Justicia para guatemalteco que fue deportado injustamente: ¿Qué dictaminó el juez?

Un guatemalteco identificado como O. C. G., deportado injustamente a México en febrero de 2025, recibió un fallo a su favor este viernes 23 de mayo, cuando el juez federal de distrito Brian Murphy ordenó a la administración Trump facilitar su retorno a Estados Unidos. El caso, que marca la tercera vez que se exige al gobierno repatriar a un migrante en circunstancias similares, expone fallas en los procesos migratorios.

O. C. G. había solicitado asilo en 2024 tras sufrir ataques violentos en Guatemala y, mientras intentaba llegar a Estados Unidos, fue víctima de violación y secuestro en México, según documentos judiciales. A pesar de haber obtenido un estatus migratorio que lo protegía, fue enviado de vuelta a México y luego a Guatemala, donde vive escondido, temiendo por su vida.

La deportación ocurrió apenas dos días después de que un juez de inmigración dictaminara que O. C. G. no debía ser enviado a México ni a Guatemala debido a los peligros que enfrentaba. Sin embargo, las autoridades migratorias lo subieron a un autobús con destino a México, ignorando sus súplicas y sin permitirle contactar a su abogado. El juez Murphy señaló en su fallo que este acto “probablemente faltó al debido proceso”, destacando que el guatemalteco fue entregado a un país donde había sido víctima de violencia extrema. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala ha expresado preocupación por el trato a sus ciudadanos en procesos migratorios, aunque no se refirió específicamente a este caso.

Detalles y antecedentes del caso 

Este caso es muy similar al de muchos otros migrantes que llegan a Estados Unidos. La administración Trump ha enfrentado críticas por deportaciones que violan órdenes judiciales. En su fallo, Murphy enfatizó que no había evidencia de que O. C. G. representara una amenaza para la seguridad, describiendo el incidente como un “horror banal” de un hombre injustamente expulsado.

Los documentos judiciales revelan que O. C. G. había informado a las autoridades su temor de ser enviado a México, pero sus declaraciones fueron ignoradas. Tras ser deportado a Guatemala por las autoridades mexicanas, el migrante permanece escondido, enfrentando el riesgo constante de ser encontrado por sus atacantes, quienes lo habían agredido previamente en su país natal.

El fallo de Murphy llega días después de que un tribunal de apelaciones denegara la solicitud de la administración Trump de suspender una orden similar para repatriar a un venezolano de 20 años, identificado como Cristian, deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Cristian fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), una megaprisión en El Salvador, a pesar de contar con protecciones legales. La jueza federal Stephanie Gallagher señaló que las autoridades no habían hecho lo suficiente para cumplir con la orden de facilitar su regreso, evidenciando un patrón de resistencia por parte del gobierno.

Otros casos similares

Paralelamente, la jueza federal Paula Xinis ha enfrentado obstáculos en el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado injustamente a la misma prisión CECOT en marzo de 2025, a pesar de una orden judicial de 2019 que lo protegía. Xinis ha acusado al Departamento de Justicia de obstruir los esfuerzos para esclarecer las medidas tomadas para su retorno, un problema que también afecta a O. C. G. y Cristian.

Ambos casos destacan las tensiones entre la administración Trump y el poder judicial en temas migratorios, especialmente tras el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones de presuntos miembros de pandillas como Tren de Aragua.

La situación de O. C. G. ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen mayor transparencia en los procesos migratorios. Organizaciones de derechos humanos han pedido a la administración cumplir con las órdenes judiciales sin demora, mientras que el gobierno insiste en que su prioridad es la seguridad nacional. Mientras tanto, O. C. G. y otros migrantes esperan que las decisiones judiciales se traduzcan en acciones concretas para garantizar su y retorno.

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