El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una nueva moción judicial para acabar con el estatus legal de niños migrantes bajo custodia federal, específicamente con las protecciones que les otorga el Acuerdo Flores, vigente desde la década de 1990. Este acuerdo ha sido durante más de tres décadas una garantía de condiciones mínimas de salud, seguridad y tiempo de detención para menores que ingresan a Estados Unidos sin documentos o acompañados por sus familias.
La moción fue registrada este jueves 22 de mayo por el equipo legal del Departamento de Justicia, bajo la administración republicana, con la intención de derogar las limitaciones que impone Flores a la duración de la detención de menores y al trato que deben recibir mientras están bajo la custodia del Gobierno federal.
El Acuerdo Flores obliga a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a liberar a los niños en un plazo máximo de 72 horas, salvo excepciones justificadas. Durante ese periodo, se espera que los menores sean tratados de acuerdo con estándares humanitarios básicos: acceso a alimentación adecuada, agua potable, higiene, atención médica y un entorno seguro. Sin embargo, los reportes de los últimos años evidencian que, incluso con este acuerdo en vigor, las condiciones no siempre han sido las adecuadas.
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IMPLICANCIAS DEL FIN DEL ACUERDO FLORES SOBRE EL ESTATUS LEGAL DE NIÑOS MIGRANTES
El intento de terminar con el Acuerdo Flores no es nuevo. En 2019, durante su primer mandato, Trump ya había solicitado su disolución. Sin embargo, esa moción fue rechazada en 2020 por una Corte de Apelaciones, que impidió que el caso llegara a la Corte Suprema.
El Acuerdo Flores surgió a partir de una demanda interpuesta en los años 80 por Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña que sufrió condiciones inhumanas mientras estaba detenida por autoridades migratorias. El caso marcó un antes y un después en las políticas migratorias enfocadas en menores. A lo largo del tiempo, el acuerdo se ha convertido en una herramienta legal fundamental para preservar el estatus legal de niños migrantes durante su paso por centros de detención, especialmente cuando son separados de sus familias o llegan sin compañía adulta.
Si la moción actual es aceptada, la CBP y otras agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían extender indefinidamente la detención de menores, lo que podría derivar en condiciones similares a las reportadas antes de la implementación de Flores: celdas frías, hacinamiento, escasez de alimentos y agua, y ausencia de supervisión médica.
MONITORES FEDERALES ALERTAN SOBRE VIOLACIONES AL ESTATUS LEGAL DE NIÑOS MIGRANTES
La jueza Dolly M. Gee, del Distrito Central de California, es quien actualmente supervisa el cumplimiento del Acuerdo Flores. A raíz de múltiples denuncias por condiciones deplorables en centros de detención —como las presentadas en McAllen, Texas, donde casi 300 niños fueron trasladados por falta de condiciones mínimas—, ha mantenido a monitores designados por la corte verificando periódicamente el estado de las instalaciones.
Uno de los últimos informes detalló que muchos menores no contaban con acceso a baños limpios, alimentos apropiados para su edad o atención médica inmediata. La jueza Gee extendió por 18 meses adicionales el uso de estos monitores, desestimando el pedido del Departamento de Seguridad Nacional para asumir el control exclusivo de la supervisión.
Además, organizaciones como Human Rights Watch, la ACLU y Save the Children han advertido que acabar con el Acuerdo Flores vulneraría directamente los derechos humanos y el estatus legal de niños migrantes que se encuentran en situaciones extremas, muchas veces huyendo de violencia, abusos o pobreza en sus países de origen.
CAMBIOS RECIENTES Y LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN BIDEN
Durante el mandato de Joe Biden, se modificaron algunos protocolos relacionados con la custodia de menores migrantes, particularmente en lo que respecta a los albergues operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Sin embargo, la CBP y el ICE continúan sujetos al Acuerdo Flores, por lo que estas agencias federales deben cumplir con sus estipulaciones.
Pese a ello, informes recientes han documentado que el aumento de llegadas de migrantes ha puesto una presión sin precedentes sobre la capacidad del sistema de albergues y detenciones. En abril de 2025, se reportaron más de 9,000 menores no acompañados en custodia, una cifra que ha generado preocupación entre activistas y legisladores por la posibilidad de que se repitan las fallas estructurales del pasado.
Varios miembros del Congreso, principalmente del Partido Demócrata, han rechazado públicamente la nueva moción de Trump. La senadora por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, calificó la iniciativa como “un retroceso en los derechos de la infancia migrante y una amenaza directa al estatus legal de niños migrantes en Estados Unidos”. Por su parte, el congresista Joaquín Castro instó al Congreso a aprobar una legislación que codifique las protecciones del Acuerdo Flores y evite que futuras administraciones puedan derogarlas arbitrariamente.
TRUMP RELACIONA MIGRACIÓN INFANTIL CON RIESGOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Una de las justificaciones que esgrime Trump en su intento por revocar Flores es el supuesto vínculo entre migración y amenazas a la seguridad nacional. Ha declarado en entrevistas que el sistema migratorio es utilizado como “puerta de entrada” por criminales, pese a que no existen evidencias concluyentes que respalden esta afirmación respecto a menores de edad.
En años anteriores, el propio ICE admitió que muchos niños migrantes detenidos no tienen antecedentes penales ni representan riesgos, y que sus detenciones se deben, en su mayoría, a su ingreso irregular al país. La eliminación del Acuerdo Flores podría convertir el sistema de protección en un régimen punitivo incluso para los más vulnerables.
La comunidad internacional también ha observado de cerca este proceso. En 2019, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticaron los intentos de acabar con Flores, instando a Estados Unidos a mantener estándares mínimos de protección para los menores.
