La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se decidió no continuar con la investigación por presunto cohecho pasivo impropio relacionado con la recepción de relojes y joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
CONGRESO ARCHIVA DENUNCIA CONTRA DINA BOLUARTE POR CASO ROLEX
La decisión de archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolex ha generado diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. El informe final, elaborado por la congresista de Fuerza Popular Nilza Chacón, argumenta que, según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento. Por tanto, los hechos imputados no estarían contemplados en dicho artículo.
Sin embargo, críticos de la decisión señalan que el informe no evaluó el fondo de las acusaciones fiscales ni los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Entre estos elementos se encuentran testimonios y documentos que indicarían una posible relación entre la recepción de los relojes y joyas y la emisión de decretos supremos que beneficiaron al Gobierno Regional de Ayacucho.
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DETALLES DEL CASO ROLEX Y LA DECISIÓN DEL CONGRESO
El caso Rolex se originó a partir de una investigación periodística que reveló que la presidenta Dina Boluarte había lucido en eventos oficiales varios relojes de la marca Rolex, así como otras joyas de alto valor, que no habían sido declaradas en su hoja de vida ni en sus declaraciones juradas. La Fiscalía de la Nación inició una investigación por presunto cohecho pasivo impropio, al considerar que estos objetos habrían sido entregados por el gobernador Wilfredo Oscorima a cambio de favores políticos.
Durante la investigación, se presentaron testimonios y documentos que respaldarían la hipótesis fiscal. Entre ellos, destaca la declaración de una amiga de la presidenta, quien afirmó haber presenciado la entrega de uno de los relojes. Además, se encontraron boletas de compra a nombre de Oscorima y registros de visitas no oficiales del gobernador a la presidenta.
A pesar de estos indicios, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomendaba archivar la denuncia, argumentando que los hechos no estaban contemplados en el artículo 117 de la Constitución. Esta decisión fue ratificada por la Comisión Permanente, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un blindaje político a la mandataria.
REACCIONES ANTE EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA CONTRA DINA BOLUARTE POR CASO ROLEX
La decisión del Congreso de archivar la denuncia contra Dina Boluarte por el caso Rolex ha generado críticas de diversos sectores. Organizaciones de la sociedad civil, analistas políticos y ciudadanos han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de voluntad política para investigar posibles actos de corrupción en las más altas esferas del poder.
El periodista Ernesto Cabral, quien destapó el caso, señaló que la decisión del Congreso representa un blindaje político y una interpretación arbitraria de la Constitución. Asimismo, cuestionó que no se haya evaluado el fondo de las acusaciones ni los elementos presentados por la Fiscalía.
Por su parte, la presidenta Boluarte ha negado haber cometido algún delito y ha afirmado que los relojes y joyas fueron prestados por su amigo Wilfredo Oscorima. Sin embargo, sus declaraciones han sido contradictorias, y en algunos casos ha optado por no responder a las preguntas de la prensa.
La Fiscalía de la Nación continúa con las investigaciones preliminares, aunque el archivo de la denuncia constitucional limita las posibilidades de un proceso judicial mientras la presidenta se mantenga en funciones. Este caso ha puesto en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado y ha generado un debate sobre la necesidad de reformar el artículo 117 de la Constitución para permitir investigaciones a presidentes en funciones por delitos de corrupción.
La controversia en torno al caso Rolex y la decisión del Congreso de archivar la denuncia contra Dina Boluarte reflejan las complejidades del sistema político peruano y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en las más altas esferas del poder.
