del gobierno hacia la autonomía de las fuerzas locales, aunque ha generado debate sobre las implicaciones para la seguridad pública.
El Departamento de Justicia detalló que los casos, muchos iniciados tras incidentes de alto perfil como los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Tyre Nichols, serán cerrados sin completar las reformas propuestas. En Minneapolis, donde se negociaba un acuerdo para supervisar las prácticas policiales tras el informe de 2023 que documentó discriminación y uso indebido de fuerza, las autoridades locales indicaron que seguirán adelante con cambios internos.
Sin embargo, en otras ciudades como Phoenix, donde se reportaron arrestos injustificados y fuerza excesiva contra minorías, la falta de supervisión federal ha dejado a las comunidades sin un mecanismo claro de rendición de cuentas. La decisión se alinea con una orden ejecutiva firmada el 28 de abril de 2025, que busca «fortalecer» a las fuerzas del orden eliminando restricciones percibidas.
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Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Impacto en las comunidades
La eliminación de este procedimiento ha generado preocupaciones entre las comunidades afectadas, especialmente en áreas donde los informes federales identificaron patrones de conducta problemática. En Luisiana, un caso de 2019 involucró la muerte de Ronald Greene a manos de la Policía Estatal, donde oficiales usaron tasers y lo dejaron inmovilizado hasta su fallecimiento, un incidente que llevó a una investigación federal ahora suspendida. Aunque algunos alcaldes, como Kate Gallego en Phoenix, han prometido continuar con reformas locales, la ausencia de un marco federal podría dificultar la implementación efectiva, dejando a las ciudades depender de sus propios recursos y voluntad política.
El Departamento de Justicia justificó la medida afirmando que las reformas deben ser lideradas por las jurisdicciones locales, argumentando que la supervisión federal ha sido costosa y burocrática. Sin embargo, esta postura contrasta con los avances reportados en ciudades bajo acuerdos previos, como Baltimore, donde las tasas de uso de fuerza disminuyeron tras años de monitoreo. La decisión también coincide con un aumento del 12% en denuncias de uso excesivo de fuerza en 2024, según datos preliminares del FBI, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de los departamentos locales para autorregularse sin intervención externa.
El comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles Cory Palka (c) se arrodilla con manifestantes que protestan contra la violencia racial, el martes 2 de junio de 2020, en Los Ángeles (EE.UU). EFE/ Etienne Laurent
Políticas de Trump: Contexto y reacciones
Esta política se enmarca en una serie de acciones de la segunda administración Trump para reducir la intervención federal en asuntos policiales, siguiendo el ejemplo de su primer mandato, cuando se limitó el uso de decretos de consentimiento. La orden ejecutiva del 28 de abril también promete asistencia legal gratuita para oficiales acusados de mala conducta y un mayor acceso a equipos militares, lo que algunos interpretan como un respaldo a tácticas más agresivas. El Departamento de Defensa está evaluando cómo transferir activos militares a las fuerzas locales, una iniciativa que ha sido criticada por grupos comunitarios por su potencial para escalar conflictos.
La decisión ha coincidido con un clima de incertidumbre, alimentado por posts en redes sociales que reflejan preocupación ciudadana sobre un posible retorno a la impunidad policial. Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha indicado que trabajará en programas de salud mental para apoyar a las fuerzas del orden, pero no abordará directamente las acusaciones de abuso. En un contexto donde el crimen reportado aumentó un 5% en los primeros cuatro meses de 2025 según el FBI, la seguridad de las comunidades y la rendición de cuentas de la policía quedan en el centro del debate nacional.