La administración del presidente Donald Trump prepara el despliegue de unos 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para apoyar los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el interior de Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales el 23 de mayo. Esta movilización, la más amplia desde el inicio de su segundo mandato en enero, busca incrementar los arrestos de personas en situación migratoria irregular sin depender de nuevos fondos del Congreso.
Los agentes, provenientes de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Operaciones de Campo y la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas, extenderán sus funciones más allá de las fronteras, apoyando a las 25 oficinas de campo de ICE distribuidas por el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido comentarios oficiales al respecto, pero el operativo podría iniciar antes de que termine mayo.
Esta estrategia forma parte de una política más amplia para intensificar el cumplimiento de las leyes migratorias federales. Los agentes de CBP, tradicionalmente enfocados en fronteras terrestres, puntos de entrada y vigilancia marítima, ahora asistirán en la localización, detención y procesamiento de inmigrantes sin autorización legal.
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La medida responde a la Orden Ejecutiva 14159, firmada el 29 de enero de 2025, que amplía el uso de la deportación acelerada y permite a funcionarios estatales y locales actuar como agentes migratorios. Desde el inicio del mandato, las detenciones fronterizas han caído a niveles no vistos desde los años 60, según datos del DHS, gracias a la suspensión casi total del sistema de asilo y un enfoque de seguridad nacional basado en el concepto de “invasión”.
Roles clave en los operativos de CBP
Los agentes de CBP desempeñarán funciones específicas en los operativos migratorios, alineadas con su autoridad como oficiales federales de inmigración. La Patrulla Fronteriza, con experiencia en vigilancia terrestre, apoyará las detenciones en comunidades del interior, mientras que la Oficina de Operaciones de Campo, acostumbrada a aeropuertos y puertos, supervisará procesos en puntos urbanos.
La Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas contribuirá con tecnología de vigilancia para rastrear movimientos, una capacidad que amplía el alcance de ICE. Esta colaboración interagencial, que también incluye a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), busca superar las limitaciones de personal y recursos actuales de ICE.
El plan se apoya en acuerdos 287(g), reactivados y ampliados, que permiten a policías locales identificar y detener a inmigrantes irregulares en coordinación con ICE. Las detenciones ya se han intensificado en ciudades como Phoenix, Nueva York y Los Ángeles, donde agentes han actuado tras audiencias de inmigración, incluso en casos desestimados.
Esta flexibilidad se debe a la eliminación de restricciones previas que protegían lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias, una medida implementada en enero de 2025 para maximizar el alcance de las operaciones. El DHS ha reportado un aumento en las cuotas diarias de arrestos, fijadas en al menos 75 por oficina de ICE, lo que presiona a los supervisores para cumplir los objetivos establecidos por la Casa Blanca.
Impacto social de los operativos migratorios
El despliegue de agentes en operativos migratorios ha generado reacciones mixtas. Comunidades en estados como Texas y California han reportado un incremento en la presencia de autoridades federales, con detenciones ocurridas incluso en cortes de inmigración tras audiencias.
El Departamento de Justicia ha intensificado su enfoque en crímenes relacionados con inmigración, redirigiendo recursos de otras investigaciones. Mientras tanto, el Departamento de Defensa evalúa una solicitud para desplegar hasta 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, aunque por ahora solo se han enviado fuerzas adicionales a la frontera sur para reducir cruces irregulares, según el Pentágono.
La estrategia de Trump ha coincidido con una disminución notable de cruces fronterizos, atribuida a políticas restrictivas como la suspensión del asilo. Sin embargo, la falta de fondos adicionales del Congreso ha llevado a la administración a redirigir recursos de agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) para apoyar a ICE.
Esta reasignación ha generado preocupaciones sobre el impacto en otras áreas de seguridad pública, mientras las comunidades inmigrantes enfrentan un clima de incertidumbre. Las operaciones continúan expandiéndose, con el objetivo de cumplir la promesa de una deportación masiva, aunque los recursos actuales podrían limitar su escala a largo plazo.