El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar con mayor firmeza una serie de restricciones contra el llamado turismo de parto, práctica mediante la cual mujeres extranjeras, mayormente mexicanas, cruzan la frontera con el objetivo de dar a luz en territorio estadounidense y así obtener la ciudadanía por nacimiento para sus hijos. Las autoridades han advertido que quienes intenten ingresar con ese propósito serán sancionadas, lo que ha generado un cambio en los planes de muchas mujeres migrantes embarazadas.
Desde principios de mayo, el Consulado General de EE.UU. en Ciudad Juárez ha intensificado su mensaje en redes sociales, dejando claro que la visa de turista será negada a solicitantes cuyo objetivo principal sea el nacimiento de su hijo en Estados Unidos. Según expertos en temas migratorios y salud consultados por EFE, esta política ha empezado a modificar el comportamiento de las embarazadas en la frontera norte de México.
“Las pacientes ya no quieren cruzar. Nos dicen que tenían todo listo, pero que han decidido cambiar de plan y tener a sus bebés aquí en Ciudad Juárez”, explicó la doctora Karen Garza, encargada del control prenatal en la clínica ‘Todos Somos Mexicanos’.
LA NUEVA POLÍTICA DE EE.UU. FRENA EL TURISMO DE PARTO EN LA FRONTERA
El endurecimiento de estas medidas se ha traducido en una disminución considerable del número de mujeres embarazadas que intentan cruzar hacia El Paso, Texas. De acuerdo con la doctora Garza, desde finales del año pasado se ha observado una caída de alrededor del 60 % en el flujo de mujeres migrantes embarazadas que buscan atención médica con la intención de parir en Estados Unidos.
Este cambio coincide con la llegada al poder de Donald Trump, quien ha retomado una retórica migratoria más restrictiva y ha impulsado reformas para evitar lo que denomina «abuso del sistema migratorio» a través del turismo de parto. Ya en su primer mandato, el exmandatario había impulsado una normativa para negar visas a mujeres que pudieran estar embarazadas y no justificaran otro motivo de viaje.
El Consulado estadounidense en Ciudad Juárez fue enfático al señalar en redes sociales que sus oficiales están entrenados para detectar casos en los que el propósito principal de la solicitud de visa sea dar a luz en suelo estadounidense.
“Si un aplicante de visa está intentando usar una visa de turismo para dar a luz en EE.UU. con el objetivo de otorgar la ciudadanía a su hijo, la visa será rechazada”, advirtieron las autoridades consulares.
Este mensaje ha tenido eco en los centros de salud de la ciudad fronteriza mexicana, donde se ha incrementado la demanda de servicios de maternidad.
“Sí, sí ha habido un cambio. Las mujeres mismas nos dicen que preferían aliviarse allá, pero ahora están tomando la decisión de hacerlo aquí en México”, agregó la doctora Garza.
IMPACTO SOCIAL Y HUMANITARIO DEL RECHAZO AL TURISMO DE PARTO
Diversos sectores han manifestado su preocupación por las implicancias éticas y humanitarias de estas medidas. Para algunos activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, se está vulnerando el derecho de las mujeres a decidir dónde recibir atención médica durante el parto, especialmente en casos en los que no existe una intención premeditada de abusar del sistema, sino una necesidad urgente de atención especializada.
“Esto afecta no solo a quienes planeaban hacerlo, sino también a mujeres embarazadas que llegan a la frontera por otras razones y necesitan atención urgente. Muchas terminan en centros de detención”, señaló el padre Javier Calvillo, exdirector de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.
Para Calvillo, estas medidas colocan a las embarazadas en una situación de vulnerabilidad extrema. A su juicio, el derecho a la vida y a la salud debería estar por encima de cualquier criterio migratorio o político.
En Estados Unidos, diversas organizaciones civiles también han criticado la política, señalando que podría generar un incremento en partos inseguros y sin supervisión médica. Asimismo, señalan que no todas las mujeres que cruzan la frontera con un embarazo lo hacen con la intención explícita de obtener la ciudadanía para sus hijos, sino porque confían más en la infraestructura médica del lado estadounidense.
CLÍNICAS EN CIUDAD JUÁREZ SE PREPARAN PARA ATENDER EL IMPACTO DEL FIN DEL TURISMO DE PARTO
El personal médico en hospitales y clínicas de Ciudad Juárez ha comenzado a reorganizar sus recursos para enfrentar el aumento de nacimientos en el lado mexicano. Con menos mujeres cruzando a El Paso, la demanda de camas, insumos y personal ha crecido.
“Estamos redireccionando recursos. Nos estamos preparando para atender más partos, incluso de mujeres que llegaban sin control prenatal, porque decidieron a último momento quedarse del lado mexicano”, comentó una enfermera del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez que pidió mantener el anonimato.
Este fenómeno ha reconfigurado la relación entre las ciudades hermanas de Ciudad Juárez y El Paso, que durante décadas compartieron flujos constantes no solo de comercio, sino también de servicios médicos. La práctica del turismo de parto había sido parte de esta dinámica, aceptada de manera tácita por ambas comunidades.
Ahora, con la aplicación más estricta de las políticas migratorias, esta costumbre está siendo desarticulada.
EFE
EL CONTEXTO POLÍTICO DETRÁS DE LAS MEDIDAS
La nueva política estadounidense se inscribe en un contexto más amplio de endurecimiento de las medidas fronterizas bajo la presidencia de Trump. Durante su segundo mandato, el mandatario ha insistido en frenar cualquier mecanismo que, a su juicio, incentive la migración irregular o el uso estratégico del sistema migratorio para obtener beneficios como la ciudadanía por nacimiento.
En enero de 2020, el gobierno de Trump había modificado las reglas para las visas B-1/B-2 (turismo y negocios), buscando restringir su uso para partos. En ese momento, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que aproximadamente 33,000 mujeres extranjeras viajaban cada año a EE.UU. para dar a luz.
Si bien no existe una cifra actualizada oficial, analistas migratorios estiman que los números podrían haber aumentado en los últimos años debido al deterioro de la seguridad y servicios de salud en diversos países de América Latina.
